Considerada como la más importante reforma estructural en lo que va del sexenio, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –presentada como suya por el presidente Fox a pesar de que el Congreso y grupos civiles hicieron contribuciones clave al proyecto y a su formulación– enfrenta numerosas dificultades aun antes de comenzar a operar.
Indefiniciones administrativas, controversias por la integración del órgano correspondiente, congestión informativa, avalanchas de litigios y serias dificultades para poner orden en el caos de los acervos de las dependencias públicas, pueden dar pie a una frustración social e inclusive a un “torneo” de los medios de comunicación para exhibir las ineficiencias.
Tales son algunas de las previsiones de los especialistas consultados por Proceso.
Aprobada por unanimidad en el Congreso el 30 de abril –aunque por un “olvido” de la Secretaría de Gobernación fue promulgada un mes y medio después–, la nueva ley dará su siguiente paso con la integración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, “piedra angular” de su vigencia y ejercicio.
Para ello, el presidente Fox tendrá que enviar al Senado, a más tardar este miércoles 11, su propuesta de los cinco comisionados del Instituto que, entre otras obligaciones, tendrán la de resolver los litigios entre ciudadanos y servidores públicos sobre información gubernamental.
Sin embargo, aún no se sabe qué dependencia les pagará sus sueldos el resto del año, dónde se instalarán sus oficinas, de qué equipo dispondrán y cuál será su personal de auxilio. Por cierto que, al ser propuestos, los cinco comisionados –cuyo cargo durará siete años– deberán ser ratificados por el Senado.
Empezarán a erigir la institución destinada a garantizar la operación de la ley, y dentro de nueve meses –a partir del 12 de junio del 2003, cuando los ciudadanos puedan solicitar información a las dependencias gubernamentales– afrontarán una “cascada” de litigios derivados de las peticiones.
La integración de la lista de los comisionados está a cargo del subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles.
Por lo pronto, el presidente de la asociación civil Libertad de Información-México, Ernesto Villanueva, considera que “el Instituto va a cumplir con una función de gran trascendencia, y en él se deposita en buena parte el éxito de la nueva ley. Es la piedra angular. De ahí que es muy importante que los miembros de esa institución gocen de las mejores prendas morales, de conocimiento y reconocimiento de sus pares”. Sería “inadmisible”, dice, que se pretendiera incluir a funcionarios y a “embajadores” de los medios.
Coincidente, Sergio López Allyón, empapado en el tema como funcionario de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (Cofemer), afirma que la independencia y la autonomía, así como la mesura y la capacidad de ponderación de los comisionados serán esenciales para un adecuado funcionamiento de Instituto.
Encartes y descartes
El problema es que la integración de la lista se le ha complicado a la Secretaría de Gobernación, como ocurrió con el hecho de que uno de los principales prospectos para integrar el Instituto, Luis Carlos Ugalde, no aceptó la invitación.
“Desafortunadamente los trenes no pasan a veces a la hora adecuada y uno tiene que ser responsable con un compromiso institucional y con algo que a uno le gusta, como a mí la investigación”, explica a Proceso el director de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Otro de los candidatos contemplados por el gobierno es el jurista Jorge Islas, director de Proyectos Jurídicos de Televisión Azteca, pero enfrenta el veto del Grupo Oaxaca, el organismo civil que integró a expertos, periodistas, medios y organizaciones no gubernamentales y que hizo aportaciones fundamentales a la nueva ley.
Miembro del Grupo Oaxaca, en vías de disolución, Islas es acusado por sus excompañeros de autopromoverse. “Es una decisión personal de él buscar ser comisionado, pero también es legítimo de nuestra parte impedir que cualquier miembro del Grupo Oaxaca pudiera serlo”, dice Villanueva.
El reportero buscó a Islas en Televisión Azteca y en su teléfono celular para consultarlo al respecto, pero declinó hacer cualquier pronunciamiento.
Apenas el 5 de agosto, la asociación civil Libertad de Información México, que agrupa a periodistas y ONG, acordó no acepar formar parte del Instituto y vigilar que el gobierno integre la institución con personas técnicamente capaces y moralmente solventes, ajenos al gobierno y a intereses de grupo.
