La corrupción es un mal nacional, pero en Jalisco ya está en un nivel crítico y tiene en descomposición los sistemas de administración y procuración de justicia. Lo dicen varios especialistas en derecho: la venalidad de jueces, funcionarios judiciales, agentes del Ministerio Público y de los abogados provocó que la élite financiera ya no recurra a tribunales, sino que cada vez más acuda a intimidadores o extorsionadores para “arreglarse” extrajudicialmente con la contraparte.
La deficiente operatividad en muchos procesos, la escasez de recursos económicos, el rezago en la atención de juicios, la carencia de infraestructura y la corrupción de funcionarios y bufetes conducen al Poder Judicial de Jalisco a un callejón sin salida, denuncia el abogado y analista Luis Rabinal González Rodríguez.
En entrevista con este semanario, afirma que este Poder ha entrado en una fase de descomposición que nadie quiere atender porque las instituciones de procuración y administración de la justicia están “escleróticas”. Situación, dice, que amenaza con romper el orden legal y desatar una nueva ola de violencia con ataques y atentados contra funcionarios judiciales, jueces o agentes del Ministerio Público coludidos con los delincuentes.
De plano señala que la gran maquinaria del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), desde el inicio de cualquier juicio civil, mercantil, familiar o penal, se alimenta con “mordidas” y “gratificaciones”, que se traducen en apoyos anormales a los litigantes por parte de funcionarios y empleados del Poder Judicial. A su juicio, la corrupción en el sistema de impartición de justicia supera 80% de los procesos, y aunque todo se maneja por debajo de la mesa, “se percibe un mercado negro de la justicia”.
González Rodríguez recuerda que en un juicio donde él era el agraviado tuvo que consultar al presidente de la Segunda Sala Penal, Guillermo Valdez Angulo, quien antes de saber de qué se trataba le preguntó sin rubor si su caso “era de negocios o de amigos”.
“Él (Valdez Angulo) creía que yo iba en calidad de litigante y representando a un cliente. Le dije que cuál negocio, que se trataba de un asunto personal. Posteriormente le habló al amigo que me contactó con él e insistió en preguntar si se trataba de un negocio”, dice el abogado, quien reitera que sólo quería aclarar algunos puntos de la sentencia en su contra en el despojo de un terreno de su propiedad, ubicado en Tlajomulco.
“Lo busqué porque me entraron muchas dudas sobre la sentencia, sobre todo porque, en un análisis serio, cualquier persona con un mínimo de conocimiento del derecho o cualquier técnico en asuntos procesales puede comprobar fácilmente que lo que hicieron en el caso sencillamente fue una marranada.”
Con base en su propia experiencia, González Rodríguez denuncia que no obstante las numerosas quejas contra magistrados y jueces, nadie los llama a cuentas. Calcula que la corrupción en el STJ ronda 70%, mientras que en los juzgados llega a 80%: “Ahí todo va con mordida, desde la notificación para que salga un acuerdo rápido hasta la obtención de unas simples copias.
“Las ‘gratificaciones’ te cuestan 100, 200 y hasta 500 pesos tan sólo en los trámites del manejo de barandilla del expediente, pero ante al juez el asunto se abre a la negociación y en ese nivel la cuota sube a 50 mil, 100 mil pesos o más.”
Por eso él propone, entre otras medidas preventivas, que se hagan exámenes de confianza a los jueces, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura. “Que se les aplique una prueba de ácido: deben decir cuánto tienen (desde el inicio de sus carreras), qué tarjetas de crédito usan, a dónde y cómo viajan, qué bienes están a nombre de su esposa o sus hijos; todo esto para salir de dudas y ubicar a personas cuya riqueza no corresponde a sus sueldos”.
Es la única forma segura de detectar el enriquecimiento ilícito, ya que a decir del litigante varios funcionarios judiciales tienen la desfachatez de exigir gratificaciones en efectivo: “Nadie quiere papel que les pueda comprometer, nadie acepta cheque ni a su nombre ni al portador”.
En cuanto a la tarifa, señala que depende de la ayuda que se requiere: “Sólo como ejemplo, si su asunto vale 12 millones de pesos y el cliente tiene la razón, el juzgado sólo ayudará a que el proceso no se caiga y la cuota seguramente será de 400 mil pesos. Pero si no tienes la razón y el juez ayuda a sacar como buena una resolución que le puede afectar, entonces la gratificación es de 2 o 3 millones de pesos, de tal suerte que la mordida puede ir de 5% a 30%”.
Para él, ahora todo asunto que cae en manos del Poder Judicial del estado se “manosea” para sacarle la mayor cantidad de dinero posible. “Ya no importa si el asunto es un juicio pequeño, ahora el juez se cree administrador independiente de su juzgado en el terreno político”, explica.
En consecuencia, González Rodríguez no descarta que en Jalisco se den casos como el de Esiquio Martínez Hernández, un secretario de juzgado y empleado del Poder Judicial de la Federación que tenía en una sola cuenta bancaria 432 millones de pesos y fue enviado a la cárcel en mayo pasado acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Concretamente, acusa a funcionarios del Juzgado Octavo Mercantil de trabajar según se les “acerquen” el cliente o los abogados, y a partir de ello le cargan o no la mano a la contraparte. “A veces –dice– descubres en los procesos judiciales una serie de tonterías jurídicas que posteriormente se tienen que combatir en apelaciones, o buscar la segunda instancia o el amparo”.
