Copados por sandinistas, los poderes Judicial y Electoral anularon lo que establece la Constitución de Nicaragua: la prohibición de reelección continua o por más de dos periodos del presidente de la República. Ello permitió que el mandatario Daniel Ortega compita de nueva cuenta en las elecciones de este domingo 6. Ortega –quien ganaría, según las encuestas– ha contado con aliados disímbolos y poderosos, como el cardenal Miguel Obando y Bravo y el presidente venezolano Hugo Chávez, quien ha canalizado al sandinismo recursos que se manejan fuera del presupuesto nacional. MANAGUA. En enero de 2000 la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Ley Electoral de 1995. Gracias a ello, Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pudo reelegirse presidente en 2006. Más aún, en esa reforma está el origen de su eventual reelección continua en los comicios generales de este domingo 6. La Ley Electoral de 1995, promovida por la facción Renovadora Sandinista –una escisión del FSLN–, señalaba que sería electo presidente el candidato que obtuviera 45% de los votos válidos. Si ninguno alcanzaba esa cifra vendría una segunda vuelta entre los dos primeros lugares. El 45% de los votos válidos equivalía al monte Everest para Ortega, pues en 1990, cuando fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro, obtuvo 40.8%, y en 1996, cuando perdió ante Arnoldo Alemán, recibió 37.7%. Se acercaba, pero no alcanzaba la cumbre. Sin embargo, en 1998 Ortega negoció con el entonces presidente Arnoldo Alemán, su supuesto enemigo, para repartirse en partes iguales los cargos en los poderes del Estado, reformar la Constitución con el propósito de aumentar las atribuciones del Ejecutivo en detrimento de las de la Asamblea Nacional y modi ficar la Ley Electoral para fortalecer un modelo bipartidista que beneficiaría a sus organizaciones políticas: el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Los días 18 y 19 de enero de 2000, en cumplimiento del pacto Ortega Alemán, el Parlamento aprobó el proyecto de reformas a la Ley Electoral promovido por una comisión especial legislativa integrada por sandinistas y liberales. Al día siguiente, durante la discusión en lo particular, se sometió a votación la reforma al artículo 145 de la Ley Electoral, que establece declarar electos presidente y vicepresidente de la República a los candidatos que alcancen al menos 40% de los votos válidos, o bien que obtengan un mínimo de 35% y superen a los candidatos del segundo lugar por una diferencia mínima de 5 puntos. Esto puso la reelección presidencial al alcance de Ortega. Luego fue cuestión de esperar y dividir al votante antisandinista. En 2001 Ortega perdió frente a Enrique Bolaños por 42.3% contra 56.3% de los votos válidos, pero en 2006 le ganó a Eduardo Montealegre al obtener 38% contra 28%. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE, órgano rector de los comicios), dominado por el FSLN, jamás divulgó los números finales de esas elecciones, incluyendo 8% de votos que no se contabilizaron y que hubieran podido reducir la diferencia entre Ortega y Montealegre. De acuerdo con la ley, si ese margen hubiera sido menor a 5 puntos, los candidatos estaban obligados a la segunda vuelta. “Hasta el día de hoy, el Consejo Supremo Electoral nunca pudo dar las cifras definitivas de esas elecciones. Por boca de un magistrado liberal hoy sabemos que la cifra real de votos que sacó Daniel Ortega fue 29% y que el resto, hasta hacerlo llegar a 38%, se lo sumaron los magistrados del Consejo Supremo Electoral”, escribió en la revista Envío Dora María Téllez, la Comandante Dos del célebre asalto al Congreso somocista en 1978. Control electoral El 4 de octubre de 2002, después de tres meses de crisis interna en el CSE, Roberto Rivas fue reelegido presidente del organismo gracias al voto de los magistrados sandinistas. Esta reelección sorprendió a la opinión pública, ya que Rivas, protegido del cardenal Miguel Obando y Bravo, estaba al frente del Poder Electoral desde 2000 y su gestión dejaba mucho que desear. En ese momento el CSE estaba en bancarrota, acosado por una deuda de alrededor de 45 millones de córdobas (más de 3 millones de dólares). Pese a esa mala gestión y a la resistencia de los propios magistrados sandinistas