En días pasados se presentó en el ITAM, bajo el sello de la editorial Porrúa, el libro de Natalia Saltalamachia y Ana Covarrubias titulado Derechos humanos en política exterior; seis casos latinoamericanos. El libro está integrado por ensayos que cubren bien las diversas subregiones latinoamericanas; esa diversidad permite establecer comparaciones y ayuda a entender el verdadero significado del gran entusiasmo con que los gobiernos latinoamericanos han procedido a la firma y ratificación de los numerosos instrumentos jurídicos existentes a nivel internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Los motivos que explican la decisión de suscribir esos documentos no son homogéneos. En algunos casos, se trata de apuntalar a democracias frágiles, recién constituidas o restablecidas, que se benefician de los mecanismos de supervisión y, en general, de la cooperación internacional para el avance de los derechos humanos y la democracia. Tal situación está muy bien analizada en los casos, por ejemplo, de Argentina, Chile y México.
En otros casos los motivos son menos nobles. Es interesante el ensayo sobre Colombia, donde su autor destaca la manera en que el admirable récord del país en materia de suscripción de acuerdos jurídicos internacionales sobre derechos humanos coincide con la dramática situación por la que atraviesan dichos derechos en el país. Vista así, la acción hacia el exterior aparece como una manera de contener presiones internacionales y de enmascarar la realidad del interior del país.
Por motivos comprensibles, el ensayo sobre México es el que mayormente llama la atención, no sólo por el largo periodo histórico que abarca, sino por la interesante correlación que las autoras establecen con las teorías más conocidas sobre el significado de la aceptación de regímenes internacionales en el caso de Estados en proceso de consolidación democrática.
El ensayo establece diversas etapas para analizar la experiencia mexicana. La primera, que se extiende del fin de la Segunda Guerra Mundial a 1994, es un periodo de contrastes en el que convive una decidida vocación por el multilateralismo y los regímenes internacionales que de allí se derivan con una fuerte defensa de la soberanía. Los gobiernos mexicanos participan con vigor en el desarrollo y codificación de convenciones internacionales, pero cuidando siempre que éstas no abran la puerta a la intromisión en asuntos considerados estrictamente de jurisdicción interna.
Esa cautela se ve sometida a fuertes presiones cuando, al terminar la guerra fría y venir la tercera gran ola de la democracia, la situación internacional se inclina decididamente hacia el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la consolidación de la democracia y el avance de los derechos civiles y políticos. En opinión de las autoras, en esos momentos comienza a hacerse sentir en México el peso de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición, los cuales contribuyen a la reorientación de la posición del gobierno.
A partir de los años 90, la segunda etapa, se advierte un doble camino que, por una parte, mantiene la reticencia a suscribir documentos internacionales que den mayores competencias a organismos internacionales para supervisar problemas de la democracia en México, y, por la otra, permite calladamente esa supervisión al alentar, por ejemplo, la presencia de observadores electorales en las elecciones de 1994.
Poco después se da un giro definitivo hacia el reconocimiento de la acción ciudadana ante tribunales internacionales al aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en donde México es actualmente el país que tiene mayor número de casos sometidos a su atención). La aceptación dentro del Acuerdo General con la Unión Europea de la llamada Cláusula Democrática es una señal más de los nuevos vientos que soplan en la política exterior de México en materia de derechos humanos. La alternancia política que representa la llegada al poder de un gobierno del PAN, en el año 2000, da el giro definitivo hacia una nueva política exterior de derechos humanos.
Dentro de la nueva etapa, 2000-2006, se registran con claridad las grandes acciones que permiten hablar de un cambio. Las más importantes son, entre otras, la apertura al escrutinio internacional, ilustrada por el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, así como por la visita frecuente de relatores que analizan y rinden informes sobre múltiples aspectos de la situación de los derechos humanos en el país; el diálogo más frecuente con las organizaciones de la sociedad civil, y la modificación de la Constitución que eleva a rango constitucional los instrumentos internacionales suscritos por México que contengan disposiciones en materia de derechos humanos.
Ahora bien, el libro nos proporciona, volviendo al ensayo ya citado de Colombia, elementos para ser cuidadosos ante la distancia entre lo formal y lo real. Pueden convivir las medidas formales, como la reforma a la Constitución, con un sistema de impartición de justicia en que los jueces están muy lejos de conocer y aún más de aplicar los principios establecidos en instrumentos jurídicos internacionales. Puede convivir el buen trato al Alto Comisionado con la voluntad de evitar su mirada sobre las zonas del norte del país, donde el deterioro de la situación de derechos humanos es trágico. Pueden avanzar, paralelamente, las medidas adoptadas en el ámbito jurídico interno y externo a favor de los derechos humanos con el empeoramiento de los mismos. Los mexicanos debemos estar atentos a la distancia entre la forma y el fondo; el libro citado nos ayuda a lograrlo.
