WASHINGTON.- El miércoles 2 de octubre se vence el plazo impuesto por un grupo de legisladores estadunidenses para que el gobierno de Vicente Fox cubra los adeudos de agua a Estados Unidos.
Si no lo hace, los congresistas llevarán el caso ante un tribunal internacional, donde acusarían formalmente a México de violar el Acuerdo de Guadalupe, que firmó en febrero de 1944.
Ken Bentsen, Rubén Hinojosa, Charles González, Charles Stenholm y Sheila Jackson Lee, legisladores demócratas del estado de Texas, acusan al presidente George W. Bush de ser cómplice de Fox por no presionar u obligar al gobierno de México a cumplir con el agua que el debe a la región texana, lo que, aseguran, puede llevar a la ruina a los agricultores estadunidenses del Valle del Río Grande.
“Si para el 2 de octubre no recibimos por lo menos el plan de cómo (México) va a pagar el agua que debe a Estados Unidos bajo el Acuerdo de Guadalupe de 1944, no nos dejan otra alternativa que ir a una corte internacional”, dice en entrevista el legislador Hinojosa.
Y es que, asegura, el adeudo “es algo que le perjudica mucho a la parte sur de Texas, e igualmente a los agricultores y productores de Tamaulipas”.
De acuerdo con la Sección de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), México debe 1.5 millones de acre-pies de agua. Un acre-pie de agua equivale a un millón de 362 mil litros, cantidad necesaria para cubrir 0.4 hectáreas (un acre) de superficie, con una profundidad de 30 centímetros.
Bajo el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 (Acuerdo de Guadalupe), México está obligado a entregar a Estados Unidos 350 mil acre-pies (431 mil 721 metros cúbicos) de agua cada año provenientes de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. Lo que debe hacer en períodos quinquenales y con la condición de que, en caso déficit, el adeudo se agregará inmediatamente al ciclo siguiente.
En junio pasado, cuando la disputa por el agua llegó a su máximo nivel, el gobierno de Fox se basó en aspectos técnicos del Acuerdo para argumentar que no debía nada de agua a Estados Unidos. Sin embargo, cambió su posición después de que el presidente Bush habló con Fox para buscar una solución que no causara daño a la relación bilateral.
El gobierno mexicano aceptó pagar un adelanto del agua. Lo haría a más tardar en septiembre de este año, justo cuando se vence la fecha límite del quinquenio 1997-2001.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado se dieron por satisfechos con la oferta mexicana, y el gobierno de Fox respiró aliviado: evitó una disputa bilateral con consecuencias alarmantes. Sin embargo, los directamente afectados –los agricultores de Texas- se inconformaron e iniciaron una guerra sorda contra Bush y el gobierno de México.
Ken Bentsen, sobrino de Lloyd Bentsen –exsenador, exsecretario del Tesoro y excandidato a la Vicepresidencia de Estados Unidos-, afirma que todos los agricultores de su estado afectados por la deuda están a punto de irse a la quiebra. Señala que, para sobrevivir, deberán gastar todos los ahorros que desde hace siete años metieron en cuentas bancarias.
“Nosotros mismos estamos tratando de rectificar los problemas que tenemos en la parte del Valle del Río Grande que le corresponde a Texas, que entendemos se deben en parte a los cambios climáticos. Pero también estamos conscientes de que México no está dejando fluir el agua que nos corresponde bajo el acuerdo de 1944. Sabemos que México tiene agua suficiente para sus reservas, pero simplemente se niega a cumplir con lo que se comprometió”, señala Bentsen.
“Esto –afirma- es grave, porque muchos de nosotros consideramos a México como un país amigo y aliado, sólo que ésta es un área donde tenemos un desacuerdo y el gobierno de Fox mantiene una posición de reto que vamos a enfrentar con la ley en la mano.”
Bajo el Tratado de 1944 se benefician muchas de las comunidades y agricultores mexicanos y estadunidenses ubicados a lo largo de los más de 3 kilómetros de la frontera común. Sin embargo, solamente los agricultores y legisladores del estado de Texas están en guerra con los gobiernos de Fox y Bush por, afirman, no hacer nada.
Bentsen sostiene que en el Congreso estadunidense hay apoyo de los líderes demócratas y republicanos para hacer un “gran escándalo” bilateral si Fox no cumple con el plazo del 2 de octubre.
El compromiso temporal que evitó la disputa en junio establece que Estados Unidos liberará 1.5 millones de acre-pies de agua cada año del río Colorado al estado de Baja California. Y lo está cumpliendo. La CILA había calculado que para el 26 de septiembre, cuando concluyó oficialmente el último ciclo quinquenal del acuerdo, México tendría un adeudo con Estados Unidos de hasta 1.7 millones de acre-pies agua.
“El compromiso que hizo la Casa Blanca con el gobierno de Fox no cubre ni siquiera un pago de los intereses de toda al agua que deben. Francamente nos decepcionó la administración de Bush por no tomar una posición firme para obligar a México a cumplir con el Tratado”, sostiene Bentsen.
Por lo menos, considera que Washington debió recurrir a “amenazas de consecuencias muy serias”.
Un vocero de la Casa Blanca consultado sobre este asunto respondió que el “presidente Bush considera que la disputa se pude resolver en la mesa de las negociaciones y no en una corte internacional, porque México es un país amigo”.
Debido a la disputa por el agua, Eduardo Sojo, asesor económico de Fox; el subsecretario de Hacienda, Ernesto Carstens, y el asesor de la cancillería, Alberto Szekely, han realizado varios viajes a Washington. Sin embargo, no han ofrecido información alguna al respecto.
“El gobierno de México no está haciendo el esfuerzo necesario para darle solución a este problema, y creo que los productores agrícolas de Estados Unidos, con nuestro apoyo, no tendrán más alternativa que acudir ante una corte internacional para darle solución”, insiste el representante Hinojosa.
Y segura que el acuerdo que aceptó recientemente la Casa Blanca “sólo le sirve a México”.
Los congresistas estadunidenses explicaron que un grupo de abogados está estudiando qué corte internacional es más conveniente para interponer una demanda contra México y así obligarlo a pagar su deuda de agua.
