“Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirarlos”, confesó Garzón a uno de sus allegados en la víspera de uno de los tres juicios que se le siguen en España por el delito de “prevaricación”, pero cuyo fondo es otro: se atrevió a investigar los crímenes del franquismo y la red de corrupción que implica a funcionarios y dirigentes del gobernante Partido Popular.
MADRID.- “Me han preguntado: ‘¿Usted se siente condenado?’ ¡Hombre, sentirme condenado, sí! ¡Estar condenado, no! Es diferente. Pero desde luego, por lo que estamos viendo, sí que tengo motivos para sentirme condenado”, dice el juez español Baltasar Garzón.
“No me gusta hablar de acoso aunque alguna vez he empleado la expresión ‘persecución’ o ‘intención de acabar con una persona y con una trayectoria como juez’, eso es evidente”, señala.
Esta reflexión del magistrado forma parte de una larga entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas, en la que aborda los tres procesos penales que le sigue la justicia española. Está contenida en el libro La fuerza de la razón (Debate, 2011) y en el documental Escuchando al juez Garzón. Este último, dirigido por la catalana Isabel Coixet, el año pasado tuvo una inusitada recepción en la Berlinale, el prestigioso festival de cine de Berlín.
Conocido en el mundo por enjuiciar a dictadores como el chileno Augusto Pinochet o el argentino Leopoldo Galtieri, por actuar contra el terrorismo de ETA y de Al Qaeda, contra las redes internacionales del narco e, incluso, por abrir causas judiciales por las torturas practicadas en la prisión estadunidense de Guantánamo, este juez español tropezó con fuertes intereses al buscar aplicar la ley en su propio país.
El inusual cerco judicial contra el magistrado –suspendido provisionalmente de la Audiencia Nacional el 14 de mayo de 2010– obedece a dos razones: abrió procesos judiciales para investigar las más de 113 mil desapariciones forzadas atribuidas a la dictadura franquista e investigó el llamado caso Gürtel, trama de corrupción que implica a dirigentes del Partido Popular y a funcionarios públicos emanados del mismo.
Fue significativo que Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Internacional de Juristas enviaran observadores a los juicios contra Garzón.
Reed Brody, consejero jurídico de HRW, dijo que es “la primera vez que en una democracia consolidada se juzga a un magistrado por defender los derechos humanos; es la primera vez que en la Unión Europea un juez es sometido a un juicio penal por aplicar el derecho internacional”. El argentino Hugo Relva, consejero jurídico de AI consideró que el proceso contra el juez es “de naturaleza escandalosa” y pidió desestimar los cargos que le imputan.
Desde el martes 17 una multitud de reporteros se agolpa para obtener detalles o imágenes cada vez que Garzón llega o se va del Tribunal Supremo, donde este mes se iniciaron dos de esos juicios por tres presuntos delitos de prevaricación; es decir, la toma de decisiones judiciales a sabiendas de que son injustas. Representantes de los 70 medios acreditados, muchos de ellos extranjeros, siguieron los pormenores de los dos juicios y escucharon los argumentos de Garzón.
Los periodistas extranjeros discutían en los pasillos el hecho extremo de que el magistrado sea sentenciado y señalaban si se veía triste o tenso. Su comentario generalizado fue que ha salido bien librado debido a los argumentos de su defensa.
El martes 17 el magistrado se sentó en el banquillo de los acusados para ventilar el caso Gürtel. Defendió su orden de intervenir las comunicaciones de los principales responsables de esa trama –Francisco Correa y Pablo Crespo– porque, dijo, él, la policía y la fiscalía tenían indicios fehacientes de que desde la prisión pretendían seguir con las operaciones de blanqueo del dinero que la organización tenía en el extranjero, actividad en la que los abogados de los prisioneros jugaban una “parte nuclear”.
El acusador Ignacio Peláez –representante legal del constructor José Luis Ulibarri, sometido a juicio por el caso Gürtel y actualmente en libertad– alegó que su derecho de defensa se vio vulnerado al ser grabado en las conversaciones que sostuvo con Correa y Crespo, pero tuvo dificultades para demostrar sus acusaciones pues no presentó un solo elemento de que los diálogos intervenidos fueran utilizados por Garzón en sus acciones judiciales contra los participantes en la trama de corrupción.
Exfiscal de la Audiencia Nacional y excompañero de Garzón, Peláez tampoco acreditó con documentos los permisos del juez para realizar esas visitas a Correa y Crespo en la prisión, tal como dispone la ley española.
Garzón y su abogado, Francisco Baena, argumentaron que no se acredita el delito de prevaricación porque siempre se preservó el derecho de la defensa de los inculpados y de los abogados. La policía corroboró los dichos de juez acusado.
“Asumo todas y cada una de esas decisiones. Fueron tomadas reflexivamente, en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas, no sólo las de nuestra Carta Magna sino también teniendo en cuenta siempre la protección de los derechos fundamentales”, dijo Garzón.
