Señor director:
Le solicito publicar la siguiente carta, dirigida al jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.
Licenciado Ebrard: en Palabra de Lector de Proceso 1817 denuncié actos de corrupción de mi entonces abogado, Luis Adolfo Vázquez Caballero, y del juez 44 de lo Civil, José Manuel Salazar Uribe, en el juicio 198/08 por la demanda que interpuse en contra de la administración capitalina, de su secretario de Gobierno y de seis autoridades de la delegación Coyoacán por responsabilidad civil objetiva y daño moral.
En Proceso 1822, el venal Vázquez Caballero pretendió exculparlos a ustedes en una publicación llena de improperios y de notables falsedades contra el suscrito. Pero los hechos son los siguientes:
En 2008, al entregarme un dictamen en materia psicológica que le había encomendado, la psicóloga Rosario Vázquez Lavista me presentó a su padre, Luis Adolfo Vázquez Caballero, y me dijo que él era “honorable” profesionista y podía llevar mi asunto con éxito. Él determinó sus honorarios y yo los cubrí de inmediato. (Tengo prueba de ello.)
El 9 de abril de 2010 se presentó en mi casa Rosario Vázquez para que le firmara el escrito más importante del juicio, el de ofrecimiento y admisión de pruebas; lo hice a pesar de que se negó a darme una copia del mismo. En dicho escrito cometió la grave omisión de no dar cuenta de los daños y perjuicios reclamados. Puesto que al no hacerse valer tan importante prueba, el daño moral sería improcedente, presenté los daños y perjuicios, y el juez no tuvo más opción que aceptar el procedimiento.
La representante legal del gobierno capitalino, Silvia Marcela Arriaga Calderón, cuya participación en el juicio había sido rechazada previamente por el juez y la Octava Sala, presentó entonces un nuevo escrito y el juez admitió su intromisión en franca violación a la ley que le prohíbe modificar sus determinaciones y las de autoridades superiores.
El día 12 del mismo mes, Vázquez Caballero, sin mi conocimiento, presentó al juez un escrito donde le decía que renunciaba a mi representación y que dejaba de patrocinarme. Estuve, pues, sin patrocinio legal del 13 de abril al 5 de mayo. Así, queda claro que, por colusión de todos ellos, se desarrolló un “proceso fraudulento”, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte.
Por los delitos que cometieron Vázquez Caballero, su hija Rosario o su asociado Isidoro Perera Ramos –entre los cuales destaca la falsificación de mi firma–, el 12 de julio de 2010 presenté la denuncia de hechos FPC/74/496/10-07 ante la procuraduría capitalina, radicada en la Cuarta Agencia de la Unidad de Procesos Uno, institución en la que también estoy siendo objeto de corrupción.
El fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, Ricardo Ríos Garza, se niega a darme copias de las declaraciones que esos venales debieron hacer y de la denuncia que dicen haber puesto en mi contra con el fin de que yo retire la mía.
Si ese profesor de “universidades”, como se define, cree que lo he difamado con mi publicación, lo invito a que me demande en la vía que más convenga a sus mezquinos intereses. Tendré mucho gusto en enfrentarlo en juicio a pesar de la ignorancia que me atribuye.
Atentamente
Jaime Alvarado López
