El gobierno federal y el juez Felipe Consuelo Soto llenan de obstáculos las negociaciones sobre Mexicana de Aviación. En noviembre último la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó que Hacienda ya no era la encargada de certificar la validez de los fondos destinados al rescate de la aerolínea, sino el juez. Y apenas aparecieron los inversionistas –Med Atlántica e Iván Barona–, anunció que si los oferentes no demuestran que su dinero es lícito, el martes 14 la aerolínea será declarada en quiebra. Lo cierto es que Comunicaciones y Hacienda se están echando la bolita con un propósito bien definido: evitar que Mexicana vuelva a despegar.
La última llamada para que Mexicana de Aviación retome el vuelo el próximo 17 de marzo está solamente en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostiene el diputado Mario di Costanzo, encargado de dar seguimiento al caso en el seno del Congreso de la Unión, aunque la dependencia se niega a certificar la legalidad de los fondos “existentes” de la firma Med Atlántica, interesada en el rescate de la aerolínea.
De acuerdo con el expediente del concurso mercantil, del que Proceso tiene copia, el dinero existe, pero sólo se aplicará cuando se firmen en forma paralela el “convenio concursal” y se “liberen” slots por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
A partir del 31 de enero, día en que el titular del Décimo Primer Juzgado de circuito, Felipe Consuelo Soto, anunció que Med Atlántica ya había depositado 300 millones de dólares para el rescate de la aerolínea, la SCT emitió varios comunicados en los que alegó que los recursos no estaban comprobados.
Lo cierto es que desde antes la dependencia relevó a Hacienda del trabajo de verificación del dinero y determinó que es el juez quien debe hacerla, según el oficio número 97 fechado el 24 de noviembre de 2011.
Por ello, el jueves 9, cuando el juez decretó “suspensión indefinida” para concluir el concurso mercantil debido a que el conciliador de la aerolínea Gerardo Badín tiene ya 82.4% de los acuerdos de pago con los acreedores, Hacienda lanzó la “amenaza” de que no habrá dinero de Med Atlántica, comenta el diputado Mario di Costanzo, quien fue designado por el Congreso para dar seguimiento al caso.
Al mediodía del jueves 9, Di Costanzo se comunicó con el subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio González Anaya, para preguntarle sobre la instancia encargada de establecer la existencia y licitud de los recursos financieros.
–¿Deben verificar ustedes? –preguntó el legislador a González Anaya.
–No; tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros no tenemos por qué revisar el origen (de esos fondos). No lo hace Hacienda. Además, si (Mexicana) debe como mil millones en pasivos, mil 500 en impuestos… no le conviene a nadie; es mejor abrir una nueva aerolínea.
–La pregunta es: ¿participan en el proceso de verificación de dinero o no? –insistió Di Costanzo.
–Pues, si no va a haber dinero…
El subsecretario dejó entrever que el cheque referido por el juez y el conciliador Gerardo Badín “fue un acuerdo de ellos”, indica el legislador, y explica: “Fue tanto como haberme dicho que el juez y Badín mintieron sobre la existencia del dinero y que las autoridades bancarias –que son reguladas por Hacienda– no van a dar por bueno que hay los 300 millones de dólares”.
Fernando Perfecto, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores (ASPA), llamó “irresponsable” al subsecretario de Ingresos y sostuvo que las amenazas de la dependencia siguen “configurando el escenario del gobierno para impedir que Mexicana vuelva a volar”.
Ese mismo día el conductor radiofónico José Cárdenas preguntó a Consuelo Soto si pensaba que el gobierno está poniendo obstáculos en el caso de la aerolínea. El juez le respondió que por desgracia es así: “El gobierno es un obstáculo”.
No es la primera vez que el sistema financiero muestra resistencias a dar información sobre la legalidad de los recursos, comentó el juez. “Si el gobierno quiere apoyar, como dice la SCT, que me apoye por ese lado”. Y agregó: “Le pediría a Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria que apoyen a Mexicana. Los inversionistas son gente seria y no se vale que pongan en tela de duda su reputación”, en alusión a la legalidad de los 300 millones de dólares de Med Atlántica.
Dinero y nombres
Los 414 millones de dólares que el grupo Med Atlántica depositó a un fideicomiso, el número 1363/2011 de Banca Mifel, S.A., sí existen, sostiene el secretario general de ASPA, Fernando Perfecto.
Según el comunicado difundido por la dependencia el miércoles 8, “para seguir avanzando en la verificación de la capacidad financiera de Mexicana de Aviación es necesario que los inversionistas interesados demuestren su solvencia económica, la procedencia lícita de los recursos y que se suscriba el convenio de acreedores en términos de ley”.
