VALPARAÍSO, CHILE.- Casi 22 años después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, Chile aún mantiene la sanción del destierro. Esto fue evidente con el caso de Hugo Marchant Moya, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que fue deportado dos veces cuando intentó volver a su patria, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre pasados.
En 1992 a Marchant se le conmutó una pena de prisión perpetua por otra de 25 años de “extrañamiento” (eufemismo por destierro), tal como consta en el decreto 1385 del 13 de octubre de ese año, que lleva la firma del entonces presidente Patricio Aylwin.
Antes de esa fecha Marchant había estado preso nueve años –del 7 de septiembre de 1983 al 17 de noviembre 1992– por su participación en el atentado del 30 de agosto de 1983 en la capital chilena, en el que murieron el intendente de Santiago, Carol Urzúa, y dos de sus escoltas.
El “extrañamiento” contra Marchant se hizo en acatamiento de las Leyes Cumplido. Este fue un paquete de medidas en materia de derechos humanos impulsado por el presidente Aylwin y su ministro de Justicia Francisco Cumplido, que entre otros aspectos buscaba resolver el problema de los presos políticos heredado de la dictadura.
Aunque la mayor parte de los casi mil beneficiados con estas leyes fueron indultados, hubo medio centenar cuyas penas fueron conmutadas por el “extrañamiento”.
En entrevista telefónica con Proceso, Marchant –quien está en Buenos Aires– expresa que “los desterrados seguimos pagando una condena por haber luchado contra la dictadura (…) En mi caso quedan aún seis largos años para terminar con este infernal exilio”. Considera su condena “absolutamente injusta, debido a que ya en Chile estuve casi 10 años en prisión, lo que sumado a los 20 de prohibición de ingreso totalizan 30 años de castigo. Creo que la condena está cumplida con creces”.
En la cárcel Marchant fue víctima de torturas reiteradas, como se estableció en el informe emitido en 2004 por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el Informe Valech. Este reconocimiento por parte del Estado no le significó a este militante del MIR una disminución o anulación de su castigo.
Marchant, quien ha vivido su exilio en Finlandia, expresa que “la justicia chilena debe entender que este castigo ha sido extendido a mi familia, a mi esposa y mis hijos”. Agrega que sus recientes intentos de ingresar a Chile forman parte de la campaña Fin al Destierro, que tiene el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y estudiantiles chilenas y extranjeras.
Regreso fallido
Marchant llegó al aeropuerto de Santiago el 30 de noviembre y fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI). En el sistema digital de este organismo apareció el documento de impedimento de ingreso al país: el M-413 del 13 de noviembre de 1992, emitido por el Ministerio del Interior. La PDI lo deportó a Buenos Aires, de donde procedía su vuelo. Hasta el aeropuerto habían llegado unas 200 personas que apoyan la campaña de la que Marchant es estandarte.
El 1 de diciembre Marchant intentó ingresar por segunda vez. En esta ocasión contaba con la autorización del ministro chileno de Fuero, Joaquín Billard, quien mediante el oficio 392/2011, expedido ese mismo día, había suspendido el cumplimiento de la pena de “extrañamiento”. Dicho oficio le permitía a Marchant volver al país por razones humanitarias durante 15 días. Pero la policía nuevamente lo impidió.
Marchant Moya cuenta que el prefecto de la policía Álvaro Melo le explicó que la decisión de impedir su ingreso fue adoptada por la Dirección Nacional de Extranjería de la PDI. Pero otro funcionario policial informó a las cadenas CNN y Telesur que la determinación emanó de la subsecretaría del Ministerio de Justicia, con aprobación del presidente Sebastián Piñera.
En respuesta, los abogados de Marchant –Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza– presentaron el 2 de diciembre un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En éste denuncian que la resolución del ministro Billard no fue acatada por la PDI. Según los abogados esto constituye un “atentado contra un principio básico de Estado de derecho ya que encontrándose en cumplimiento de una pena (…) corresponde al juez ejecutor y al poder judicial pronunciarse al respecto”.
