Señor director:
Varios vecinos del fraccionamiento Privadas de Santa Matilde, ubicado en Zempoala, Hidalgo, expusimos al dueño y apoderado legal de la Inmobiliaria Zeuqram, S.A. de C.V., Guillermo Alejandro Márquez Camacho, la mala calidad de las viviendas que nos vendió cuatro años atrás.
Previamente habíamos hecho pruebas de resistencia de concreto y tomado muestras en algunas de las construcciones de las privadas 83 San Emeterio y 81 San Eladio, en acciones donde participó personal de la misma inmobiliaria. Recurrimos enseguida al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (Imcyc), donde se obtuvieron valores muy bajos para lo que debería tener una casa habitación, y en varios casos no se había cumplido con lo estipulado en el Reglamento de Construcción de Pachuca de Soto, Hidalgo.
La mala calidad de las viviendas fue ratificada tras una inspección por la Dirección General de Protección Civil del Estado de Hidalgo (única institución del gobierno del estado que ha cumplido con su responsabilidad), a cargo del licenciado Miguel García Conde Álvarez. En su dictamen indica que debe darse la evacuación inmediata de cada uno de los inmuebles que revisó, aun de aquellos que no contaban con resultados de pruebas de resistencia de concreto pero que sí presentaban anomalías similares.
Entonces exigimos al señor Márquez Camacho resolver los problemas, pero él desestimó lo indicado por Protección Civil de la entidad, y aunque de acuerdo con la póliza de garantía está obligado a dar solución en un plazo máximo de 30 días, no lo ha hecho después de cumplido el plazo.
Todo esto se notificó a las autoridades estatales y municipales, empezando por el gobernador José Francisco Olvera Ruiz y el presidente municipal Guillermo Nicolás Martínez Sánchez, pero nadie ha actuado para que la empresa responda por los daños estructurales y los abusos cometidos en contra de las familias.
Por el contrario, varios funcionarios municipales y estatales, en vez de aplicar las normas y procedimientos, han tratado de servir sólo como parte conciliadora entre nosotros y el dueño de la inmobiliaria, lo cual demuestra la colusión entre funcionarios y el señor Márquez Camacho, quien para empezar no cuenta con las licencias de construcción para edificar la unidad habitacional, además de que ya empezó una nueva etapa del fraccionamiento.
Por lo anterior, y como portavoces de los vecinos, reclamamos aplicar las leyes en la materia, suspender las obras que construye el señor Márquez Camacho, y ordenar la demolición y reconstrucción de las viviendas que se encuentran en mal estado.
Es importante resaltar la necesidad de que personal de Protección Civil y de Obras Públicas haga una inspección a todo el fraccionamiento, pues no sólo hay defectos en el aspecto estructural de las viviendas, sino también carencias en lo concerniente a la urbanización: sistema de agua potable y alcantarillado, red de energía eléctrica, vialidades y equipamiento en general, que incluye escuelas, áreas deportivas y comerciales, etcétera. (Carta resumida.)
Atentamente
Vecinos afectados: María de Lourdes García Rodríguez, Leticia Hernández Ortiz, Patricia Hernández Rojas, Helier Andrade Aragón, Carlos Alfredo de Jesús Escalante Ceballos, Alberto Miranda Arnalt, Martín Pedro Pérez Peña, María Patricia Sandoval Tapia, Luis Ramos Jiménez, Miguel Ángel Murillo Cruz, Enrique Ramos Jiménez y María Leticia Hernández de la Rosa (responsables de la publicación)
