En materia de políticas comunicativa y culturales los planteamientos neoliberales: reducción del gasto público, privatizaciones, menos impuestos a los que más tienen, apertura a la inversión foránea, trasferencia directa de capital extranjero, se han afianzado a partir de que Vicente Fox tomó el poder en el 2000.
El deslizamiento hacia la derecha propicia que tanto los legisladores como el Ejecutivo consoliden los privilegios de los oligopolios en todas las materias: televisión, radio, cine, telecomunicaciones. Por tanto, no deben asombrar las últimas medidas tomadas por el gobierno en dicho terreno.
La cinematografía mexicana sufre, desde 1994 en que se firmó el TLCAN, una reducción en sus espacios de pantalla. Si bien en esos años la producción era de entre siete y ocho películas al año, hoy existe un notable aumento, entre 60 y 70 anuales. Sin embargo, todos los multicinemas están inundados por filmes estadunidenses que permanecen en las salas durante semanas. En cambio el producto nacional apenas si se difunde ocho días, en muy pocos cines y no en toda la República. Pero la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados tuvo a bien desechar la propuesta para que las obras mexicanas tuviesen, por ley, 30% del total de pantalla. Así refuerzan el poder de las trasnacionales.
Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le modifica la plana al IFE al dejar sin efecto el reglamento al Cofipe mediante el cual los partidos podían cambiar sus promocionales con dos y tres días de anticipación a la difusión programada, y se establecían sanciones para los concesionarios incumplidos. Las presiones de la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión) fueron las que decidieron el desenlace. Hoy nuevamente se alzan las voces de los empresarios de radio y televisión pues se ha filtrado que el presidente del IFE intentará emitir un nuevo reglamento para difundir spots electorales. Ahora la agrupación empresarial agrega a sus argumentos falaces sobre la imposibilidad técnica de consumar lo que el IFE demanda, el supuesto desacato al Tribunal Electoral.
Por su parte la Cofetel y la SCT se mantienen omisas en materia de apagón analógico para que éste no sea reglamentado, no se pidan contraprestaciones a los industriales que obtengan nuevas frecuencias, y el espectro ampliado, gracias a la tecnología digital, y vuelva a quedar en las mismas manos con lo cual aumentará la concentración. Los privados han obtenido ya más de 100 frecuencias, mientras que los permisos apenas si llegarán a 18 con los 13 otorgados a la Secretaría de Gobernación por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
En suma, los recientes episodios que forman parte de una cadena cuyo inicio se establece 30 años atrás, están consolidando una política cuyo logro fundamental es transferir a la iniciativa privada el control casi total de los medios de información, comunicación y cultura, y a cambio de ello debilitar la democracia, la diversidad, la presencia de los intereses del gran público.
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