MONTERREY, NL.- Semanas antes de la muerte del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, la dependencia que encabezaba fue encontrada responsable de permitir la operación ilegal o irregular del casino Royale, siniestrado el pasado 25 de agosto en esta ciudad.
A dos meses y medio del atentado perpetrado por zetas donde murieron 52 personas, no ha sido entregado por la Procuraduría General de la República (PGR) ni por la General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJE) el peritaje sobre las causas, detalles y responsabilidades de la conflagración y la matanza.
El diputado local priista César Garza Villarreal precisó en entrevista que la PGR, encargada inicial del análisis pericial, decidió ocultar los resultados porque las conclusiones señalan como primer responsable a la Secretaría de Gobernación (Segob), por permitir que el inmueble estuviera abierto aunque carecía del permiso correspondiente.
A su vez, Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado local priista, denunció que la Segob “hizo todo lo posible” por impedir que la legislatura de Nuevo León, que creó una comisión especial para conocer las causas de la tragedia, llegara al fondo de la verdad en el caso de los permisos.
Según Garza Villarreal, desde que la casa de apuestas entró en operaciones, en 2007, atropelló numerosos ordenamientos legales para trabajar, y lo hizo ante la ceguera voluntaria del gobierno federal, que determinó proteger a sus funcionarios antes que esclarecer los hechos.
El 9 de septiembre pasado, la PGR declaró que se encargaría de los peritajes del inmueble. Sin embargo, inesperadamente, el 24 de octubre la dependencia le pasó la responsabilidad a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
De acuerdo con Garza, este giro obedeció a una evidente intención de la PGR de entorpecer la acción de la justicia dirigida a sancionar a los funcionarios que otorgaron permisos ilegalmente a los propietarios del Royale.
Hay suficientes indicios, dijo, de que las mayores fallas ocurrieron en la Segob, pues fueron sus direcciones y subdirecciones las que prohijaron una acumulación de ilegalidades que permitieron que la casa de apuestas nunca fuera clausurada.
Por eso, aseguró, no ha sido abierto el expediente criminalístico de los análisis efectuados en la escena del crimen, ni el estudio del funcionamiento legal del negocio de apuestas que ya había elaborado la dependencia federal.
“En el tema de la revisión documental y pericial de este caso, es decir, lo que apunta a la responsabilidad de servidores públicos, es evidente que la PGR sintió que era un camino poco estable. Yo atribuyo eso a una estrategia de protección de otras dependencias de carácter federal, concretamente la Secretaría de Gobernación, e indirectamente la de Hacienda, que tiene facultades en la revisión de montos de apuestas y pagos y tipo de máquinas que operan”, declaró Garza Villarreal, entrevistado antes del accidente aéreo del 11 de noviembre, en el que perecieron Blake Mora y otras siete personas.
Garza integró la Comisión Especial del Congreso de Nuevo León que investigó las causas administrativas que permitieron el funcionamiento del inmueble ubicado en el número 205 de la avenida San Jerónimo, en la colonia del mismo nombre.
El grupo de trabajo pluripartidista se reunió durante 40 días, del 14 de septiembre al 24 de octubre, para analizar centenares de documentos relativos al funcionamiento del casino que era manejado por Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), ubicada en Monterrey, en estrecha relación con la empresa Conexiones y Mangueras (Cymsa), a cargo de Raúl Rocha, actualmente refugiado en Estados Unidos.
Una persona que trabajó cerca de la llamada “Comisión de la Verdad” reveló, bajo la condición del anonimato, que hubo numerosas presiones del gobierno federal para impedir que los legisladores de Nuevo León llegaran al fondo del enredo de ilegalidades en que operaba el casino Royale.
Sabían los funcionarios federales que la responsabilidad de la apertura irregular del casino dependió todo el tiempo de la Secretaría de Gobernación que, como divulgaron los comisionados en sus conclusiones, tiene un completo desorden en el rubro de los permisos de operación de casas de apuestas y salas de juego, según el informante.
El lunes 24 fue entregado el reporte final de la “Comisión de la Verdad”, el cual revela que, del total de 13 puntos establecidos en las conclusiones, ocho se refieren a fallas de la dependencia que encabezaba Blake Mora.
Se concluyó que el casino Royale abrió el 1 de noviembre de 2007 en la calle San Jerónimo 205 con un permiso de la Segob a favor de AEV, pero el 9 de septiembre de 2008 los propietarios decidieron cambiar de domicilio a la avenida Enrique C. Livas 210, de la colonia Cumbres Primer Sector, de Monterrey.
Sin embargo, el local de San Jerónimo siguió abierto, con lo que se consumó la clonación del permiso.
