México inició el siglo XXI con la gran oportunidad de dar un importante golpe de timón al proyecto nacional. La transición le otorgó al país el llamado “bono democrático”, producto de la alternancia en el poder. Éste era de uso dual: en México y en el exterior. Sin embargo los resultados de esta transición quedaron por debajo de las expectativas; en opinión de muchos mexicanos el bono democrático se desvaneció prácticamente sin haberse utilizado. La globalización, que para los noventa era más que evidente en lo económico, pronto se extendió a otros ámbitos. El crimen organizado se convirtió en el lado oscuro de la globalización.
En este contexto el tema del narcotráfico en México le imprime un nuevo tono a la naturaleza de las amenazas externas. A partir de los ochenta se intensifica el paso de la cocaína por México, después de que una exitosa campaña de Estados Unidos en el Caribe logró bloquear el flujo de drogas por esa ruta. La semilla del mayor problema de seguridad de México en las siguientes dos décadas estaba plantada.
El primer evento delicado en la relación bilateral con Estados Unidos sobre este tema apareció en 1985, con el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en México. Este hecho contaminó la relación bilateral hasta principios de los noventa, cuando el marco de la relación empezó a cambiar a raíz de la recreación de la Comisión Binacional entre México y Estados Unidos en 1992 y con la firma, un año después, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Un tema a destacar en este nuevo entorno es el hecho de que el papel estelar que tuvo Estados Unidos en el manejo del conflicto Este-Oeste –del que resultó ganador virtual– no se ha visto en su actuación contra el narcotráfico, pues en más de cinco décadas no ha logrado detener el ingreso y consumo masivo de drogas en su territorio. Las razones no están claras, pero los resultados así lo indican.
Se argumenta que se trata de un negocio multimillonario –más de 70% de los beneficios de este negocio ilegal se queda en Estados Unidos–, lo que reduce los incentivos para una lucha frontal. Se argumenta también que mientras los estadunidenses mantengan el nivel de ingreso que les permita adquirir drogas, las decisiones de los usuarios estarán por encima de las políticas gubernamentales, pues son ellos quienes mandan en el mercado, a pesar de que la compra y el consumo de drogas sean ilícitos.
Durante años el discurso estadunidense se centró en culpar a los actores externos, esto es, los países productores y los de tránsito, entre los que se encuentra México. La realidad indica que a pesar de los esfuerzos realizados, esto no ha evitado que a partir del negocio de las drogas ilícitas se haya generado la red de crimen organizado más importante en la historia del continente, en la que México desempeña un papel crucial.
Está claro que mientras la estrategia estadunidense ha sido poco eficaz para evitar el ingreso y el consumo de drogas en su territorio, México, por su geografía, estaba destinado a convertirse en el lugar ideal para la expansión del negocio de las drogas y del crimen organizado, que incluye otros delitos, como tráfico de armas, lavado de dinero, asociación delictuosa y, con ello, una industria de la violencia que ha derivado en la multiplicación de delitos del fuero común, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos a mano armada.
Dos factores han contribuido a esta evolución. El primero, que las instituciones mexicanas de aplicación de la ley y persecución del delito no estaban preparadas para enfrentar el fenómeno en la magnitud con la que entró al nuevo siglo. El segundo, el “vacío de poder”, consecuencia de la transición democrática, lo que provocó la desarticulación de los sistemas de control del antiguo régimen sin haberlos sustituido por otros. Un problema de esos sistemas de control que ha permanecido es la corrupción, arraigada desde hace tiempo en las instituciones y en la sociedad mexicanas.
Lo que es claro es que ni la estrategia estadunidense ni la mexicana, juntas ni separadas, han podido evitar la expansión del crimen organizado vinculado con el negocio de las drogas, que ahora se extiende prácticamente a todo el continente. También es claro que el gobierno de Estados Unidos no ha encontrado la solución o no ha querido encontrarla. Esto significa, para todos los efectos prácticos, que México ha debido trabajar en su propia solución.
Este hecho es significativo pues implica, a diferencia del pasado, que la estrategia de seguridad frente a amenazas externas ya no se puede resolver acogiéndose a la sombrilla de Estados Unidos, como pasó durante la Guerra Fría. Ahora la amenaza es multinacional e interna. Está en México, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países del continente. No hay solución regional liderada por Estados Unidos ni por ningún otro actor para acabar con este mal, ni existe un esquema multinacional sólido y eficiente para hacerle frente. Hasta ahora las redes criminales han sido más exitosas y han logrado avanzar más en sus objetivos que los gobiernos.
En este contexto el crimen organizado es una amenaza que ha puesto de manifiesto las fortalezas y las debilidades del Estado mexicano, de sus instituciones y de sus limitaciones para contar con un andamiaje institucional adecuado para instrumentar una solución de la que los mexicanos estén convencidos y a la que estén dispuestos a apoyar.
Desde 1988 el gobierno de la república había etiquetado el narcotráfico como la amenaza más seria a la seguridad nacional. Para el año 2000 era evidente que el fenómeno había trascendido el ámbito de la seguridad pública para ubicarse en el ámbito de la nacional. Las fuerzas armadas, diseñadas para defender el territorio nacional de los enemigos externos, ahora debían hacerlo de los enemigos en el interior, ante la incapacidad de las policías para enfrentar el problema.
México entró así a un periodo de confusión estratégica en el que las amenazas a la seguridad nacional ya no estaban fuera, sino dentro, o en ambos lados. Estados Unidos podía verse como un aliado en la lucha o como el causante de todo el problema, al no controlar el ingreso y consumo de drogas en su territorio. Centroamérica se convierte en lugar de paso y termina por culpar a México de sus problemas de seguridad que, en su perspectiva, se originan en la presencia de bandas mexicanas de narcotraficantes.
A esto se añade el problema de la corrupción en las instituciones. Ahora el enemigo está dentro. Son los mexicanos que conforman los cárteles con extensas redes delictivas por todo el país y los mexicanos que se hacen cómplices, frente a instituciones que no cuentan con la experiencia y fuerza necesaria y que además están vulneradas por la corrupción. El problema ha adquirido dimensiones sin precedente.
La realidad de los últimos años induce a pensar que México se ha metido en varios callejones, aparentemente sin salida. El primero es el del crimen organizado, la corrupción, el debilitamiento de sus instituciones y la pérdida de legitimidad gubernamental. Es claro que México no contaba ni cuenta con los esquemas de respuesta suficientes para hacer frente a estas amenazas. Mientras tanto, sus instituciones y su sociedad se debilitan. La amenaza se originó en el exterior pero el problema se volvió interno.
México ha reorientado el quehacer de sus fuerzas armadas y de sus fuerzas policiales a pelear una guerra para la cual no estaban entrenados ni preparados. l
*Luis Herrera-Lasso es director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Jorge Tello Peón fue director del Cisen, comisionado para el combate a las drogas de la PGR, subsecretario de Seguridad Pública y asesor de Felipe Calderón en materia de seguridad. Los párrafos del texto anterior fueron tomados del ensayo Pasado y presente de las amenazas externas a la seguridad nacional de México, del libro Los retos internacionales de México, urgencia de una mirada nueva, publicado por la editorial siglo XXI.