del Poder Electoral, Ortega dio la orden de votar por la reelección de Rivas. Versiones periodísticas aseguraron que 48 horas antes Ortega se reunió con Obando y éste le pidió apoyo para su protegido, hijo de Josefa Rivas, asistente del prelado. En 2005 Rivas fue reelecto magistrado del Poder Electoral y presidente del CSE debido a que, de nueva cuenta, votaron a su favor la bancada del FSLN y los magistrados sandinistas en el CSE. En 2010, al cumplirse su periodo de cinco años, Ortega emitió el decreto ejecutivo 03 2010 que prorrogó la permanencia indefinida a 25 funcionarios de alto rango, entre ellos algunos magistrados del Poder Electoral, del Judicial y de la Contraloría General de la República. Rivas fue uno de los beneficiados. Éste ha respondido con lealtad y gratitud. En una entrevista concedida al Canal 13 de televisión, propiedad de Maurice y Camila Ortega, hijos de Daniel Ortega, Rivas se declaró partidario de la reelección presidencial pese a que la Constitución la prohibía. Lo hizo el pasado 8 de agosto, 12 días antes de iniciarse oficialmente las campañas electorales. “Pienso que la reelección es válida”, dijo al conductor del programa La Agenda. “Cinco años no son suficientes para resolver los problemas de un país como Nicaragua. Y lo podés ver… Hasta hoy estamos viendo los grandes resultados de muchos proyectos que se están llevando adelante por el Estado de Nicaragua… Así que yo estoy a favor de la reelección”. Meses antes, el 4 de abril de 2011, el Poder Electoral, presidido por Rivas y controlado por el FSLN, emitió la resolución 001 04/04/11 P.E.2011, que rechazó las impugnaciones que presentaron los partidos de oposición Liberal Independiente (PLI) y PLC contra la candidatura de Ortega. Los partidos argumentaban que dicha candidatura viola el artículo 147 de la Constitución, el cual establece que ni el presidente ni el vicepresidente podrán ser reelectos en forma continua ni podrán ser elegidos más de dos ocasiones (Ortega fue presidente de 1984 a 1990 y lo es de nuevo de 2006 a la fecha). En la resolución, los magistrados del Poder Electoral recuerdan que, desde el 19 de octubre de 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –bajo control sandinista– emitió la sentencia 504, en la que se declara la inaplicabilidad de la disposición contenida en el artículo 147 de la Constitución; por tanto –argumentaron los magistrados– se rechazan las impugnaciones. Así quedó registrada la candidatura de Ortega para ser reelecto de forma continua. Las ambiciones reeleccionistas de Ortega provocaron el rechazo de exmiembros de la dirección histórica del FSLN, entre ellos los comandantes Henry Ruiz, Víctor Tirado López y Luis Carrión, así como de figuras relevantes del sandinismo como Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez y Gioconda Belli. El pasado 28 de febrero, estos personajes difundieron un comunicado en el que señalan que la proclamación de Ortega como candidato –ocurrida dos días antes, el 26 de febrero– pasará a la historia como un día de vergüenza y de ira. Consultado en esa fecha por el reportero, el comandante Ruiz calificó de “barbaridad” la candidatura reeleccionista de Ortega, ya que, dijo, representa una violación flagrante del derecho y la Constitución, así como una aberración de los principios sandinistas que promulgaban la libertad y la lucha contra la corrupción. Alianza religiosa En las elecciones de 1996, Obando y Bravo celebró una misa a pocas horas de que se abrieran las urnas el 5 de noviembre de ese año y pronunció una célebre homilía referida a una víbora que se estaba muriendo de frío y que un parroquiano abrigó para salvarla. El animal, ya recuperado, lo mordió y mató. La prensa interpretó que estaba dirigida a Ortega y popularmente se le llamó “el viborazo”. Pero desde las elecciones de 2006 la historia ha sido otra. Ese año, el cardenal ya se había retirado. Se recluía en sus oficinas de la Universidad Católica (Unica), que fundó en 1992 con el propio Rivas. Pero en octubre, Ortega brindó a su nuevo aliado una muestra de su compromiso. La bancada sandinista votó a favor de prohibir el aborto terapéutico en Nicaragua, a pesar de que la legislación del país lo permitía para los casos de riesgo de muerte de la madre. En mayo de 