Ante la vecindad del aniversario 43 del 2 de octubre de 1968, Raquel Tibol revisa el ideario de Jorge Carrión recopilado en el libro La educación y el movimiento del 68, donde apuntó éste “la conexión estricta entre contrarrevolución educativa y contrarrevolución en general”. Colega del pensador de izquierda en la revista Política de Manuel Marcué Pardiñas (entre 1960 y 1966), donde fue colaboradora y Secretaria de Redacción, Tibol resume aquí las represiones gubernamentales contra los movimientos estudiantiles desde mediados del siglo pasado apuntadas por Carrión, en las cuales la Presidencia contravino la Carta Magna al emplear a las fuerzas armadas sin la aprobación del Congreso.
Faltan pocas semanas para que diversas voces, algunas pintas, ciertos artículos vuelvan a repetir “2 de octubre no se olvida”, como se ha exclamado cada año de los casi 43 que han pasado desde que en la plaza de las Tres Cultural fueron asesinados por el batallón Olimpia, agentes policiacos y miembros del Ejército, más de cuatrocientos jóvenes, viejos y niños reunidos junto a varios miles de estudiantes que se manifestarían, tras un mitin explicativo, desde Tlatelolco hasta el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional.
En 2008 se publicó una antología de textos de Jorge Carrión (1913-2005), auspiciada por el Instituto de Investigaciones Económicas de las Universidad Nacional y la Dirección General de Cultura de la Delegación Tlalpan, compilada por Josefina Morales, Marta Quesada y Óscar Alzaga, bajo el título de La educación y el movimiento del 68. Como los escritos fueron elaborados entre 1955 y 1983, permiten constatar que las represiones a los estudiantes, en distintas partes del país, abarcan los últimos sesenta años del siglo XX.
Carrión recoge el dilema planteado por Narciso Bassols:
“Hay dos posibilidades concretas: dar el dinero para el sostenimiento de los que ya tienen dinero, o invertir en recursos en el sostenimiento de los que no lo tienen.”
El actual gobierno de la República se decidió por la primera posibilidad, como también ha asumido la de la instrucción técnica como solución para los desposeídos.
“¿Cómo esperar –interrogaba Carrión en 1962– que si un niño o un joven desertan de la escuela por apremio de hambre o desnudez acuda, como por arte de magia, a recibir instrucción técnica? ¿Existe acaso un estudio racional del mercado de trabajo que permita asegurar a los nuevos capacitados un empleo inmediato y bien remunerado de su fuerza de trabajo?
“Salvo la etapa en que Narciso Bassols –desde la Secretaría de Educación– y el presidente Cárdenas intentan democratizar la enseñanza, revivificar las raíces populares y volver a las fuentes antiimperialistas, democráticas y sanamente nacionalistas, la contrarrevolución educativa cunde rápidamente.”
Carrión evoca la primera represión militar:
“El año de 1956 el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, ordena que el Ejército Mexicano ocupe el Instituto Politécnico Nacional, desaloje a los estudiantes del internado de ese plantel, y poco después reforma de modo sustancialmente conservador la ley orgánica que regía a aquella institución. Culmina así un proceso contrarrevolucionario enderezado contra la educación popular y reflejo fiel del que en los órdenes económicos, social y político había impuesto el gobierno de Manuel Ávila Camacho.”
El seguimiento histórico de Jorge Carrión es preciso:
“Antes de que Ruiz Cortines diera el golpe definitivo a la educación técnica superior, desde 1940 en el gobierno francamente reaccionario de Manuel Ávila Camacho, la educación popular comenzó a ser minada desde sus bases. Se descuidó, hasta el punto de su inexistencia, la enseñanza rural. La de índole primaria se redujo a un vacío verbalismo cívico y patriótico, sin contenido doctrinal de ninguna especie, y a la vez, con el argumento de la insuficiencia de recursos económicos del Estado se dejaron en manos confesionales –asociadas a la iniciativa privada– anchas zonas del sistema de educación.”