Asegura: “Todos los abogados que vienen de fuera dicen que ésta es la entidad más corrupta de todas y eso es fácil vdetectarlo. Uno sale a Hermosillo, a Guanajuato, a Colima o a cualquier otro estado y lo primero que compruebas es que los juzgados funcionan en forma eficiente, y luego descubres que aquí a los buenos jueces que existen nunca los dejan subir y siempre se mantienen en los mismos puestos”.
Él considera que la crisis del sistema judicial “no es una amenaza a largo plazo, ya empieza a darse. Muchos empresarios y clientes que antes acudían al trabajo del abogado para atender reclamos judiciales, ahora acuden en forma directa a otro tipo de ‘prestadores’ del servicio, al margen de la ley pero efectivos y rápidos”.
Desgraciadamente, en ese contexto se pervierte incluso la función del abogado: “Somos gestores de la mordida y del manejo de la maquinaria de corrupción, y cada vez menos atendemos a nuestro trabajo técnico como expertos en el uso del derecho. Para los litigantes, el mismo sistema indica que el uso adecuado de las leyes no es la ruta adecuada para ganar procesos. Aquí en Jalisco se gana por tu habilidad para lograr acuerdos en tu favor y por la ayuda externa que consigues para permitir que tus asuntos avancen y se resuelvan”.
Colusión peligrosa
Consultados sobre las denuncias de Luis Rabinal González, los reconocidos abogados Adán Romero Meza, Felipe de Jesús Garibay Valle y otros profesionales de Guadalajara reconocen que tal es el estado de la administración de justicia, pero agregan que dicha corrupción es el reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida institucional.
Romero Meza asegura que las críticas al Poder Judicial parecen nada ante la enorme corrupción que prevalece sobre los juicios laborales, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje está muy lejos de cumplir con su función.
Por su parte, el también abogado Francisco Jiménez Reynoso confirma que los despachos de abogados ofrecen servicios “negros” y cuentan con gente especializada en hostigar a deudores o en intimidar a sus contrapartes. “Eso es como parte de la supuesta necesidad del mercado”, dice, pero agrega que ahí encuentran cabida falsos profesionistas o egresados de escuelas patito que, sin embargo, prosperan entre los problemas de corrupción que aquejan al estado.
González Rodríguez asegura que “la élite ahora busca la ayuda de abogados que suelen saldar cuentas o resolver pleitos legales por su propia mano, mediante la extorsión, el chantaje o la amenaza para resolver asuntos que deberían atenderse en los juzgados; eso significa que mandan a gente a cobrar una deuda o a invadir un terreno”.
–¿Habla usted de gente ligada al crimen organizado, del uso de sicarios, o paramilitares similares a los que ya aparecieron en Veracruz para ajustar cuentas? –se le planeta.
–Llámele como quiera. Lo cierto es que existen en la entidad bufetes de cobranza encabezados por sujetos que extorsionan o saldan cuentas de manera extrajudicial. Como abogado sé que muchos clientes que antes acudían a los servicios del litigante ya han dejado de valorar al STJ como la vía legal y ordenada para resolver sus pleitos judiciales.
“Vivimos los efectos de un sistema legal disfuncional y corrupto. Para nadie sería una sorpresa que en algún momento no muy lejano se reporten hechos trágicos como el asesinato de jueces, funcionarios judiciales o agentes del Ministerio Público, porque se vuelven parte del robo, adquieren compromisos que luego no pueden cumplir o trabajan junto a la delincuencia.”
Confía al reportero que en ocasiones la corrupción llega a tales niveles en las altas esferas del Poder Judicial, que los afectados se desesperan: “Yo tengo clientes que dicen: a ese magistrado me lo voy a chingar a como dé lugar. Y me pregunto: ¿estarán pensando en matarlo?”.
Para el abogado, además de esta corrupción galopante, el Poder Judicial se ha dividido en minicofradías que ya no responden a una cabeza que las controle, como ocurrió durante muchas décadas.
Como muestra de ello, recuerda el pleito de los miembros del Consejo de la Judicatura y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Humberto Rodríguez, quien ahora controla una parte mínima de la estructura.
Al propio presidente del STJ se le ha criticado recientemente su intento de conseguir la titularidad de una notaría para cuando deje su encargo, a pesar de que la ley le impide obtenerla porque es representante del Poder Judicial. Rodríguez fue reelecto por segunda ocasión en diciembre pasado como presidente del STJ.
Su contraparte en el Consejo de la Judicatura la encabezan Miguel Gutiérrez Barba y Enrique Villanueva, también señalados por anomalías en ese organismo. En mayo pasado, Gutiérrez Barba promovió para cargos en el consejo a su hija Marisol Gutiérrez Lamas y a Griselda de León Carrillo, hermana de la también consejera Gabriela de León. Tan obvia irregularidad fue rechazada por Celso Rodríguez.
El pasado lunes 10, organismos empresariales jaliscienses encabezados por Óscar Benavides, líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), abrieron un buzón para recibir denuncias de corrupción contra funcionarios judiciales y pidieron una mesa de diálogo para impulsar la modernización del Poder Judicial estatal.
También exigieron la instauración de juicio político contra los diputados que aprobaron nuevos nombramientos de magistrados y consejeros de la Judicatura en forma ilegal, mismos que revocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde el año pasado, a través de un estudio patrocinado por el Consejo Económico y Social de Jalisco sobre los indicadores de competitividad, se recomendó que el Poder Judicial modernizara el sistema de impartición de justicia, así como combatir los rezagos y la corrupción. Sin embargo, los litigantes entrevistados consideran que esos problemas se recrudecen.
