Cobijados en el prestigio de una institución educativa de gran tradición, así como en la permisividad y apatía del gobierno estatal, los directivos del Colegio Alemán Humboldt de Puebla son señalados por padres de familia como déspotas, prepotentes y autores de fraudes y desfalcos en complicidad con ejecutivos de la automotriz Volkswagen.
PUEBLA, PUE.- Dos altos ejecutivos de Volkswagen México están implicados en una denuncia que presentaron padres de familia contra la directiva del Colegio Alemán Humboldt de esta ciudad, por el robo de 24 millones de pesos de un fideicomiso creado para garantizar la educación de alumnos que pudieran quedar en orfandad.
En abril pasado, representantes de la Asociación de Padres de Familia de esa institución presentaron una demanda –con el número 526/11– ante el Juzgado Quinto de lo Civil contra BBVA Bancomer, integrantes de anteriores agrupaciones de padres de familia y directivos del colegio.
Entre los acusados se menciona a Eric Merckel Reyes, director general de Volkswagen Camiones y Autobuses, y a Bárbara Karig, esposa del director de Relaciones Corporativas y Estratégicas de la automotriz. En la denuncia también aparece el nombre de Thomas Karig, vicepresidente del consejo directivo de la institución educativa.
El colegio tiene amplias ligas con la planta Volkswagen que opera en esta ciudad, pues 30% de sus alumnos son hijos de ejecutivos de esa empresa. A nivel gerencial, especialmente para los directivos alemanes, el pago de colegiaturas en el Humboldt está incluido entre sus prestaciones y la escuela está certificada para que los estudios que imparte sean válidos en Alemania.
Ésta no sería la primera vez que altos directivos de VW son acusados de actos de corrupción. En 2005, ejecutivos de esa empresa fueron investigados por pedir dinero a proveedores a cambio de otorgarles contratos. También se les acusó de pagar vacaciones en Brasil –con viajes en jets privados y en compañía de prostitutas de lujo– a integrantes del consejo de la automotriz.
En Puebla la Asociación de Padres de Familia exige que la directiva de la escuela les reintegre 24 millones de pesos, más intereses, que formaban parte de un fideicomiso creado en 1992 para garantizar la continuidad de los estudios de alumnos que pudieran quedar huérfanos. Ese fideicomiso fue finiquitado en 2005 sin la autorización mayoritaria de los padres de familia.
Los inconformes también documentan irregularidades cometidas por la directiva del colegio, entre las que destacan aumentos exagerados a las colegiaturas y manipulación de las mesas directivas de la Asociación de Padres de Familia. También aseguran que los directivos les niegan el derecho de inscripción y estigmatizan a los alumnos cuyos padres critican a la institución.
Los padres se han entrevistado con el presidente de Volkswagen-México, Andreas Hinrichs, y con el embajador de Alemania, Edmund Duckwitz, para pedirles su respaldo.
Sin embargo, en abril último funcionarios de la Zentralstelle für Auslandswesen (ZFA), autoridad encargada de inspeccionar las escuelas que tiene Alemania en el extranjero, acudieron al colegio para practicarle una “inspección regular” y el embajador personalmente le entregó a la directiva un “sello de excelencia”.
El pasado abril, diputados alemanes rechazaron modificar las disposiciones de la ZFA para que ese tipo de escuelas público-privadas persigan fines de lucro e insistieron en que deberían garantizar el acceso al mayor número de niños, sin tomar en cuenta su condición social.
Sin embargo, esta disposición no llegó a Puebla. Para inscribir a un niño hay que pagar una prima única de 12 mil pesos, además de una reinscripción anual de entre 14 mil y 18 mil, así como 11 colegiaturas de casi 5 mil pesos.
La escuela, que está registrada como asociación civil, recibe apoyos del gobierno alemán que, según fuentes diplomáticas, podrían ascender a un millón de euros anuales.
El vocero de la embajada alemana, Mirko Schilbach, precisa que distintas instancias gubernamentales corren con el sueldo y los gastos de vivienda de 14 maestros provenientes de Alemania, incluyendo al director del colegio, y que éste recibe apoyos directos por promover la enseñanza del idioma alemán.
Ante los señalamientos de los padres de familia, Schilbach asegura que se trata de un “pequeño grupo” inconforme con situaciones que se presentaron hace ocho años y que sus acusaciones no corresponden a la realidad actual del colegio. Aun así, dice que la embajada ha estado pendiente de que se resuelva el problema y espera el veredicto de los tribunales.
