Para la mayoría de jaliscienses el saldo del año recién terminado fue de números rojos. El nivel de satisfacción con los distintos órdenes de gobierno es muy bajo, cuando no deficitario. Comparativamente con el anterior, en 2011 la movilidad urbana empeoró; la seguridad social y la prevención del delito no mejoraron; menos aún el poder adquisitivo del grueso de asalariados. Además, el primer municipio del estado nuevamente experimentó la migración de miles y miles de sus habitantes a otros municipios del área metropolitana.
Hasta ahora el legado más notable de “los mejores Juegos Panamericanos de la historia”, según reza el eslogan oficial del gobierno de Emilio González Márquez, fue la villa concebida para hospedar a los atletas participantes, un conjunto habitacional que literalmente terminó convertido en un estuche de porquerías.
Entre otros muchos indicadores de cómo van las cosas en la comarca jalisciense, que ya casi completa tres sexenios bajo la férula del PAN, el cacicazgo “bueno” (el escritor Federico Cambpell dixit) que sojuzga y expolia a la Universidad de Guadalajara no sólo ha sido más extenso todavía (más de 22 años y contando), sino que sigue indemne y, a diferencia de otros grupos políticos, así como de toda clase de comestibles y medicamentos, no tiene fecha de caducidad. Este hecho pareciera venir a darle la razón, ya en pleno siglo XXI, a Agustín Yáñez, quien hace cerca de 60 años se quejaba de que su patria chica fuera “tierra de caciques”.
Aun cuando por decisión de los electores los gobiernos municipales del área metropolitana de Guadalajara hayan dejado de ser gobernados por el PAN, el regreso del PRI a la mayoría de esos ayuntamientos (la excepción es Tlajomulco, a donde llegó el expriista Enrique Alfaro mediante una coalición de partidos autodenominados de izquierda) no ha significado un cambio sensible en la deteriorada prestación de servicios. Entre las pocas cosas conseguidas por los alcaldes priistas está la de haber detenido el proyecto para construir más líneas del Macrobús o BRT, una modalidad de transporte colectivo urbano a la que se han opuesto legiones de tapatíos, tanto así que presumiblemente esa fue una de las causas principales por las que el PAN perdió el mando en todos los ayuntamientos metropolitanos.
El problema es que los ganadores de esa contienda electoral (principalmente las personas que terminaron 2011 aún siendo alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque) se conformaron con arponear exitosamente ese tipo de de transporte masivo, a base de autobuses articulados, pero no han cumplido –ni parece que vayan a hacerlo– con la parte principal de su promesa: ampliar la cobertura del Tren Ligero, que aun siendo por mucho el mejor sistema de movilidad urbana que ha rodado por Guadalajara, desde la llegada del PAN al poder (hace casi 17 años) no ha crecido un solo metro.
Por lo demás, los gobiernos municipales no han logrado poner de pie a la gruesa fuente de politiquería y corrupción que es el SIAPA, organismo que presta los servicios de agua potable y alcantarillado en el área metropolitana tapatía. Tampoco ha mejorado la vigilancia policiaca de la ciudad ni se ha logrado reparar el estado deplorable en que se encuentra la inmensa mayoría de calles y banquetas, con excepción de unas cuantas rúas que fueron remozadas con motivo de los Juegos Panamericanos. De tal suerte que si, en las elecciones de julio próximo, el PRI consigue retener el mando en la mayoría de los municipios metropolitanos, no sería por haber hecho las cosas mejor que el PAN, sino sencillamente porque es mayor el desencanto de la ciudadanía con los gobiernos de este último partido. (La eventual excepción sería el municipio de Guadalajara, donde hasta ahora las encuestas marcan como favorito al exgobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez, quien a pesar de los pesares parece seguir siendo una suerte de Adelito de la vida política de la comarca: popular entre la tropa.)
Y por lo que hace al Ejecutivo estatal, las cosas no han sido muy diferentes. Los mismos sondeos de opinión, diseñados para medir la intención del voto, dicen que luego de tres zafras sexenales panistas, hilvanadas de manera consecutiva, el PRI volvería a Casa Jalisco. ¿Por qué? ¿Qué le ha salido mal al gobierno de Emilio González Márquez en los casi cinco años que lleva al frente del destino del estado y particularmente en 2011? Muchas y variadas cosas.
Sin seguir ningún orden cronológico o de importancia, se pueden enumerar las siguientes dagas: doblar las manos repetidamente ante los embates y ambiciones de la nomenklatura de la UdeG; entregar 67 millones de pesos para un encuentro juvenil organizado por Televisa, aparte del patrocinio de telenovelas y otras producciones en ese y otros consorcios televisivos, y cuyo desembolso para el erario se tasa en decenas de millones de pesos; haber estado a punto de entregar, contra la opinión de buena parte de la ciudadanía, 90 millones de pesos a la arquidiócesis tapatía para la construcción del Santuario de los Mártires; entercarse en la fallida ampliación del Macrobús, aun cuando a final de cuentas haya tenido que recular; haberse visto forzado a cancelar la proyectada presa de Arcediano luego de un gasto acumulado de varios cientos de millones de pesos y al cual debe sumarse el costo social y los daños patrimoniales y ambientales; hacer algo peor que abandonar a su suerte a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a quienes engañó con la falsa promesa de pugnar por la cancelación de la presa de El Zapotillo –que inundaría esas poblaciones alteñas– si la mayoría de vecinos se declaraba en desacuerdo con dicho proyecto, concebido básicamente para llevar agua potable a León, Guanajuato.
En materia de honestidad, espíritu de servicio a la ciudadanía, probidad y transparencia en el manejo del dinero de los contribuyentes, el Congreso de Jalisco no se diferenció mucho de una porqueriza. Nuestros “representantes populares” mantienen una nómina de empleados tres veces superior a la requerida, lo que entre otras cosas ha provocado que en los años recientes se gaste de manera anticipada el presupuesto anual y se tenga que recurrir a “prestamos”, “anticipos” y otras irregularidades.
Ahora que, para anomalías en la casa de las leyes, nadie como Alonso Godoy Pelayo, la persona encargada de auditar el dinero que manejan las distintas instancias públicas de Jalisco. El gran inconveniente con el titular de la Auditoría Superior del estado es que no sólo “catafixió” (Chabelo dixit) a su favor vacaciones no tomadas por cerca de 10 millones de pesos, sino que favoreció que su suegro y también compadre hiciera otro negocio millonario con el Congreso de Jalisco.
Aparte de ello, el auditor del estado ha mantenido una sospechosa relación clientelar con el grupo político que controla a la UdeG. Hasta ahora no ha habido una explicación mínimamente convincente de por qué la universidad pública de Jalisco tuvo que comprar, a un desmesurado sobreprecio, un terreno propiedad de la familia de Godoy Pelayo. Y ese sobreprecio no puede disociar de otro hecho: en los años recientes la cuenta pública de la UdeG, que pasa por el escritorio de Godoy Pelayo, ha salido rechinando de limpia.
Conclusión: el cambio de calendario no es necesariamente una nota de optimismo para los habitantes de esta parte del mundo.
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