Añadió: “La única razón de Estado que yo defiendo es la razón democrática de los ciudadanos. Aquí no ha habido razón de Estado”. Y sostuvo que sus decisiones fueron apegadas al “ejercicio jurisdiccional”.
La víspera del jueves 19, cuando el caso quedó a la espera de sentencia, en uno de los pasillos del tribunal Garzón confesó a uno de sus allegados: “Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirarlos”.
El martes 24 Garzón regresó al tribunal rodeado de una nube de periodistas. Esta vez para enfrentar la acusación por prevaricación que interpusieron dos entidades ultraderechistas: el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad. La primera es dirigida por Miguel Bernad Remón, quien el pasado 15 de diciembre recibió un premio de la Fundación Francisco Franco. En el fondo de esta acusación subyace un hecho: Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.
Un miembro del equipo de Garzón advirtió que resulta sintomático que el Tribunal Supremo adelantara el juicio del caso Gürtel al de la Memoria Histórica –como también es llamado el caso de los asesinatos del franquismo–, porque éste ha generado mayor expectación internacional. “Es decir, si llegan al extremo de sentenciar a Garzón por Gürtel, quedaría anulado el del franquismo y (los acusadores) estiman que eso generaría menos presión internacional”, opinó.
La persecución
Garzón es originario de Torres, Jaén, un pueblo de 2 mil habitantes en las faldas de la Sierra Mágina. Sus padres, dedicados a la agricultura, abandonaron ese pueblo a pesar de que “amaban su tierra”. “Tuvieron que emigrar, como tantos otros, para que sus hijos prosperaran. Vieron a sus hijos crecer y situarse”, cuenta el magistrado en la entrevista con Rivas publicada en La fuerza de la razón.
Recuerda que en su juventud ayudaba a su padre, quien trabajaba en una gasolinería. Estudió en los seminarios de Baeza y Jaén y “después cursé estudios de derecho en la Universidad de Sevilla. Allí preparé mis oposiciones y entré en la escuela judicial a finales de 1980”.
El 13 de marzo de 1981, hace más de 30 años, ingresó como juez en Valverde del Camino, un pueblo de Huelva de apenas 14 mil habitantes.
El 9 de septiembre de 2010, ya sometido a los procesos en su contra, Garzón acudió a Valverde donde lo nombraron “hijo predilecto de la ciudad”. En la misma fecha, confiesa a Manuel Rivas, “se produjo una de las resoluciones del instructor del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el caso de Nueva York, uno de los tres juicios que contra mí desarrolla el citado tribunal, que más indignación y desazón, como juez, me ha producido en estos casi dos años de sinrazón judicial a la que me encuentro sometido”.
En este caso se le acusa de supuestamente haber recibido las aportaciones que hizo el Banco Santander para financiar unos cursos de la Universidad de Nueva York en los que él participó y con posterioridad, de regreso a su actividad jurisdiccional, haber archivado una causa judicial contra esa institución bancaria.
Sostiene que en este caso, incluso se cambió la doctrina jurídica para admitir la denuncia, al grado de que “tengo que probar que soy inocente de un delito que no cometí”. Explica que “al rechazar mis recursos de defensa se me ha dicho que ya tendría tiempo de defenderme una vez que se admitiera la querella; mientras que a los representantes de la acusación popular, sin ser todavía parte en el juicio, se les tenían en cuenta sus escritos y se practicaban las pruebas reclamadas en ausencia del querellado, a quien ya desde ese momento se le mantenía en indefensión”.
Califica este caso de “alucinante”, “una cosa desquiciante, porque parece como que yo estoy controlando a la Universidad de Nueva York y sus patrocinios, lo cual no cabe en ninguna mente humana. Yo era un profesor invitado, el ‘último mono’”, dice el magistrado, quien incluso señala que miembros de su familia han sido investigados.
El juez dice que a partir de que estalló el caso Gürtel, en febrero de 2009, “se aplicó el manual clásico (…) en contra del juez, de la fiscalía (y) de la policía para ocultar la relevancia del asunto y, de ser posible acabar con ellos”.
Afirma que “en tal contexto no se renunció a ninguno de los ingredientes: se investigó al juez, se fabricaron dossieres sobre su vida privada, los lugares a donde iba, a qué se dedicaba en los días de descanso, dónde iba con su familia o amigos, cuáles eran sus relaciones y aficiones; se armaron supuestas conspiraciones, se le tildó de parcial, de servir a los intereses del gobierno (entonces del Partido Socialista Obrero Español), se presentaron denuncias en su contra en el Consejo General del Poder Judicial y querellas en el Tribunal Supremo; es decir, se utilizó todo lo que condujera a desacreditar a quien estaba investigando y, de ser posible, anular las investigaciones.
“Al mismo tiempo –dice–, desde el ámbito político se desató un desaforado ataque concertado” en el que al frente aparecía “el diputado Federico Trillo, quien se ha mostrado en todo este escenario judicial como uno de los principales actores.”
