Señor director:
Le solicito publicar esta carta para denunciar una serie de injusticias e irregularidades cometidas en mi contra desde que el 30 de noviembre de 2005 fui despedido del PRI.
El despido lo ejecutó el profesor Adrián Valles Martínez, quien entonces era presidente del Comité Estatal del PRI y ahora es presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.
Aunque desde el 5 de enero de 2006 presenté una demanda por despido injustificado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se tardó aproximadamente un año para realizar el emplazamiento (expediente 15/06). El notificador argumentaba que no localizaba el edificio del PRI, e hizo constarlo por escrito.
Cuando finalmente se realizó la audiencia, el apoderado legal del partido pretendió acreditar su personalidad con un Poder para Pleitos y Cobranzas que otorgaba el profesor Valles Martínez, quien en términos del artículo 86 de los estatutos partidistas no tiene facultades para otorgar poderes, las cuales corresponden sólo al presidente del CEN.
Aun cuando solicité que no se le reconociera el poder, la Junta lo hizo. En virtud de que recurrí al amparo, el Juzgado Primero de Distrito ordenó a la Junta que lo tuviera por no presentado.
La Junta acató la orden, pero antes de emitir el laudo dictó un acuerdo contrario a derecho donde ordenaba nuevamente la citación a juicio del PRI, dándole oportunidad de contestar la demanda.
El PRI adujo entonces que yo no había sido trabajador, sino militante. A mi vez, presenté un informe de Banorte que hace constar el registro de una cuenta Suma Nómina Banorte donde aparezco como trabajador y el PRI como patrón. Pese a ello, la Junta absolvió al PRI, diciendo que éste había probado en el juicio que yo era militante y no trabajador, aunque yo demostré que nunca solicité la afiliación ni cubrí los requisitos. De este modo, la Junta insistió en favorecer a la parte patronal.
Interpuse amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y el magistrado ordenó, presumo que por intervención del gobernador, reiniciar el juicio laboral a tres años de su inicio. Para reanudar el procedimiento, la Junta se rehusó a hacer el emplazamiento como antes, y sólo lo hizo cuando el Juzgado de Distrito se lo ordenó. El 5 de octubre de 2010 se presentó otro ilegítimo apoderado legal del PRI. Como la Junta Local lo validó, interpuse el juicio de amparo 760/2011 en el Juzgado Primero de Distrito, que ya fue resuelto en mi favor.
Actualmente me encuentro en espera de que la Junta Local dicte por segunda ocasión el laudo, pero ante las circunstancias no dudo que, valiéndose de la protección del gobernador Jorge Herrera Caldera, le den otra oportunidad al PRI para que conteste por enésima vez la demanda y sigan dilatando el juicio, que ya lleva cinco años.
En suma, han sido muchas las irregularidades cometidas en el juicio laboral 15/06 para favorecer al PRI. Pareciera que en Durango no existe estado de derecho y que debe prevalecer sobre todas las cosas la voluntad del gobernador. Por eso ahora, a nivel nacional, en este espacio de Proceso reclamo justicia. (Carta resumida.)
Atentamente
Licenciado Francisco Emanuel
Chavira González
Durango, Dgo.
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