Perfecto insiste: “La SCT, en especial Felipe Duarte, sólo recurre a sofismas para evitar que Mexicana vuelva a volar”.
El expediente del concurso mercantil 432/2010-B de Mexicana de Aviación incluye el recurso ante el juez Felipe Consuelo Soto aun cuando establece que sólo se “liberará” cuando se cumplan esas tres condiciones, según las copias consultadas por la reportera.
En el expediente del concurso mercantil 432/2010-B, radicado en el Décimo Primer Juzgado de circuito, se corrobora la información publicada por Proceso en su edición anterior, según la cual los integrantes de Med Atlántica están ligados a la señora Gina Díez Barroso Azcárraga, puesto que Margarita del Villar Alrich, Martín Alberto Madero López y José Miguel Orozco Ortiz son miembros del Comité Técnico del fideicomiso número 1363/2011. Del Villar Alrich es directora de Área Inmobiliaria y de Negocios del Grupo Diarq, cuya propietaria es Díez Barroso Azcárraga.
El expediente también establece que ya se depositaron 415 millones de dólares. Y añade:
“En términos del referido documento, hacemos del conocimiento de su señoría que dicha cantidad únicamente se liberará hasta la cantidad de U$ 300,000,000 de dólares americanos para el proceso de restructuración del Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V., una vez que se haya cumplimentado lo siguiente”; es decir las tres condicionantes para que el dinero que está en “proceso de cobro” se libere.
Tal como lo fijaron Del Villar Alrich, Madero López y Orozco Ortiz ello implica “que se lleve a cabo la firma del convenio concursal, a satisfacción de este H. Comité y por consiguiente el levantamiento del concurso mercantil; que la SCT otorgue, expida, libere o refrende, según corresponda, la autorización para operar las líneas aéreas; se transfieran los derechos fideicomisarios de los fideicomisos CIB/212 y F/589 al patrimonio del fideicomiso número 1363/2011 constituido en Banca Mifel, S.A.”.
Hasta el jueves 9 el convenio concursal tenía un avance de 82.4%; incluso el juez mencionó que la firma era “inminente”. Respecto del fideicomiso CIB/212, propiedad de Tenedora K y en el cual están las acciones de Mexicana, Consuelo Soto informó que ya está el acuerdo para dicha transferencia; también expuso que la liberación para operar tiene que ver con la disponibilidad de las rutas de Mexicana, que hoy tiene Interjet, y mencionó la entrega del Certificado Aéreo.
Por lo que concierne a las rutas y slots de Mexicana, Proceso obtuvo copia del oficio No 4.1,2209, formado por el director general de Aeronaútica Civil, Héctor González Weeks, quien admite que solicitó al juez Consuelo Soto la autorización para prestar las rutas a otras líneas y “asegurar que los servicios aéreos se presten de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a la calidad, oportunidad y precio en beneficio de la economía”.
González Weeks menciona que, el 19 de mayo de 2011, Consuelo Soto “acordó que la autoridad aeronáutica debía de garantizar dichas condiciones pues está facultada para otorgar autorizaciones extrabilaterales en forma temporal en tanto se resuelve la situación jurídica de las empresas de Grupo Mexicana, en el entendido que no se alteren los derechos y autorización otorgados a la misma. Las autorizaciones extrabilaterales han sido solicitadas y otorgadas de manera temporal”.
Asimismo informa al conciliador de Mexicana, Gerardo Badín, que “le haga saber a los grupos de inversionistas que lleguen a estar interesados en aportar recursos para restructurarlas, que la SCT ha autorizado rutas de manera extrabilateral… respetando los derechos de las empresas de Grupo Mexicana”.
Según ese acuerdo, “no se restringirán los derechos y las autorizaciones otorgadas a la concursada (Mexicana)… la autorización temporal para la operación de algunas rutas similares no conllevará la cancelación de las rutas nacionales e internacionales… y la concursada podrá tener acceso a las rutas concesionadas cuando así lo requiera”.
En el último punto del escrito de Med Atlántica que entregó Margarita del Villar Alrich se pide “guardar la más estricta confidencialidad… del fideicomiso número 1363/2011, así como de las personas que en él intervienen”.
La ratificación del dinero
El conflicto sobre quién debe comprobar la existencia del dinero se detonó cuando la SCT emitió su comunicado número 97 fechado el 24 de noviembre último, según el cual queda sujeta a la determinación del juez rector del concurso “la demostración de solvencia de los interesados puede realizarse por cualquier medio previsto en la ley, como son billete de depósito, cheque certificado o de caja, carta de crédito firmada, entre otros, o cualquier otro que emita una institución financiera nacional”.