“Lo importante para nosotros –sostiene– es que creemos en la calidad académica del colegio, estamos convencidos de que este caso de ninguna manera tiene implicaciones con el buen desempeño de maestros y alumnos ni con el buen funcionamiento del colegio.”
La reportera buscó a los directivos del colegio Humboldt para que expusieran su versión de los hechos. A pesar de que se les enviaron preguntas por escrito, no hubo respuesta.
Los padres consideran que, amparados en la tradición educativa del Colegio Alemán y en la pasividad de las autoridades mexicanas, un grupo de amigos y socios han hecho de esta escuela un “negocio que manejan a sus anchas”.
Desfalco
El actual presidente de los Padres de Familia de Primaria, Augusto Galván, recuerda que empezaron a sospechar que algo irregular ocurría en el Colegio Alemán Humboldt cuando en 2009 trataron de quejarse por las alzas constantes a las colegiaturas –que en cinco años crecieron 135%– y fueron notificados por el director, Wolfgang Jakobi, de que no había ninguna representación de los padres en ese colegio.
Comenta que acudieron a la Secretaría de Educación Pública para quejarse del incumplimiento de un requisito que exigen las leyes mexicanas y también el acuerdo binacional para la operación de escuelas extranjeras en México.
El 5 de noviembre de 2009, ante autoridades de la SEP, la dirección del colegio presentó una Asociación de Padres de Familia integrada mayoritariamente por empleados y subcontratistas del colegio. Entre ellos estaban: la contadora de la escuela, Sara Luz Sosa; su esposo, Luis Aparicio, quien además era funcionario estatal; el yerno del constructor del colegio, Marcelo Plata; Ileana Olmos, esposa del presidente del Consejo Directivo, Norbert Weiss, y el concesionario del restaurante de la escuela, Félix Tanús Duhart.
Cuando se integró la asociación, madres de familia tomaron el micrófono para denunciar que sus firmas aparecían en la lista de elección sin que hubieran asistido nunca a una asamblea. Era evidente que las firmas fueron sacadas de otros documentos.
El acta de elección espuria estaba firmada por el director administrativo, Michael Bierbaum y el director escolar, Jakobi. Bierbaum pasó a retiro anticipado y se eligió una nueva asociación que preside Augusto Galván.
“Nos llamó la atención que hubiera tanta reticencia para integrar una auténtica sociedad de padres de familia y empezamos a sospechar que algo escondían. Entonces descubrimos el desfalco”, dice Galván.
El 4 de noviembre de 1992 la Asociación de Padres de Familia (APF) del Colegio Humboldt estableció un fideicomiso con Bancomer, identificado con el número 189-1, con una aportación de 49 millones 811 mil pesos. En el contrato aparecían como fideicomisarios los alumnos amparados por un fondo de defunción.
En 2002 Paula de las Fuentes Duarte y Roberto Anaya Prats, presidenta y tesorero de la APF, solicitaron a la empresa Mercer un estudio de viabilidad de ese fideicomiso. Para su sorpresa les reportaron que sólo había 10 millones de pesos, cuando las estimaciones más conservadores consideraban que el fondo debía ascender a 24 millones.
“El colegio argumentó que el fidecomiso había quebrado, pero el análisis externo del grupo Mercer concluyó que sólo había que aumentar en menos de 200 pesos la aportación anual, para cubrir no solamente todas las necesidades, sino para estar en posibilidad de dar becas”, afirma Galván.
El 24 de marzo de 2003, en asamblea general extraordinaria para elegir una nueva APF, con acta protocolizada por el notario Antonio Tinoco Landa, se determinó pagar al Colegio Humboldt 10 millones 30 mil 486 pesos como anticipo de 24 becas educacionales, ocho de ellas “en reserva”.
De acuerdo con la demanda civil que presentó la actual APF “no existe constancia del total de los padres asociados y de aquellos que acudieron a la asamblea, motivo por el cual deviene la nulidad” de la misma asamblea.
Galván señala que de una lista que proporcionó Bancomer de niños beneficiados con esas becas, han confirmado que los hermanos María Fernanda, Dina Denys y Luis Miguel Ortega Cervantes ya no acuden al Colegio Humboldt. Otras ocho becas se mantienen en reserva, es decir que no se sabe a quién fueron otorgadas.
