Alberto Barranco Chavarría
Aunque la bronca es entre Carlos Slim Helú y Roberto Hernández, la guerra la libran los países, por más que las trincheras las caven las empresas… y la libren los papeles.
En un espeso documento de 300 páginas -pálido, sin embargo, frente a las 10 mil con que Teléfonos de México planteó su defensa ante el emplazamiento a sufrir la llamada regulación de dominancia-, la empresa Avantel solicita la revocación inmediata, es decir, 40 años antes del vencimiento de su vigencia, del título de concesión, o si lo prefiere, la licencia para operar de la principal telefónica del país.
Las acusaciones en la mesa, empero, apuntan hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Telmex incumplió su compromiso de instalar cinco cabinas telefónicas públicas por cada mil habitantes, cuyo plazo de acción venció en 1998…
La oferta pública de la empresa privatizada, hace más de una década -con permiso para operar durante un lustro sin opción de competencia-, de congelar sus tarifas de larga distancia no cuenta con el aval de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
La compañía opera con subsidios cruzados, es decir, las ganancias de una parte de ella apuntalan las pérdidas de otra, en afán de sacar del mercado a la competencia.
Peor aún, Teléfonos de México es reo de delitos federales al violar flagrantemente la Ley de Vías Generales de
Comunicación.
Lo curioso del caso es que la firma propiedad del grupo financiero Banamex-Accival y la estadunidense MCI World Com, apuntala su denuncia -a la vera de la cual anuncia la exigencia de una millonaria indemnización-, con dos acciones que la denunciada comete por miles, día a día, en perjuicio de cualquier hijo de vecino…
Slim, dice la queja, nos cortó parcialmente el servicio en dos ocasiones, una en 1997 y otra en 98… alegando falta de pago.
El jaque se planteó justo dos horas después de que la representante Comercial de Estados Unidos, Charlene Barshefsky, notificara oficialmente al gobierno de México sobre la solicitud de su país ante la Organización Mundial de Comercio de solicitar negociaciones formales antes de pedir la integración de un panel de solución de controversias.
Ahora que del otro lado, también se lanzaron patadas con cara de misiles: Tras señalar que no es el más rico de México, sino el más sabroso, el presidente de Teléfonos de México, Carlos Slim Helú, habló de la viga en el propio: Mis acusadores allende el Bravo, es decir, la propia MCI World Com y AT&T, la socia de su otro rival en el mercado de larga distancia, Alestra, integran un duopolio en su país…
Más allá, acusó a ambas empresas que operan en México de violar la Cláusula Calvo, al invocar la protección de un organismo internacional en perjuicio de su compromiso de someterse a las leyes mexicanas, para rematar con un ultimadamente-que-me-paguen-los-420-millones-de-dólares-que-me-deben.
Lo cierto es que las batallas se iniciaron la mañana misma en que se abrió la competencia. Y aún antes: En enero de 1997, cuando se diseñaban apenas las reglas del juego para abrir la competencia en el mercado de larga distancia, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por acuerdo de su Comité Interno de Contratación de Tarifas y Crédito, firmó con Telmex 58 contratos de exclusividad “para la prestación del servicio de telefonía local y de larga distancia”, con alcance para mil 561 aparatos y vigencia hasta el año 2000.
Desde otro ángulo, Teléfonos de México levantó al mes siguiente ante la Procuraduría General de la República el acta circunstanciada 70/79 4ª., contra la joven Claudia Verónica García Sánchez, a quien se acusó de violación de correspondencia, al estar manipulando dos sobres con boletas de presuscripción para el servicio de larga distancia, además de tener en su poder formatos para la contratación de la empresa Avantel.
Más allá, un grupo de trabajadores del Servicio Postal Mexicano subordinados a la Administración de Correos de Puebla, recibió una circular advirtiéndoles que la empresa Alestra estaba pretendiendo gratificar con dinero en efectivo y comidas al personal que la apoyara en la recolección y aun el llenado de boletas similares.
Ahora que la gerencia del hotel Royal Courts de Monterrey, afiliado a la cadena Best Western, le hizo llegar a Teléfonos de México una carta en la que se quejaba que sus líneas habían sido interconectadas a la compañía Alestra, “lo que nos ha ocasionado una serie de problemas al no funcionar nuestro tarifario telefónico con el movimiento”.
¿Alguien sabe dónde se escondió desde entonces la autoridad?
