DURANGO, DGO.- Los cuantiosos recursos destinados a la supercarretera que unirá el Pacífico con el Golfo a través de siete entidades federativas del norte de la República contrasta con los presupuestos, menores cada año, que la Federación adjudica a algunos de esos estados, especialmente los gobernados por la oposición.
Cuando en agosto pasado Ernesto Cordero, entonces secretario de Hacienda, denunció penalmente al presidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por el endeudamiento “excesivo” que le dejó a esa entidad, dio pie a que se hiciera evidente la opacidad con la que se manejan los recursos públicos, sobre todo en época electoral.
Pero cuando aún era titular de Hacienda el hoy precandidato del PAN a la Presidencia redujo los apoyos extraordinarios a los estados gobernados por priistas.
Una de esas entidades es Durango, donde el apoyo bajó de casi 5 mil millones de pesos canalizados en 2010 a sólo mil 800 este año.
Por su parte, los priistas se quejan de que el gobierno federal aumentó su deuda de 1 billón 951 mil millones a 5 billones de pesos, con lo que cualquier desajuste presupuestal no es atribuible a las entidades federativas.
Al hablar del reparto del dinero público, el diputado local duranguense Emiliano Hernández Camargo señala: “Es un problema estructural de México porque 90% del presupuesto del país lo administra el gobierno federal; 7%, los estados, y 3%, los municipios. El sistema es injusto pues aunque la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto, convierte a los gobernadores en gestores que tienen que pedir que la federación baje el recurso. Otro problema es que una vez que lo canalizan, el estado no tiene suficiente para cubrir su parte”.
Acepta que “el problema con la asignación de recursos es que se ejercen políticamente, sobre todo en tiempos cercanos a las elecciones. Los presupuestos bajan lentamente. Lo normal es que se bajara en marzo, pero se va hasta agosto. Muchas son trabas tradicionales, otras creo que tienen un manejo político”.
Para Carlos Emilio Contreras Galindo, secretario de Finanzas del gobierno del estado, uno de los problemas de la entidad es que desde 1992 la Federación le dejó la carga del gasto educativo: “Durango tienen la obligación de hacerle frente con 6 mil millones de pesos”.
Se pregunta: “¿Cuál es el problema estructural de Durango? Un dato muy representativo es que en 2010 el estado le invirtió a la educación básica casi 5 mil 600 millones. Otros estados no ponen un cinco en educación, como el DF, Oaxaca o Aguascalientes. De hecho Durango es el tercer estado que más le aporta a la educación, a pesar de que es de los presupuestos más bajos del país.
“Hay obligaciones que la Federación le pasa a los estados pero no le pasa el recurso, como para la homologación salarial del magisterio: 80% de los maestros ganaban menos que el otro 20%. Estos pari passu han crecido de unos años para acá, los estados pobres batallamos más para completarlos y eso nos limita mucho.”
–En cuanto a los recursos extraordinarios, sé que este año bajaron considerablemente y se benefició a estados panistas.
–Este año se nos dio 40% menos de lo solicitado, que no llega al total de lo que necesitamos. Ese 40% menos nos deja en una estrechez financiera que ocasionó que se recurriera al endeudamiento. Tenemos problemas de liquidez. En 2010 nos dieron una cantidad y en 2011 una mucho menor, enfatiza Contreras Galindo.
Quien lleva las cuentas de la deuda y de los problemas que implica absorber el gasto educativo es Claudia Hernández, diputada local y secretaria del PAN en Durango, quien dice a este semanario: “De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ocasionó un daño patrimonial equivalente a 23% del presupuesto asignado en 2010 a la entidad”.
La deuda del estado, según su cálculo, es de unos 7 mil millones de pesos. Enlista los rubros señalados por el secretario de Finanzas y añade uno más: Un decreto que señala que para que el Teletón aceptara instalar en Gómez Palacio un centro de rehabilitación puso tres condiciones: Que el gobierno del estado aportara 4 millones de udis, que el ayuntamiento pusiera otro tanto y que el terreno fuera una donación del estado.
Señala: “Ellos (los priistas) alegan el gasto destinado a la educación, cuando hay un convenio firmado en 1992 entre el exgobernador José Ramírez Gamero y el entonces presidente Ernesto Zedillo, PRI con PRI. En este documento el gobierno del estado acepta hacerse cargo de la educación. Ahora nos culpan de esto, pero ellos firmaron el convenio.
–¿Qué implica tener una autonomía financiera tan baja?
–Que somos completamente dependientes de los recursos federales. Y no es sano depender en tan amplio porcentaje de los recursos de la Federación. Tendríamos que ver la forma más sana de modificar el convenio.
El “Informe Moreira”
En un estudio realizado por el PRI después de la denuncia ante la PGR que interpuso Ernesto Cordero en agosto, Humberto Moreira señala que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 2006 a julio de este año se sumaron 12.2 millones de mexicanos a la pobreza: seis personas por minuto.