Investigación trunca
Raúl Rocha, propietario del Royale, no presentó a la Segob copia de la póliza de responsabilidad civil para los clientes y empleados ni seguro para equipos e instalaciones, requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS).
La puerta del casino estaba a por lo menos 54.37 metros de un colegio y de varios centros de trabajo, en violación del artículo 9 de la misma ley.
Asimismo, en violación del artículo 22, la Segob ignoró el hecho de que el casino Royale carecía del permiso municipal para operar. Además, AEV le cedió el manejo del casino a Cymsa sin notificarlo a la Segob. Igualmente, se identificó otra falta en violación del artículo 30 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Gobernación faltó a los artículos 17, 18 y 19 al no actualizar en su portal de internet los permisos otorgados, al no precisar quiénes son los operadores de los casinos y cuáles los estados financieros, procedimientos administrativos, resoluciones y sanciones respectivos.
Por su parte, el ayuntamiento de Monterrey incurrió en cuatro faltas, según la “Comisión de la Verdad”.
En la pasada administración de Adalberto Madero, los inspectores no verificaron el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de la casa de apuestas.
El ayuntamiento se demoró un año para percatarse de que el casino se había ampliado y remodelado sin autorización.
Inspección y Vigilancia del municipio dio permiso de venta de alcoholes a un local que se presentó como restaurante cuando en verdad era la casa de apuestas casino Royale.
La misma dependencia avaló la instalación del casino al asegurar que a 200 metros a la redonda no había centros educativos, aunque a poco más de 50 metros se encuentra el Liceo Los Rosales.
La única falla que la Comisión Especial encontró al gobierno estatal, de extracción priista, consistió en que Protección Civil de la entidad hizo sólo una inspección al casino, el 3 de septiembre de 2007, pero la revisión fue efectuada antes de que abriera sus puertas, el 1 de noviembre de ese año. Y después de dar el visto bueno, ya no volvió a acudir al lugar para verificar el cumplimiento de las recomendaciones que había dictado.
El 1 de noviembre, el diputado Gutiérrez de la Garza reveló que finalmente la Segob le entregó información que habían solicitado desde el 1 de septiembre sobre las condiciones en que trabajaba el casino siniestrado.
El presidente de la disuelta “Comisión de la Verdad” encontró que la Segob siempre conoció la clonación de permisos, pero no envió inspectores a verificar la irregularidad.
Lo más preocupante de estos movimientos, dijo, es que no fueron hechos clandestinos, pues la dependencia siempre recibió notificación de ellos pero no revisó la legitimidad de los mismos.
“No entendemos cómo es que ninguna de estas informaciones le sonó suficientemente sospechosa a Gobernación para acudir a visitar el inmueble y preguntar quién lo operaba, y esa fue la razón por la que el 25 de agosto, el día de la tragedia, no sabían quién operaba el casino Royale”, explicó el diputado.
“Las empresas mencionadas notificaron que estaban operando el casino Royale, y la Secretaría de Gobernación no fue a inspeccionar el lugar. Eso es negligencia extrema o corrupción evidente, no hay más”, acusó.
Diputados federales del PRI de Nuevo León pidieron el 3 de septiembre que hubiera una auditoría a Gobernación por incurrir en la entrega de permisos ilegales a los casinos.
En conferencia de prensa, en nombre de los legisladores tricolores, Eduardo Bailey pidió: “Es necesario poner un alto a la corrupción que ha prevalecido para permitir la operación ilegal de estos centros de apuestas. Por un lado, el gobierno federal persigue al crimen organizado y, por otro, tiene la mano laxa para dejar que de manera ilegal operen centros de apuestas en distintas regiones del país, por lo que es necesario hacer caer todo el peso de la ley a todos aquellos que la infrinjan, trátese de quien se trate”.
El alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza, quien encabeza en Nuevo León una lucha contra la apertura de los casinos, manifestó en entrevista con el reportero que el fallecimiento de Blake Mora no impedirá que sean encontrados los presuntos responsables de permitir que el casino Royale fuera abierto de manera irregular.
“No hay que confundir instancias personales con institucionales. Las organizaciones tienen que hacer su trabajo, sean procuraduría, Protección Civil… sin ponerle nombre a las dependencias. Si uno ya no atiende una dependencia, habrá otro que la tenga que atender”, señaló.
El edil panista refirió que se aprestaba a presentar una controversia constitucional en contra de la Segob, notificándosela directamente al secretario Blake, para defender el artículo 115 constitucional, relacionado con la autonomía de los municipios que, en el caso de los casinos, podían decidir dentro del marco legal a qué establecimientos otorgar permisos.
Sin embargo, ante la tragedia, dejará que transcurra un tiempo prudente, por el duelo nacional, para notificar a la Segob, aunque en breve activará la controversia constitucional.
