TULUM, QR.- Paraje de contrastes, Tulum es motivo de una guerra de intereses económicos. La batalla más encarnizada se libra en torno a los aproximadamente 10 kilómetros de playas del ejido José María Pino Suárez, que de acuerdo con el empresario hotelero y consultor inmobiliario Juan Chío, pionero en el enclave turístico, actualmente pueden costar hasta un millón de dólares por metro lineal.
El conflicto, que a lo largo de los años ha dejado una estela de muertos y desaparecidos, se debe a que no está definido si esas tierras son ejidales o pertenecen a particulares.
Ambos bandos incluyen a poderosos personajes. Del lado del ejido pesan nombres como los del hermano del exbanquero Roberto Hernández, Pedro Hernández Ramírez, y los hijos de éste: Pedro, Roberto y Sol Hernández Madrazo, actualmente “ejidatarios mayoritarios” que poseen decenas de certificados parcelarios de Pino Suárez.
En el grupo de los particulares resaltan los apellidos Garza Ponce, Montemayor y Schiavón, entre otros.
Por eso el despojo de tierras en la zona se ha recrudecido ahora, cuando el Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal parece próximo a resolver la añeja disputa por la posesión de las playas de Tulum, las más codiciadas del Caribe mexicano.
La controversia surgió casi a la par que el ejido. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez el territorio federal de Quintana Roo estaba en vías de erigirse en estado, e inició el proceso de creación del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino Suárez, que concluyó en la administración de Carlos Salinas de Gortari.
“Los NCPE se les otorgaban a campesinos que pedían tierra dentro de su estado y, al ya no haber disponibles, se les ofrecía en otro. Como en los setenta todavía esto era territorio, lo que se pretendía era alcanzar el número de población suficiente para crear el estado”, explica el abogado Álvaro López Joers.
En la zona se eligieron más de 6 mil hectáreas susceptibles de afectarse para el NCPE y se les asignaron al principio a campesinos de Tenosique, Tabasco, con la idea de que se dedicaran a la pesca. Posteriormente ellos rechazaron asentarse ahí y se les reubicó cerca del río Hondo, en lo que hoy es el municipio capital, Othón P. Blanco.
En el proceso de creación de Pino Suárez, el cuerpo consultivo de la Secretaría de la Reforma Agraria determinó que, a fin de que el ejido tuviera salida al mar, se afectaran los terrenos de la playa. El correspondiente decreto presidencial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1973.
Dicho decreto afectó los terrenos de la playa que entonces usufructuaban Felipe Hernández Colli y Antonio González Avilés, quienes a cambio recibieron, cada uno, 200 hectáreas del nuevo ejido.
Ninguno de ellos se inconformó ni amparó contra ese mandato que canceló de facto sus escrituras ad perpetuam sobre los kilómetros de tierras afectadas, pero como no fueron ocupadas en su momento por los ejidatarios originalmente beneficiados, González Avilés y el yucateco Álvaro Cámara Peón los fraccionaron para venderlos como propiedad privada en 13 lotes, que luego se subdividieron en 25 y después en 69.
“Uno de los compradores de González Avilés y Cámara Peón fue un gringo llamado Eric Norton, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que llegó en la década de los setenta. Le gustó la playa y le vendieron varios kilómetros sin documentos, porque le dijeron que aquí era territorio y no se requerían. Le sacaron un título ad perpetuam para el cual sólo se necesitaba llevar al Registro Público de la Propiedad dos testigos y el croquis de referencia”, recuerda el empresario Chío.
No obstante el estadunidense sospechó que podía perder su inversión y decidió vender su playa, también en fracciones, que fueron compradas por gente de gran poder adquisitivo. Se les advirtió a todos los clientes sobre la situación jurídica de los predios, “pero todo el mundo se hizo el guaje porque significaban dinero y pensaron que nadie iba a pelear un terreno en medio de una costa llena de mosquitos, en la selva y casi inaccesible… y así se fue complicando la cosa”.
El origen de la violencia
En 1981 las autoridades decidieron ejecutar la resolución presidencial de 1973 y sustituir a los ejidatarios con pobladores de las zonas aledañas mediante un acta de posesión y deslinde. Para ese entonces González Avilés ya había tramitado un título de propiedad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, dando como referencia Punta Piedra.
Señala López Joers que “Punta Piedra, de acuerdo con las cartas marítimas y todas las mediciones que se hacían en esa época, está exactamente debajo de Punta Pájaros, en otra zona, pero entonces a funcionarios del gobierno del estado –quienes se percatan de que los ejidatarios originalmente beneficiados con esas tierras decidieron no quedarse– se les hizo fácil pasar el título de propiedad a otro lado” y propiciaron un traslape de predios que enredó más el conflicto.
“Eso no se debería hacer, pero en aquellos años las mediciones eran con coordenadas geodésicas, no como ahora, que son puntos únicos universales. Las coordenadas geodésicas dependían de un punto de referencia, que en este caso era Punta Piedra, precisamente”, añade.
A principios de los noventa, continúa, funcionarios de la SRA les dijeron a los nuevos ejidatarios que los terrenos de playas son suyos y desde luego decidieron tomar posesión del área.
Entonces, relata el abogado, “los particulares iniciaron acciones penales de despojo que nunca procedieron porque lo que tutela el despojo es la posesión, no quién tiene el mejor derecho que otro, y como nunca pudieron acreditar que ellos tenían la posesión previa sobre los predios, nunca tuvieron éxito por la vía penal. Entonces intentaron varios juicios civiles reivindicatorios”.