Carrión esclarece la conexión estricta entre contrarrevolución educativa y contrarrevolución en general, lo que explica que el Ejército en el IPN haya borrado de un bayonetazo el artículos 129 de la Constitución, que textualmente dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependen inmediatamente del Gobierno de la Unión”.
Ante este texto Carrión precisa:
“Desde 1956 la clase en el poder estableció el precedente de usar al Ejército para ocupar establecimientos docentes y acantonarlo en ellos, cada vez que los estudiantes participaran en un movimiento, ya sea en apoyo de protestas populares, ya en defensa de la autonomía de las universidades, bien de lucha para obtener mejorías materiales o la participación de los estudiantes en la vida y la democracia de sus instituciones; el Ejército ha sido empleado una y otra vez para reprimir los movimientos estudiantiles y de la juventud en general. Paralelamente, fuera del ámbito educativo, el Ejército sirvió a Manuel Ávila Camacho para asesinar a obreros que protestaban por sus condiciones de vida; a Miguel Alemán para consolidar definitivamente la dependencia de los sindicatos respecto al gobierno y, más ampliamente, supeditar las organizaciones obreras a los intereses privilegiados de la burguesía, y a Adolfo López Mateos para liquidar con saña –usando además los cuarteles y campos militares como cárceles ilegales y campos de concentración– los últimos brotes de independencia y democracia del movimiento ferrocarrilero y de los maestros, con las conocidas consecuencias de que México, desde entonces, contó con el mayor número de presos políticos en su historia.”
En frases casi celebratorias Carrión recuerda que en agosto de 1952, el gobierno hace erigir arcos triunfales días antes del último informe de Alemán; entonces “los estudiantes universitarios los queman, a pesar de la represión policiaca”.
Otro episodio de aplastamiento citado por Carrión:
“En Sonora, en la Universidad Autónoma del estado, en Hermosillo, y en todo el territorio de la entidad y todo el sistema educativo, los paracaidistas presidenciales, e inclusive tropas de infantería de Marina desembarcadas en Guaymas, confirmaron el 16 de mayo de 1967 hasta qué grado de violencia militar estaba dispuesto a llegar el gobierno cuando se trataba de abolir la autonomía universitaria, romper el nexo solidario entre estudiantes y maestros, y tornar invigente el derecho de huelga estudiantil e impedir la solidaridad de la juventud con las protestas populares. Sonora se convirtió en territorio de vejaciones y estado de sitio, con motivo de una huelga de hambre de estudiantes sofocada a partir de bayonetas, gases lacrimógenos, culatazos y aun disparos de fusil. Todavía no se extinguían las detonaciones en Sonora –que dieron por resultado un muerto aceptado oficialmente– cuando en Puebla brota el descontento estudiantil, con el terreno abonado por los presos políticos estudiantiles de anteriores conflictos, reprimidos con las botas militares o policiacas.”
Bien hizo Carrión en puntualizar que los acontecimientos de 1968 comenzaron el 26 de julio cuando los estudiantes de varias escuelas y universidades decidieron aprovechar la conmemoración de la Revolución Cubana para protestar por el abuso de autoridad y arbitrariedades policiacas. Pero el gobierno quería un clima de paz con vistas a los próximos Juegos Olímpicos. Al día siguiente, el 27, ya había más de quinientos detenidos, centenares de desaparecidos, “los muertos que el gobierno negaría, aunque jamás resucitarían”. En consecuencia, el movimiento juvenil y popular adquirió trascendencia política y social.
Carrión registra la reacción de los partidos políticos frente a la creciente agitación:
“El PRI y sus apéndices registrados en la Secretaría de Gobernación, el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se apresuraron, junto con las dirigentes de las organizaciones sindicales, a estar de acuerdo con las ocupaciones militares de las escuelas universitarias politécnicas, y pedían aún mayor energía gubernamental en contra de los agitadores. Esa es la espoleta que hizo estallar el movimiento.
