Señor director:
En Proceso 1353, en el artículo del señor Ricardo Ravelo titulado
Yacimientos de carbón y gas, en disputa, se dice que “en diversas
partes del estado, a los Guadiana se les acusa de despojos y de ejercer presiones políticas, pues tienen nexos con el gobernador Enrique
Martínez y Martínez”. También, que al “ejercer presiones políticas” y por “disponer de información privilegiada”, así como porque “acuden ante los jueces para interponer recursos legales y adjudicarse las propiedades”,
algunos “dueños” de lotes mineros estén “en riesgo de perder sus propiedades”. Al respecto, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones:
Somos personas de trabajo que tenemos más de 25 años dedicadas, entre otras actividades empresariales, a la minería en general. Es totalmente falso que ejerzamos presiones políticas y que hayamos despojado a alguien
de algo que legítimamente le correspondiera. Así mismo, la información de que siempre hemos dispuesto para hacer nuestras solicitudes de
concesiones mineras, es la información oficial a la que toda persona tiene acceso.
Siempre nos hemos basado en las leyes vigentes y en la legalidad
para tramitar nuestras concesiones o para defender nuestros derechos
cuando éstos se han visto agredidos por la mala fe de terceras personas, muchas veces coludidas con funcionarios ineptos o corruptos. Es falso que
nos valgamos de “argucias legales” y que, “con el apoyo del director de Minería, y aprovechando los vacíos y ambigüedades de la ley”, hayamos despojado a Arnulfo García Torres del lote San Carlos. Consta en
expediente que se tuvo que acudir a todas las instancias legales para que jueces y tribunales colegiados ordenaran a las autoridades
administrativas de la Dirección de Minería corregir resoluciones y
títulos de concesión otorgados al margen de la ley y que perjudicaban
nuestros legítimos derechos.
Jamás hemos recibido apoyo indebido del director de Minería, como con toda falsedad y malicia afirma el reportero (“testimonios de algunas víctimas”). A las pruebas nos remitimos, y nos ponemos a sus estimables órdenes para mostrarle expedientes y documentación que comprueban
nuestras afirmaciones.
La Ley Minera es muy clara. A nuestro juicio, no tiene vacíos ni ambigüedades. Las controversias legales que hemos enfrentado se han suscitado por la mala interpretación que hacen de ella personas sin
escrúpulos que de mala fe se valen de favores que les dispensan
funcionarios ineptos o corruptos.
Por lo que respecta al “gran pleito” que reseña el reportero, es una
clara muestra de la colusión e ineptitud de funcionarios de la Dirección de Minas con terceras personas para apropiarse de derechos que legalmente pertenecen a otros. Gilberto Guerra de la Garza ha perdido en todas las instancias del fuero común y del fuero federal sus demandas, por falsas e infundadas.
Los trabajos que realizamos en la asignación minera El Refugio II se ejecutaron al amparo de un contrato legal con el asignatario, la Comisión
de Fomento Minero; además, haciendo valer nuestro derecho de asociados
con la Comisión de Fomento Minero, obtuvimos la concesión del lote
minero al que pretendió empalmarse el lote de Guerra de la Garza, como consta en expedientes.
Consideramos que el reportaje pone en entredicho nuestra
limpieza en el desempeño de nuestra actividad empresarial minera,
por lo que es importante hacer del conocimiento de Proceso y de la
opinión pública estas aclaraciones.
Atentamente
Armando Guadiana Tijerina
y José Luis Guadiana Tijerina
Nueva Rosita, Coahuila
Respuesta del reportero
Señor director:
Las afirmaciones cuestionadas por los hermanos Guadiana Tijerina no son juicios de este reportero, sino producto de la entrevista que sostuve con Arnulfo García Torres; y el resto de la información –los vínculos de
aquéllos con el gobernador Enrique Martínez, su forma de operar, las acusaciones de despojo, así como sus nexos con el director de Minería,
Raúl Escudero– fue proporcionada por los abogados Enrique y José
Alfredo Gutiérrez, apoderados legales de Gilberto Guerra de la Garza,
quien denunció el despojo del lote “Gil” y reclama, mediante una demanda
penal, 33 millones de dólares por la presunta explotación ilegal del carbón
mineral que supuestamente le corresponde.
Así pues, más allá del litigio en cuestión, el reportaje está
periodísticamente sustentado y acreditado.
Atentamente
Ricardo Ravelo
De los abogados Gutiérrez Falcón
Señor director:
Con motivo de la publicación de Proceso 1353, del 6 de
octubre del 2002, donde aparece un reportaje titulado Yacimientos de
carbón y gas, en disputa, deseamos dirigir, por conducto de este
prestigiado medio informativo, las siguientes reflexiones al presidente
Vicente Fox Quesada, a fin de que haga efectivo “el combate a la
corrupción” que ha prometido a los mexicanos.
Ciudadano presidente Vicente Fox Quesada: Desde el mes
de mayo del año en curso, nuestro poderdante, el señor Gilberto Guerra
de la Garza, y cotitulares, presentaron una queja administrativa en
contra del director general de Minería de la Secretaría de Economía, Luis
Raúl Escudero Chávez.
Desgraciadamente, la titular de la Contraloría Interna de la
Secretaría de Economía, Guadalupe Chequer Mencarini, lejos de
comportarse como autoridad investigadora a favor de la ciudadanía,
ha tenido una actuación similar a la de un abogado de oficio del director general de Minería, no obstante que tiene en su poder documentos que demuestran, entre otros ilícitos, que dicho servidor público ha dado instrucciones directas y precisas a subalternos de alterar indebidamente constancias oficiales que afectan los derechos de Gilberto Guerra de la
Garza. Sin embargo, no se ha procedido a suspender al funcionario para facilitar la investigación, en los términos de la Ley de Responsabilidades.
Derivado de la negligencia de la mencionada contralora, el director
general de Minería, Luis Raúl Escudero Chávez, ha manipulado la información de los archivos públicos a disposición.
Como represalia a las quejas y denuncias que pesan en su contra,
el director de Minería procedió, arbitrariamente, a cancelar el título de concesión minera de explotación de Gilberto Guerra de la Garza, no
obstante su deber de excusarse por estar involucrado en procedimientos penales y administrativos que afectan su imparcialidad.
En el viacrucis de la justicia administrativa, hemos advertido muy
buena fe y disposición de los mandos superiores de la Secodam. Sin
embargo, los mandos medios e inferiores, herencia de anteriores administraciones, se resisten a combatir la corrupción de sus cómplices contemporáneos.
La responsabilidad administrativa ya no es una ilusión. Hoy nosotros asumimos el compromiso de hacer la denuncia. A usted le toca ejercer el
poder.
Atentamente
Enrique A. Gutiérrez Falcón y José A. Gutiérrez (apoderados)