2007, tras el triunfo electoral de Ortega, éste reincorporó a Obando a la vida pública. Y lo hizo por la puerta grande: emitió el decreto ejecutivo 49 2007, nombrándolo presidente de la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia, instancia que velaría por el cumplimiento de los acuerdos de reinserción socioeconómica de los desmovilizados de la guerra civil de los ochenta. Gracias a los fondos provenientes de la cooperación venezolana, esa comisión ha impulsado su programa insignia: Plan Techo, consistente en entregar láminas de zinc a familias cuya vivienda tenga techo de plástico, cartón o palma. Al 23 de agosto de 2011, según cifras oficiales, el programa había beneficiado a 226 mil familias. Además, la comisión ha repartido tierras, semillas y títulos de propiedad a desmovilizados de la Contra, de las fuerzas armadas sandinistas y de sectores católicos y evangélicos. Por otra parte, la Unica, actualmente dirigida por una hermana de Rivas, recibe una partida anual de unos 12 millones de córdobas (más de medio millón de dólares) por capacitar y preparar al magisterio nacional. Ese monto sale del presupuesto nacional con el rubro de subvenciones y no existía en la administración anterior, la de Enrique Bolaños. “Algunos dicen que estoy favoreciendo al gobierno, pero yo he tratado de ayudarlo porque me parece que es una cosa buena. Por ejemplo, darle Plan Techo a la gente pobre (…) Creo que ha hecho un esfuerzo el gobierno y tenemos que reconocerlo. ¡Se ha hecho bien!”, dijo Obando al Canal 13 el pasado 27 de octubre. Y enfatizó: “Voy a votar naturalmente, si Dios quiere, a menos de que esté enfermo. Y voy a elegir a la persona que se interesa mucho por la gente que tiene menos recursos”. El factor Chávez Hay triunfalismo en las filas gubernamentales. Su empresa encuestadora, Consultora Siglo Nuevo, realizó un sondeo entre el 27 y 30 de octubre. Sus resultados favorecen a Ortega con 59.6%. Le sigue de lejos Fabio Gadea, candidato del PLI, con 15%. “Los gobiernos se desgastan en el ejercicio de la gestión pública, pero aquí se observa otra tendencia. Creo que el uso efectivo de la cooperación venezolana, a través de esos programas pequeños, que están aliviando la dureza de la vida cotidiana, es lo que está marcando esa tendencia positiva para Ortega. Ha quedado atrás el factor miedo, que provocaba un gobierno sandinista”, dijo Arturo Cruz, exembajador del gobierno de Ortega en Washington, durante una entrevista con el Canal 8. Según cifras oficiales, de 2007 a 2010 la cooperación venezolana petrolera, bilateral y en inversión directa, suma mil 595 millones de dólares. Esos recursos no pasan por el presupuesto nacional. Son administrados por una sociedad anónima denominada Albanisa, en la que Venezuela tiene 51% de las acciones. Los denominados fondos sociales son canalizados a través de la cooperativa Caruna, controlada en su totalidad por sandinistas. En 2006 esa cooperativa reportaba apenas un patrimonio de 29.3 millones de córdobas (poco más de 1 millón de dólares). Actualmente ronda los 3 mil 500 millones de córdobas (unos 150 millones de dólares). Cruz no se fía de las encuestas oficiales pero sí de la tendencia que están marcando las independientes, como CIDGallup o M&R Consultores, que afirman que Ortega ganaría con un margen de 15%. Cruz intuye que Ortega cuenta con altísimas posibilidades de resultar reelecto este 6 de noviembre, ya que el denominado factor “güegüense” (decir que se prefiere a un candidato pero votar por otro) tiene poco peso. Una encuesta del Centro de Investigaciones de la Comunicación indica que los votantes indecisos representaban en octubre menos de 15%. La propaganda de Ortega apunta a vender la idea de que ganará con más de 58% de los votos, cifra que va más allá de su marca histórica. Dora María Téllez pone en duda ese triunfalismo: “Ortega necesita hacer fraude porque sabe que no tiene mayoría. Su candidatura es ilegal y lo será hasta el último día. Todos los votos que reciba serán ilegales”, dice a Proceso. Y añade: “El orteguismo es un organismo parasitario del Frente Sandinista que está acabándolo, aniquilándolo. Ortega se está convirtiendo en un nuevo Somoza, se está imponiendo como un tirano”.
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