Sostiene que se produjo “una concatenación de hechos que, desde luego, no tienen nada que ver entre sí”, aunque afirma: “A estas alturas uno puede decir que nada sucede por casualidad”. Por ejemplo, señala que el juicio en su contra por el caso Gürtel se abrió como “una causa secreta, sin posibilidad de defenderme, además de ser indudablemente contrario a la ley”.
Y en el del franquismo “se me deniegan igualmente de forma sistemática todas las pruebas que voy pidiendo para defenderme. De hecho, en vez de que los acusadores traten de demostrar mi culpabilidad, soy yo quien trata de demostrar mi inocencia”.
Explica que cuando recibió las querellas de las distintas asociaciones de la memoria histórica, las ratificó e hizo las diligencias de comprobación previa para determinar el hecho delictivo y para identificar el número aproximado de víctimas. Sostiene que en este caso aplicó las legislaciones española e internacional con el fin de identificar a los perpetradores de los crímenes y continuar la investigación para que se produjera el resarcimiento a las víctimas.
Subraya que esa misma jurisdicción universal la aplicó en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Adolfo Scilingo, el militar argentino enjuiciado en España en abril de 2005 por participar en el asesinato de 27 personas en los llamados “vuelos de la muerte”.
De manera coincidente, en el caso Scilingo enfrentó la “oposición feroz” del magistrado Manuel Marchena, “uno de los instructores más duros e inquisitivos contra mí en el caso de la Universidad de Nueva York”. Y también enfrentó la oposición del magistrado Luciano Varela, “el instructor de la causa de la Memoria Histórica”. Ambos mantuvieron una “interpretación localista, cerrada, estrecha, excesivamente positivista, inflexible y extremadamente formalista de la norma, que se ha quedado un poco obsoleta”.
Sostiene: “De las tres causas que tengo, ninguna se sustenta seriamente. Las imputaciones carecen de consistencia jurídica. Por ello, la defensa se ha vuelto quizá casi misión imposible”.
Afirma que “ninguna facilidad se ha otorgado a su defensa”, al grado de que los acusadores debieron “corregir imputaciones referidas a hechos que no pude cometer” debido a que él se encontraba internado en una clínica, convaleciente de una intervención quirúrgica.
Incluso señala que el juez Luciano Varela, instructor del juicio del franquismo, “aconsejó” al sindicato de Manos Limpias “cómo tenían que hacer los escritos de acusación para que pudiera permitir la apertura del juicio oral”.
De hecho, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó el anterior argumento en la sesión del 24 de enero como prueba de la parcialidad de Varela. Con base en ello pidió que el caso sea sobreseído.
Según Garzón, “hay quienes dicen que quieren acabar con un modelo determinado de juez, del que yo sería un representante señalado, por construir un mal ejemplo para la judicatura española”. Aunque “ese mismo tipo de juez ha sido responsable de resoluciones decisivas para el avance de ciertos aspectos de la investigación penal en momentos concretos y clave de la lucha contra el crimen. Ahora esa visión ha cambiado y la enseñanza debe ser recibida clara y nítida”.
Por ello está convencido de que “cuando transcurra el tiempo y todo esto haya pasado, se podrá analizar el porqué de esta especie de ejecución en la plaza pública”.
Déficit ético
Sin rodeos, en la entrevista con Rivas, Garzón defiende su interpretación jurídica para abrir la causa de la Memoria Histórica contra los crímenes del franquismo. Sostiene que “el camino de la democracia no debe ser el camino del olvido”. Señala que ello conduciría “al desastre en virtud del déficit ético acumulado”.
En su opinión España tiene que investigar los crímenes del franquismo, porque “mientras haya muertos en las cunetas y no se haya hecho todo lo posible por hallarlos, la reconciliación será una apariencia de sí misma; mientras se siga celebrando a quienes sometieron a millones de personas a la mayor privación de libertades imaginable de la historia reciente, difícilmente se podrá afirmar que sólo nos interesa el futuro”, ni se podrá afirmar que “la madurez de una sociedad democrática se ha consolidado”.
Sostiene que “ante el carácter masivo de los crímenes, el Estado y sus instituciones, y sobre todo la justicia, tiene la obligación de dar una respuesta a las víctimas. No pueden inhibirse. Pero no por puro voluntarismo de un juez, sino porque así lo exigen, no solamente la ley española, sino también los principios generales del derecho internacional” que forman parte “del derecho interno de cada país que los ha ratificado”.
Sostiene que “pueden pasar 70 años, como en España, pero mientras exista alguien que denuncie el olvido y la ausencia de justicia, siempre habrá esperanza de que ésta se materialice haciendo realidad el derecho humano de las víctimas a la misma, a la verdad (que incluye la memoria) y a la reparación”.
Y al hablar de sí, afirma: “Pueden decir que estoy derrotado. No lo estoy en mis principios y mis convicciones, en lo que yo siento que es la justicia (…) y en la protección de las víctimas. Me pueden echar de la carrera judicial, desde luego, y eso será muy doloroso. Pero por supuesto seguiré peleando y seguiré denunciando aquello que creo debe ser denunciado”.
