Señor director:
El Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Senadores, ha configurado ocho iniciativas que proponen modificar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Ley Orgánica del INAH y la Ley General de Bienes Nacionales, con aspectos que afectarían negativamente la conservación del patrimonio cultural.
Especialmente nos referimos a la iniciativa que, presentada por la senadora María Rojo, propone adicionar un artículo 5 bis a la Ley Federal y ampliar el derecho de audiencia de los particulares contra las declaraciones de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Uno de los grandes aciertos de dicha ley ha sido que en la etapa en que fue discutida y aprobada (1972) se logró poner el interés social y nacional, así como la utilidad pública de los inmuebles de valor histórico, por encima del interés privado, es decir, sin que los propietarios particulares dejen de serlo, el Estado regula la conservación de estos bienes a partir de que se les considera de interés y significación para el país, la historia y la sociedad nacional.
La iniciativa de la senadora María Rojo –ya es una minuta enviada a la Cámara de Diputados– privilegia el interés privado sobre el interés social y nacional, pues amplía los derechos de los particulares (derecho de audiencia) para impedir y/o revocar las declaratorias federales –derechos que ya están contenidos en la Ley Federal– y reduce la importancia de las declaratorias federales al proponer que sean firmadas por el secretario de Educación Pública y no por el titular del Ejecutivo federal.
La notificación e inconformidad de los particulares respecto a las declaratorias federales se encuentra establecida en el artículo 23 de la Ley Federal y en el 9º de su Reglamento, así como en los transitorios de las declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Por ello se realiza una primera y una segunda publicación, para posteriormente inscribir la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del INAH, así como en el Registro Público de la Propiedad de la localidad de que se trate.
La política del actual gobierno federal ha sido anular en los hechos las declaratorias, pues a la fecha son más de 30 estudios de zonas de monumentos históricos y 50 de zonas de monumentos arqueológicos, aproximadamente, los que se encuentran detenidos en los departamentos jurídicos del INAH, de la SEP y de la Presidencia de la República.
Que no se equivoque la senadora Rojo: Los particulares que llegan a inconformarse contra las declaratorias generalmente pretenden destruir el inmueble histórico y cambiar el uso de suelo para un lucro mayor del espacio urbano que el Estado debe regular.
Por lo anterior, es importante proponer iniciativas que fortalezcan la regulación establecida en la Ley Federal y buscar mecanismos que obliguen al Ejecutivo a signar las declaratorias que se han realizado institucionalmente.
La iniciativa de la senadora Rojo no debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, ya que se observa como un mecanismo burocrático más que inhibiría las ya de por sí complejas y lentas declaratorias.
Consideramos que los legisladores, en general, deben realizar consultas públicas sobre sus iniciativas antes de convertirlas en propuestas que, como en este caso, afectan negativamente lo que pretenden proteger. (Carta resumida.)
Atentamente
Mireya Flores Cedillo, secretaria general de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH, y Luis Adolfo Gálvez González (responsable de la publicación), de la Comisión Nacional de Arquitectura del SNTINAH
