Señor director:
La presente es con el fin de denunciar al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por caer en la ilegalidad al no atender, pese a juicio en su contra, a jubilados de la ciudad que reclaman recursos que les fueron arrebatados por las propias autoridades.
La historia es la siguiente: entre 1979 y 1983, Arturo Durazo Moreno, director de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, ordenó que a las y los policías preventivos, agentes del servicio secreto, bomberos y personal del ERUM se les descontara parte de su salario con el fin de cubrir servicios funerarios ante la empresa Mausoleos del Ángel.
Tales servicios nunca fueron proporcionados, y cuando los servidores públicos empezaron a reclamar sus recursos fueron amenazados con ser desaparecidos o recluidos en Lecumberri mediante juicios prefabricados. Algunos batallones inclusive obligaron al personal activo defraudado a firmar finiquitos miserables, por lo que mandos medios se quedaron con el botín.
Cuando los trabajadores se jubilaron, después de tres décadas de servicio, volvieron a solicitar la devolución de su dinero. Fue entonces cuando expolicías aleccionados formaron un grupo denominado Por un Policía Digno para que nada más sus integrantes y “los cuates” pudiesen verse beneficiados, lo cual lograron mediante un juicio de la Suprema Corte de Justicia.
En la época en que Marcelo Ebrard Casaubón era secretario de Seguridad Pública tuvo conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo con los jubilados, pero ignoró el problema, y ya como jefe de Gobierno sus funcionarios lo protegen señalando que el mismo no se originó en su administración y que, por lo tanto, no le corresponde resolverlo.
El 3 y 8 de noviembre de 2010 se propuso al licenciado Ebrard una mesa de diálogo para encontrar el mecanismo que permitiera reintegrar los adeudos. Al no haber respuesta, conforme al artículo 8º constitucional se le demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal por silencio administrativo.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia, el 11 de agosto de 2011, a favor del Frente Mexicano pro Derechos Humanos del Distrito Federal, A.C., y en contra de Marcelo Ebrard por su silencio administrativo en perjuicio de los demandantes.
El 7 de noviembre de 2011, al acudir a las oficinas del gobierno central con el subsecretario de Gobierno, licenciado Juan José García Ochoa, para programar un encuentro con el licenciado Ebrard –al cual éste está obligado por la ley–, García Ochoa mantuvo a personas mayores esperándolo durante más de una hora, y al llegar el momento de informar cuándo se daría el diálogo con el jefe de Gobierno, se puso a jugar con su celular sin ninguna consideración.
El hecho es que, como no se concertó ninguna cita y el jefe de Gobierno del Distrito Federal está incurriendo en desacato de un mandato judicial, las personas mayores, viudas y jubilados del Grupo Topilejo del Frente Mexicano pro Derechos Humanos del Distrito Federal, A.C., hace esta denuncia pública y reclama justicia. (Carta resumida.)
Atentamente
Maestro Jorge Humberto Carreto Siller
Presidente y representante legal
del Frente Mexicano pro Derechos Humanos del Distrito Federal, A.C.
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