El recurso de amparo fue rechazado el 16 de diciembre por la Corte de Apelaciones con el argumento de que “no se divisa la arbitrariedad e ilegalidad que se le reprocha al actuar de la Policía de Investigaciones (dado que Marchant) no contaba con la autorización que previamente debió recabar de los tribunales que le impusieron las condenas que luego le fueron conmutadas”.
La Corte de Apelaciones sostuvo que antes de intentar reingresar al país, Marchant debe solicitar autorización “no sólo ante el señor ministro de Fuero, sino también ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago y el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel” que fueron los que sustanciaron las causas judiciales en su contra.
Dos días después de conocido este fallo, los abogados apelaron a la Corte Suprema de Justicia. El 28 de diciembre ésta falló a favor del amparo. En su dictamen expuso: “Se dispone que el amparado puede ingresar al territorio nacional por el lapso de tiempo a que se refiere la autorización del juez competente, esto es, quince días”. Tal como había resuelto el ministro Billard, el máximo tribunal se basó en razones humanitarias.
“Caminar por Santiago”
Proceso tomó las impresiones de Marchant pocos minutos después de que se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia: “Es muy difícil para mí encontrar palabras para definir lo que siento al saber que voy a poder volver a mi país después de tanto tiempo, pero sé que la inmensa alegría que me da esta gran victoria tendremos que compartirla entre todos los que hemos estado en esta lucha contra el destierro”, expresó.
Dice que con su retorno a Chile se marca “el principio del fin del destierro… aunque sean 15 días de suspensión de la condena, se puede decir que ya estamos volviendo”.
Confiesa que apenas supo que podría volver, compró boletos de retorno en el vuelo 1282 de Aerolíneas Argentinas que despegaría en la mañana del jueves 29 con destino a Santiago. Adelantó que cuando vuelva a su país lo primero que hará “será caminar por las calles de Santiago con mis tres hijos que me están esperando en Chile. También voy a visitar a distintas organizaciones sociales que luchan contra el sistema de injusticia”.
Señala además que su retorno fija un precedente para las demás personas que están en la misma situación que la suya. “Ellos pueden hacer lo que yo hice con la confianza de que puede resultar”, señaló.
También valora lo realizado. “Antes de que hiciéramos esta acción directa enmarcada en la campaña Fin al Destierro, nada se sabía de nuestra realidad. Pero después de esto surgió un interés transversal que involucra a parlamentarios, dirigentes sociales e importantes abogados. Esto ha sido importante”, estimó.
En entrevista con Proceso el abogado Espinoza sostiene que el reingreso a Chile de Marchant, “más allá de la transitoriedad de la determinación, es un paso relevante para poner en la agenda pública el fenómeno del ‘extrañamiento’ que sufren chilenos que tienen prohibido vivir en su patria por hechos ocurridos durante la dictadura militar.”
Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, envió el 2 de diciembre una carta a Marchant en la que señala que la solución definitiva al exilio forzado que vive una decena de chilenos depende del Congreso Nacional, que debe legislar poniendo fin a la vigencia de los decretos que permiten el destierro.
Fríes se comprometió “a realizar acciones destinadas a poner término a la conmutación de penas de la que fueron objeto un conjunto de ciudadanos chilenos condenados por la comisión de delitos durante la dictadura, que ha significado que un grupo de compatriotas deba vivir fuera” de su patria. También señaló que la prohibición de ingresar al país, cualquiera sea el motivo, constituye un dolor difícil de sobrellevar y que requiere un esfuerzo de la sociedad a fin de generar las condiciones para que ello termine”.
Pese a que no existe información oficial sobre los actuales desterrados, antecedentes recabados por este corresponsal permiten señalar que al menos otros ocho chilenos todavía viven un exilio forzado. Siete de ellos en Bélgica y uno en Noruega: Carlos García Herrera, Fernando Espinoza, Jorge Palma Donoso, Carlos Araneda Miranda, Héctor Maturana, Hugo Gómez, Héctor Figueroa Gómez y Jorge Escobar.
