MADRID.- Si algo faltaba en la ofensiva judicial contra Baltasar Garzón es la carga simbólica que tuvo el golpe final: El próximo jueves 23, el Consejo General del Poder Judicial expulsará de la carrera judicial al magistrado, para así ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a 11 años de inhabilitación. En esa fecha, pero 31 años antes, ocurrió el fallido intento de golpe de Estado de sectores franquistas encabezados por Antonio Tejero.
El jueves 9 el Tribunal Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación al hallarlo culpable de ordenar la intervención de comunicaciones en prisión de los cabecillas del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción en España y que implica a miembros del gobernante Partido Popular (PP).
Los siete magistrados votaron unánimemente la sentencia que da por terminada la carrera judicial de 30 años de Garzón, 22 de los cuales los pasó al frente del Juzgado de Instrucción Quinto de la Audiencia Nacional, donde se destacó por su persecución de dictadores como Augusto Pinochet y por combatir organizaciones terroristas y redes del crimen organizado a escala global.
El mismo jueves 9 su abogado, Francisco Baena Bocanegra, dijo a Cadena Ser que su cliente se encontraba “muy afectado, dolido”, por la resolución de sus pares. Se refería a la inusual dureza con que la sentencia trata a Garzón, al acusarlo de utilizar “prácticas” propias de “regímenes totalitarios”.
El tribunal, encabezado por el magistrado Joaquín Giménez, señala que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español” al nivel “de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”, prácticas que en “los tiempos actuales sólo se encuentran en regímenes totalitarios”, prescindiendo “de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales en meras proclamaciones vacías de contenido”.
La sentencia también señala que la interpretación del condenado restringe “sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal”.
Lo contrastante es que la misma justicia española encontró recovecos para absolver de los cargos de cohecho a Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, uno de los políticos implicados en la trama Gürtel. Lo mismo hizo con Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia.
El miércoles 1, ocho días antes de conocerse la sentencia contra Garzón, la justicia también dejó en libertad bajo fianza a Pablo Crespo, exsecretario general del PP en Galicia, mano derecha de Francisco Correa, el líder de la organización corrupta.
El tercer proceso
El magistrado Manuel Marchena, quien formó parte del tribunal que sentenció al juez, es además el instructor del otro caso contra Garzón: el supuesto cobro a empresas y bancos españoles que patrocinaron unos cursos de la Universidad de Nueva York, en los que participó el acusado.
El Tribunal Supremo consideró “improcedentes” todos los alegatos de Garzón y su defensa. Tampoco tomó en cuenta que el acusador Ignacio Peláez, abogado que representa al constructor José Luis Ulibarri –también imputado por haberse beneficiado en la causa de corrupción–, no logró justificar legalmente sus continuas visitas a Correa y Crespo, quienes no son sus clientes.
Garzón justificó que en la intervención de comunicaciones, en las que preservó el derecho de defensa, acreditó que la fiscalía y los policías de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros sospechaban que los abogados eran la correa de transmisión para continuar con el blanqueo de 20 millones de euros que la organización tenía en el extranjero.
En un comunicado, la misma noche del día 9, Baltasar Garzón rechazó “frontalmente” la inhabilitación y anunció que impugnará la sentencia. “Acudiré a las vías legales que corresponden para combatir esta sentencia”, dijo, para “paliar el perjuicio irreparable que los autores” de ésta “han cometido”.
Consideró que rechazaba la sentencia porque “no se ajusta a derecho (…) me condena de forma injusta y predeterminada”.
Agregó: “Mis derechos han sido sistemáticamente violentados; mis peticiones de defensa, desatendidas; el juicio oral, una excusa cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”.
Garzón sostuvo que la sentencia se utiliza para eliminar la base de su absolución. “No dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asimismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuidé de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal”, dice.
El lunes 13 el juez instructor Manuel Marchena archivó por prescripción la causa contra Garzón por supuestamente recibir más de 1 millón de dólares de los patrocinios que empresas y bancos españoles (Banco Santander, Telefónica, Endesa, BBVA y Cepsa) hicieron para unos cursos en la Universidad de Nueva York, en los que participó el magistrado entre 2005 y 2006.
La decisión se anunció sólo cuatro días después de la sentencia por el caso Gürtel, tribunal en el que también participó el juez Marchena.
Marchena archivó la causa a sugerencia de la fiscalía, que no encontró delito; sin embargo asegura que Garzón cometió el delito de cohecho impropio al recibir más de 1 millón 200 mil dólares de las empresas, por el hecho de su posición en la Audiencia Nacional. Garzón no tuvo posibilidad de defenderse y Marchena no aceptó ni valoró sus pruebas de defensa. l