De acuerdo con el expediente de Mexicana, radicado en el Décimo Primer Juzgado de Circuito, se acreditó la existencia del recurso: “en estas condiciones, el que suscribe se pronuncia en el sentido de que el grupo de inversionistas denominado Banca Mifel, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Mifel, ha demostrado a entera satisfacción de este órgano jurisdiccional la existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares americanos, que se encuentran depositados en el citado fideicomiso, para ser utilizados en la adquisición de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico y la restructuración operativa y financiera de Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y sus filiales”.
Consuelo Soto recuerda que “está en proceso de cobro” bajo las tres condiciones que demanda Med Atlántica, por lo que, dice, ordenó girar oficios para que la SCT, “en el ámbito de sus facultades, realice los trámites, verificaciones y certificaciones necesarias para que la empresa pueda reiniciar operaciones cuanto antes”.
Conforme al comunicado 97 de la SCT, el juez ya cumplió con su deber de verificar; ahora corresponde a Hacienda ver la licitud o no del dinero, porque un juez no tiene las herramientas para investigarlo. Eso sólo lo hace la Unidad Financiera de Hacienda, sostiene el legislador Di Costanzo. Y reitera: “La decisión última está en Hacienda”.
Ante la “inminente firma” del convenio concursal y para acelerar los trámites que faltan, el martes 7 el conciliador Badín envió un escrito al Congreso de la Unión “con miras a poder estar en posición de iniciar operaciones el 17 de marzo de 2012”. La carta está dirigida a Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Entre sus peticiones, Badín menciona que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “deberá garantizar que serán restituidos y la empresa mantendrá disponibles los slots que venía operando”. En este punto recuerda que las propias autoridades de la SCT ya habían contraído dicho compromiso cuando se discutía con uno de los inversionistas.
Badín también pide al Congreso su apoyo para que se agilice ante la Dirección de Aeronáutica Civil la entrega del Certificado de Operador Aéreo y para que intervenga ante Nacional Financiera a fin de que ésta facilite los nueve aviones de Mexicana para que con ellos se haga el proceso de verificación y vuelos de prueba.
Sobre Banorte, el conciliador de Mexicana informa al Legislativo que ya se tienen los puntos básicos para cerrar el acuerdo, aunque le pide su intervención para acelerar el proceso “para poder iniciar operaciones el día 17 de marzo próximo”.
Al cierre de esta edición, el viernes 10, la agencia gubernamental Notimex difundió una entrevista con el juez Consuelo Soto en la que se percibe un cambio de posición respecto de la del expediente. Según el cable, el juez dijo que “hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de dólares, ni la procedencia de los recursos”.
Proceso intentó comunicarse con el juez, pero nadie respondió a la llamada.
Primer inversionista
Antes de que Consuelo Soto anunciara el 31 de enero el depósito de Med Atlántica, el inversionista Iván Barona, quien desde agosto pasado intenta adquirir Mexicana, había retomado las negociaciones. Cinco días antes exhibió al juez un cheque que, dijo, se haría válido si se respondían seis preguntas.
Una de ellas era saber en manos de quién están las acciones de Mexicana de Aviación y el regreso inmediato de las rutas y slots. Incluso estaba programada una entrevista para el 27 de enero en Los Pinos, pero la reunión “se cayó” porque supuestamente Barona nunca había depositado 1 millón de pesos en garantía como pedía la SCT.
Barona comenta que eso es falso. Dice que para evitar problemas recurrió a otro fondeador, quien mostró un pagaré por 5 mil millones de dólares, al tiempo que exhibe a la reportera copia del documento. E insiste en que el jueves 9 se reunió con el juez Consuelo Soto y con el conciliador Gerardo Badín para establecer el método de entrega del dinero y “bancarizarlo” a su nombre con tan sólo 500 millones de dólares para que Mexicana pueda volar de nuevo.
En la reunión del jueves 9, el juez anunció que la resolución final la dará dentro de cuatro o cinco días, con lo cual la aerolínea quedará en manos de Med Atlántica o de Barona, siempre y cuando Hacienda lo permita, sostiene el legislador Mario di Costanzo. Refirió que si Barona no demuestra que los fondos del cheque de un tercero son suyos, declarará la quiebra de la compañía y se nombrará un síndico que se encargará de vender lo que ésta tiene y de pagar, en primer término, a los trabajadores, y después al resto de los acreedores.