No obstante, explica, “las autoridades locales se dieron cuenta de que no estaba definido si el conflicto es de materia agraria o civil, entonces fueron muy prudentes para llegar a resoluciones o sentencias cuyo efecto hubiera sido ordenar el desalojo para entregar (las tierras) a su supuesto propietario”.
Cuando los ejidatarios fueron a tomar posesión de las playas –relata a su vez Juan Chío–, encontraron ya operando varios pequeños hoteles cuyos propietarios compraron los lotes a Cámara Peón y Eric Norton. Finalmente llegaron a acuerdos con varios de ellos.
“Estamos hablando de principios de los noventa, cuando la plusvalía no era muy alta acá. Playa del Carmen no existía, menos Tulum. Hoy la zona ha ganado una gran plusvalía y el metro lineal de playa llega a costar hasta 1 millón de dólares, pero ¿quién se mete a invertir donde no hay seguridad jurídica?”
Los riesgos no son únicamente jurídicos. Alrededor del caso han ocurrido muertes e incluso desapariciones. Por ejemplo, el periodista Alberto Velázquez, director del diario Expresiones de Tulum, fue asesinado de un balazo en diciembre del año pasado, un día después de que publicó una serie de reportajes sobre el despojo de tierras en la zona. Antes de morir señaló como su homicida a El Biónico, un escolta del exalcalde Marciano Dzul.
El propio Antonio González Avilés desapareció sin dejar rastro en los noventa, durante un viaje aéreo a Cozumel, municipio al que entonces pertenecía Tulum. “Se presume que fue arrojado al mar”, dice Juan Chío, quien a su vez sufrió un intento de homicidio por la misma disputa, el cual atribuye a los Garza Ponce, quienes disputan sus tierras.
Narra que al principio arrendó un predio: “Pagué por adelantado la renta de 10 años y luego compré tierras. Establecí algunos negocios, como el hotel Hemingway, Cabañas Don Juan y varias cosas más, y no hubo problemas”.
A partir de 2000, “cuando llevábamos más de una década de posesión pacífica de los terrenos –prosigue el hotelero–, un grupo de judiciales estatales llegó a detenerme por una averiguación previa de supuesto despojo. Me tuvieron en la cárcel, me torturaron física y mentalmente para que entregara las tierras. Argumentaban que yo recientemente había llegado con una bola de golpeadores y me había metido en ellas ilegalmente, pese a que mostré toda la documentación que amparaba que desde 1996 me di de alta en el municipio y estaba pagando impuestos.
“En otra ocasión, en 2002, un grupo de choque que tuvieron aquí durante dos años me golpeó, me tumbaron los dientes, me rompieron las costillas y me arrojaron al mar esperando que ahí muriera, pero sobreviví.”
Indica que los golpeadores fueron echados por los colonos y posesionarios, que se armaron con palos, piedras y machetes.
Posteriormente “a mí me dieron un amparo y les gané a los Garza Ponce lo civil, lo penal y lo agrario, pero el asunto no termina. Creo que ahora me van a inventar un pleito familiar o mercantil, como en el caso de los hoteles aledaños a la Casa Magna, cuyos propietarios recientemente fueron despojados por Carlos González Nuño”.
Entrampados
Justo cuando ya se vislumbra una solución definitiva del conflicto, el despojo de tierra se agrava.
El abogado López Joers expone que entre los diversos juicios agrarios, en estos momentos se ventila uno que inició en 2008. Como parte de éste, el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chetumal, ordenó levantar un censo de los posesionarios de la zona de playa para llamarlos como terceros con interés jurídico. Se espera que el conflicto sea resuelto a mediados de 2012.
En este litigio “el ejido lleva a juicio a la SRA para que corrija su colindancia, el posesionario demanda de manera individual al ejido y el tribunal llama a todos para llegar a un acuerdo”.
Explica que “el ejido percibe que por esta vía se le ha complicado obtener una sentencia porque también están citados los particulares que están en posesión de los terrenos y, obviamente, con cualquier tipo de sentencia que se dé habrá amparos y será un juicio largo. Por eso los ejidatarios acordaron con gente del tribunal que los posesionarios de manera individual demanden al ejido, con el fin de llegar a un convenio en una próxima audiencia y tratar de resolver el conflicto en una asamblea de formalidades especiales para asignar y emitir certificados parcelarios”.
Además, comenta, “como los particulares, que también son parte de este juicio, se percatan que ya el Tribunal Agrario está avanzando a través de este tipo de juicios individuales y a través de convenios donde ellos no tienen la posibilidad de avanzar, también buscan cómo ganar mediante procedimientos civiles, a los que tienen título de propiedad”.
Para Chío, los particulares “andan buscando apoderarse de toda la franja costera a como dé lugar para meter megadesarrollos. Yo me dedico a la consultoría y he traído inversiones por más de 500 millones de dólares a la zona, pero ahora que me preguntan los chinos, los estadunidenses y los canadienses si pueden invertir en Tulum, les digo que no, primero que nada porque no es segura su inversión”.
Agrega: “Acá nos crearon un parque nacional a fuerzas. Tenemos una zona en conflicto, que es el ejido Pino Suárez, donde llevamos más de 20 años de juicios agrarios, y después una reserva ecológica: esa es toda nuestra costera. No se puede hacer nada así.
“El nuestro fue el último ejido en certificarse –puntualiza–, apenas el año pasado y con un chorro de condicionantes. El ejido es manejado como una compañía, ya nadie trabaja la tierra y los derechos ejidales se utilizan casi como acciones ejidales; les estamos regresando las tierras a los grandes caciques”… Concretamente señala el caso del familiar de Roberto Hernández, “pero ante esto muchos se quedan callados”. l