“En la madrugada del día 30 de julio, tras la toma de la Escuela Preparatoria, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría; el jefe del Departamento del D.F., Alfonso Corona del Rosal, y el procurador general de Justicia de la República, Julio Sánchez Vargas, y el del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres, utilizando la televisión, la radio y después todos los órganos de prensa al servicio del gobierno, declararon haber pedido la intervención del Ejército (contra lo que prescribe la Constitución) y asumir esa responsabilidad porque el orden había sido subvertido.
“Representando a la Coalición de Maestros y al Consejo Nacional de Huelga y en nombre propio, un grupo de estudiantes y maestros formularon denuncia de hechos constitutivos de delitos y faltas oficiales cometidos por los altos funcionarios. Los denunciantes ofrecían pruebas anexas en ciento cinco hojas, que demostraban la violación de los artículos 29, 129 y 89 de la Constitución. Estos artículos se refieren: el primero a los requisitos necesarios para suspender de hecho las garantías constitucionales; el segundo a las funciones que tiene el Ejército y que en tiempos de paz no pueden ser otras que las estrictamente relacionadas con la disciplina militar y, el tercero, a la disposición constitucional que únicamente da a la Presidencia facultad para utilizar las fuerzas armadas con vistas a conservar la seguridad interior, previa la comprobación de circunstancias y requisitos necesarios y mediante acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión.”
En tres días se había pasado de lo que la prensa –y más tarde el propio presidente lo haría en su IV Informe de gobierno– calificaba de algaradas estudiantiles que merecían un práctico estado de sitio, de hecho la suspensión de garantías y la aniquilación de la autonomía universitaria en varios de los planteles.
Se ordenó a un general –más tarde sería héroe de la matanza de Tlatelolco– que arremetiera a sablazo limpio contra el pueblo y los estudiantes y “cubriera de gloria” al Ejército asaltando aulas, laboratorios, albergues estudiantiles.
El 30 de julio de 1968 el secretario de la Defensa afirmó ante los periodistas: “No habrá contemplaciones con ningún elemento que subvierta el orden”.
Dijo que había enviado a la tropa a petición del general Alfonso Corona del Rosal, el que solicitó apoyo para el cuerpo policiaco. No aludió al olvido de los preceptos constitucionales que precisan quién puede llamar al Ejército y en qué condiciones. Después buscó tranquilizar: “No hay en el campo militar núm. 1 un solo preso político, ni se empleará ese campo o la prisión militar para este tipo de delincuentes.”
Primero la noche de Santo Tomás y después la batalla de Tlatelolco lo desmentirían: millares de estudiantes y ciudadanos culateados, desnudos e infamados por la tropa fueron trasladados al Campo Militar no. 1 y sometidos a tormento físico y moral.
El periodista francés Christian Jelen publicaría en Francia:
“El gobierno mexicano consigna a numerosos ciudadanos a tribunales ‘muy especiales’. Varios estudiantes y algunos profesores son juzgados en oficinas militares y, aunque parezca increíble, en vehículos del Ejército.”
Las garantías individuales y sociales no se habían suspendido, pero al Ejército no le importaba: tomaba el mando con la contundencia de los tanques, las bazukas y las bayonetas. EL número de muertos y desaparecidos crecía. Los estudiantes respondían con lo que podían y con slogans como el siguiente: “Nosotros no somos los agitadores. El hambre y la desesperación son los agitadores.”
Pasados quince años de la tragedia de Tlatelolco, Jorge Carrión escribió un artículo titulado Sí se olvida el 68, en el cual consignaba:
“La importancia de un movimiento político no sólo radica en lo que logra en cada episodio, sino en lo que consigue al final, como saldo de todo el esfuerzo desplegado. ¿Cuál fue ese saldo? Los hechos son decepcionantes. Salvo las pintas repetidas hasta el cansancio de que no se olvida, los hechos comprueban que la desmemoria es lo característico de acontecimientos que no logran definirse, ni señalar metas de superación concurrentes a la auténtica fusión de las capas medias más ilustradas con el proletariado organizado más allá de los estrictos límites sindicales.”