En esa época, por medio de la mesa directiva de padres en la que se encontraba Bárbara Karig, contrataron una póliza de seguro educacional, en la que aparece como agente corredor Cecilia Noguera Morales, esposa del tesorero de la APF, Roberto Anaya Prats.
Asamblea espuria
En 2004 entró una nueva asociación de padres de familia y su presidente, Enrique Robles Ortega, descubrió las irregularidades de la mesa anterior y reclamó al colegio por pretender imponer el seguro vida contra la voluntad de la mayoría, cuando todos asumían que esa función era cubierta por el fideicomiso.
Los integrantes de esa mesa directiva fueron sometidos a una serie de presiones por parte de la directiva del colegio, al grado de que les enviaron cartas con amenazas y se les notificó que sus hijos no serían reinscritos en el próximo ciclo escolar. Robles no sólo sacó a sus hijos de la escuela, sino que también dejó de trabajar en la empresa Volkswagen.
En noviembre de 2004 se eligió una nueva APF en la que de nueva cuenta aparecen Félix Tanús, concesionario del restaurante; Ileana Olmos, esposa del presidente del consejo del Colegio Humboldt; Norbert Weiss; Roberto Yrigoyen Lazzeri, en esa época casado con la hermana de Weiss; Elizabeth Lucía Castro Castell, quien era representante legal del Colegio, y Erick Merckel Reyes, director general de Volkswagen Camiones y Autobuses, y muy cercano a Karig.
El 17 de mayo de 2005 esa mesa directiva protocolizó ante el notario público 19, Fabián Gerardo Lara Said, la asamblea extraordinaria en la que determinaron la liquidación del Fideicomiso de Becas Educacionales y la “donación gratuita del saldo resultante en favor del colegio Humboldt”.
En un estado de cuenta emitido por Bancomer el 1 de abril de 2004 se reportó que el fideicomiso 189-1 contaba con un saldo de 14 millones 218 mil pesos, por lo que se asume, que al menos esa fue la cantidad de la que el Colegio Alemán se habría apropiado en 2005. Ese documento también demuestra que el saldo en 2003, cuando se da por hecho la quiebra del fideicomiso, no era de sólo 10 millones de pesos.
Además el acta de disolución fue firmada sólo por los integrantes de la mesa directiva, cuando el contrato con Bancomer marcaba en su cláusula séptima que para extinguir el fideicomiso era “necesaria la anuencia de la mayoría de los padres de familia”.
Todo eso ocurrió mientras que se encontraba en proceso la construcción del nuevo colegio en terrenos colindantes con la reserva territorial Atlixcáyotl, donados por el gobierno poblano.
Pero no fue sino hasta principios de este año cuando la APF pudo conocer esos documentos y presentó una demanda civil. En esas fechas terminó el sexenio de Mario Marín, quien tiene un hijo en ese colegio, y es muy cercano a Thomas Karig.
Entre la información que los padres de familia pudieron conocer se encuentran las actas inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Puebla en 2007, en las que se consigna que el Consejo de Administración del Colegio Humboldt –con Weiss y Karig como integrantes– asumió el manejo de la papelería escolar y reportó un aumento de capital por 29 millones de pesos, cantidad que no se sabe de dónde salió y por qué se destinó a un negocio con un inventario limitado.
También obtuvieron dos pólizas con el mismo número 44923878, emitidas ambas por GNP el 6 de julio de 2010. Una ampara la cantidad de 3 millones 15 mil 828 pesos y la otra 3 millones 409 mil pesos para asegurar a 791 y 864 alumnos respectivamente. En esos documentos aparece como agente Roberto Anaya Pratt, quien participó en la disolución del fideicomiso y fue nombrado consejero del colegio.
Además, los padres de familia inconformes proporcionaron a esta reportera un video en el que un ejecutivo de VW, cuya identidad se reserva, narra que Thomas Karig le advirtió que tenía que elegir entre respaldar el movimiento de padres de familia o su trabajo.
En un correo electrónico, Karig respondió a los cuestionamientos sobre este asunto. Aseguró que la empresa Volkswagen no tiene conocimiento de que alguno de sus funcionarios esté jurídicamente involucrado; negó las versiones sobre “supuestas presiones” contra empleados y que existan quejas contra la escuela.