“El problema no es sólo que estén vinculados al poder público, sino que no estén vinculados a poderes privados –dice Villanueva–. Porque puede haber representantes de poderes privados que pudieran distorsionar la información o los flujos informativos para lograr la violación o la secrecía incorrecta de la información y difundirla con fines de carácter mercantil, metaperiodístico o de otro tipo.”
–¿Los privados son los medios de comunicación?
–Sí, o cualquier grupo de interés, cualquier organización. Aquí no debe haber presión de ningún tipo.
Consultado al respecto, al subsecretario Durán garantizó que prevalecerían criterios de capacidad, honestidad y equilibrio en las profesiones, perfil que cumplían cerca de medio centenar de profesionales y que se fue reduciendo a una docena.
Extraoficiamente, entre los prospectos se encuentran Juan Pablo Guerrero, del CIDE; Miguel Ángel Sánchez de Armas, a cargo de la televisión del gobierno de Veracruz; Loreta Ortiz Ahlf, directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y María del Carmen Pardo, experta en administración pública de El Colegio de México.
“Frustración”, efecto inmediato
El instituto realizará una vasta actividad. De acuerdo con la ley, le corresponde promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
Presidido por uno de los cinco consejeros, quienes lo elegirán, la institución tendrá que establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, así como orientar y asesorar a los ciudadanos para hacer sus solicitudes.
Los consejeros, además, lidiarán con la Secretaría de Hacienda para negociar su presupuesto, y con los legisladores, a los que deberán informar, anualmente y con detalles, sobre los resultados de su desempeño, conforme al reglamento y las reglas de operación.
Otra de las funciones del Instituto será coadyuvar con el Archivo General de la Nación (AGN) en la tarea de elaborar y aplicar criterios para la catalogación y conservación de documentos, así como organizar archivos de las dependencias del gobierno.
Ante ese panorama, la directora del AGN, Stella González Cicero, se dice preocupada por la labor de ordenar toda la información que será abierta al público a partir de mediados de junio del próximo año.
“Estamos preocupados y haciendo nuestro máximo esfuerzo hacia todas las áreas federales”, dice en entrevista, en vísperas de la conmemoración del vigésimo aniversario del traslado del AGN al Palacio de Lecumberri.
Y es que, además de las mencionadas carencias que afrontarán los comisionados para instalarse, se anticipa que encontrarán una ingente falta de orden en la documentación oficial, sobre todo en algunas dependencias que acusan un enorme rezago.
Jurista con experiencia en la administración pública y experto en el tema, López Allyón identifica a las secretarías de Educación Pública, de la Reforma Agraria, de Desarrollo Social y de Turismo, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, como las dependencias y organismos que sufren el mayor atraso en este aspecto.
Y prevé: “Habrá un número importante de solicitudes para comprobar si opera o no la ley. Es decir, se va a poner a prueba. Habrá solicitudes que sean probablemente inexactas o imprecisas como para que sea muy difícil responderlas y que van a buscar la nota.
“¿Qué va a pasar? Que no les van a dar respuesta o emitirán una respuesta muy genérica, o bien, se proporcionará tanta información que será muy difícil procesarla de manera eficiente. Lo previsible es que la nota sea: ‘La ley no funciona’. Ya estoy viendo los titulares.”
“Embajadores”, no
Por eso Ugalde, autor de Vigilando al Ejecutivo y Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, dice que la integración de los comisionados del Instituto es fundamental.
“La credibilidad y prestigio de sus integrantes es muy importante en una sociedad como la mexicana, donde estos institutos semiautónomos requieren el peso personal de los individuos para que empiece la marcha y tengan capacidad de negociación frente al Ejecutivo y el Congreso, que tendrá que aprobar una ley orgánica del Instituto.”
Villanueva, catedrático de la Universidad Iberoamericana, dice que es importante que la propuesta que el presidente Fox envíe al Senado esté integrada con personas honorables, con reconocimiento sobre el tema e independencia del poder público y de los poderes privados.
-El responsable al final es Fox…
-Sí, pero el Senado tiene la responsabilidad de objetar a alguno o algunos de los integrantes en los siguientes 30 días. Si nosotros observamos que alguno o algunos no reúnen los requisitos adecuados, haríamos una denuncia pública y trabajaríamos con el Congreso, donde la mayoría es la que aprueba. Ojalá haya prudencia y sensibilidad. Qué necesidad de crear una controversia por tratar de imponer o sugerir a alguien.