“¿Cuántos mexicanos hay en pobreza por ingresos? Son 57.7 millones. Según los registros en 2006 había 45.5 y en 2008 se incorporaron 5.8 millones. En 2010, 57.7 millones de mexicanos están en el rubro de pobreza por ingresos. En 2000 había menos de 40”, dice el informe.
Señala que, de 2006 a 2010, no se detuvo el crecimiento de la pobreza: la línea es muy clara, de 45 a 52 y de 52 a casi 58 millones. Y en pobreza extrema hay 21.2 millones de mexicanos. “Nosotros batallando podemos subsistir, pero ellos se duermen y se despiertan con hambre”.
Contrasta: “¿Quiénes son los que no tienen pobreza, los que no están vulnerables? 15.8% de la población. Es una distribución similar a la de 1910. Así estaban los datos en aquel tiempo, ocho de cada 10 mexicanos o son pobres o son vulnerables a ser pobres en cualquier momento”.
De 2007 a 2010 –sigue el informe– el crecimiento promedio anual del PIB fue de 1.1%. Este sexenio va a ser el que crezca menos en el PIB desde los ochenta y si sumamos el factor del crecimiento de la población, entonces no hay crecimiento en absoluto. Además el incremento de precios a los alimentos y a la gasolina es excesivo: la tortilla aumentó 114% y la gasolina magna, 39%. Y de 2008 a 2010 no subió así el salario, porque el ingreso familiar cayó 12.3% en términos reales.
Explica que a julio de 2011 hay 2.6 millones de mexicanos desempleados y 3.9 millones subempleados.
En cuanto a la deuda de los estados contra el gasto corriente del gobierno federal: de 2006 a 2010 el gasto corriente federal creció casi tres veces más de lo que creció la deuda de los estados y Distrito Federal. De 2006 a 2010, la deuda de las entidades federativas aumentó de 191 mil millones de pesos a 314 mil millones; hubo un endeudamiento adicional de 123 mil millones.
Hay incongruencias según el informe: en 2006 el gasto corriente federal era de mil 107 millones de pesos. En 2010 fue de mil 414 millones. Se aprecia un gasto adicional del gobierno federal por 307 mil millones de pesos, que contrastado con la deuda adicional es prácticamente tres veces más. Por cada peso de pago de servicio de la deuda estatal contratada entre 2006 y 2010, el gobierno federal ejerció 30 veces más en gasto corriente en 2010 respecto a 2006.
Asegura: “Ese es el tamaño de la desproporción y del despropósito del gobierno federal en materia de finanzas públicas. Por la deuda adicional, el pago anual implica 10 mil millones y el gasto corriente federal adicional es de 307 mil. La presión en las finanzas públicas no es la deuda de los estados sino el excesivo gasto corriente del gobierno federal”.
En 2005 se debía 1 billón 951 mil millones de pesos del gobierno federal y se pasó a 4 billones 327 mil millones; si se suma lo de la Comisión Federal y lo del IPAB, se va a 5 billones.
El priista David Penchyna por su parte analizó el gasto federal contra el gasto federalizado: Hasta 2000 el gasto programable del gobierno federal venía por debajo del que se registraba en los estados. En esta época “perdida” en materia económica es a la inversa: el gasto programable del gobierno federal ha crecido mucho más que el gasto federalizado, pese a que ha habido diferentes cargas financieras que la Federación le ha trasladado a estados y municipios.
El crecimiento real del gasto, para efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación, ha crecido, de 2006 a 2010, 32.2%. De eso el gobierno federal ha crecido 31.4% frente a 17.5% de los estados, pese a que se le han mandado más cargas a las responsabilidades estatales y municipales.
Además se han registrado impactos financieros adversos por decisiones de la Federación: La rezonificación del magisterio ha generado una presión de 42 mil millones de pesos y otras obligaciones financieras han crecido 27 mil millones; para las entidades federativas ha habido un impacto negativo por esta evolución del gasto de 242 mil millones de pesos.
El crecimiento del gasto discrecional del gobierno federal, en cambio, creció de manera brutal: El Ramo 23 (provisiones salariales y económicas) de 48.2 mil millones de pesos en 2006 creció a 2010 en 120 mil millones; aquí hay una discrecionalidad adicional de gasto del gobierno federal de 72 mil millones de pesos.
De esa discrecionalidad del gobierno federal, en promedio ellos dicen haber canalizado 19.9 mil millones de pesos a las entidades federativas, pero en 2009 y 2010 esa discrecionalidad de gasto que tuvo la Federación, casualmente cayó sobre todo en Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, donde hubo elecciones. Seguramente, el año pasado influyó el tema electoral, de otra manera no se explica la caída en las aportaciones discrecionales que hace el gobierno federal a esas entidades federativas.
