Ante los recientes videoescándalos relacionados con casinos y crimen organizado que salpican al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, los núcleos políticos asentados en San Nicolás (la Neocúpula) y en San Pedro (la vieja guardia), se disputan el control del comité estatal panista. No sólo está en juego el reparto de candidaturas para 2012: el panismo nuevoleonés además de votos presuntamente aporta dinero a las campañas políticas, como la de Josefina Vázquez Mota. MONTERREY, NL.- Después de dominar durante más de una década al PAN de Nuevo León, el Grupo San Nicolás comienza a desmoronarse tras el escándalo de los videos en los que aparece Jonás Larrazabal, el hermano del alcalde regiomontano Fernando Larrazabal Bretón, presuntamente recibiendo sobornos de parte del propietario de un casino.
Larrazabal Bretón, líder del grupo político también conocido como Neocúpula, ha tenido que enfrentar los ataques del grupo San Pedro, sus rivales tradicionales en el PAN, liderados por el exgobernador Fernando Canales Clariond, Alejandra Fernández Garza y José Luis Coindreau García, todos exdirigentes estatales.
Esta facción de políticos de la vieja guardia ha capitalizado los escándalos de los Larrazabal para tratar de recuperar los espacios que perdieron después de haber encumbrado a Canales Clariond como gobernador en 1997.
Después de ese gran éxito, los de San Pedro perdieron poder frente a Fernando Larrazabal, que formó con el ahora consejero de la Judicatura estatal, Raúl Gracia Guzmán, y el delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zeferino Salgado Almaguer, una alianza que ha manejado el partido los últimos 10 años.
Tan férreo es el control de los de San Nicolás que tienen prácticamente dominada la membresía del partido, ya que inscriben a los empleados a su servicio a cambio de respaldo en los procesos internos.
En la elección para gobernador de 2009, Fernando Larrazabal se perfilaba como candidato para enfrentar al priista Rodrigo Medina de la Cruz. Se dijo en el partido que, en una contienda interna, Larry –como le dicen sus correligionarios al alcalde regiomontano– hubiera ganado de calle, pero César Nava, el entonces dirigente nacional, designó por dedazo a Fernando Elizondo Barragán, quien ya había sido gobernador sustituto de Canales cuando éste se integró al gabinete de Vicente Fox, meses antes de concluir su mandato en 2003.
Elizondo, actual senador por Nuevo León, con muy escasa presencia en la entidad, fue derrotado y Larrazabal tuvo que conformarse con la alcaldía de Monterrey.
Desde entonces su proyecto político era convertirse en senador en 2012 y postularse a la gubernatura en 2015. Pero ahora todo eso comienza a desmoronarse por los videoescándalos y arrastra a su grupo político. En particular perjudicó a Miguel Ángel García Domínguez, su exsecretario de Desarrollo Humano, quien apareció en fotografías que lo ligan con Jonás y con Sergio Gil, el propietario del Casino Red y quien aparentemente patrocinó los primeros videos en los que se ve a Jonás recibiendo dinero.
El miércoles 7 de septiembre, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, le pidió a Fernando Larrazabal que se separara del puesto, pero éste hizo público su rechazo a la presión y el sábado10 presentó los resultados de una encuesta en la que, afirmó, dos tercios de los ciudadanos de Monterrey querían que se quedara.
Sin embargo, para calmar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el alcalde dispuso que García Domínguez se separara un mes de su puesto, mientras se le investiga por los videos. Esto lo pone en desventaja, si no es que descarta su aspiración para contender por la presidencia municipal de Monterrey el año entrante.
Ante la dificultad de someter a Larrazabal, Madero determinó el miércoles 14 que su caso fuera resuelto por la Comisión de Orden del PAN estatal, dirigido por Sandra Pámanes Ortiz, quien fue impuesta por el propio Larrazabal pero que en últimas fechas ha mostrado actitudes contrarias a los intereses del grupo que la puso en la dirigencia.
Lo irónico es que después de la tragedia del Casino Royale, el 25 de agosto, el gobernador priista Rodrigo Medina estaba a un paso de dimitir, presionado por la indignación de los ciudadanos, hartos de la inseguridad en el estado.
En el momento de mayor tensión, el 31 de agosto el diario Reforma y la agencia Apro difundieron los videos que implican a Jonás Larrazabal en aparentes actos de corrupción, lo que el gobernador Medina aprovechó para lanzarse contra el alcalde panista y su hermano.
Con el paso de los días, dichos videos desplazaron en la atención pública a la tragedia del Royale, que ahora es manejada con discreción por el gobierno estatal.
Choque de cúpulas
La trascendencia del PAN de Nuevo León en el plano electoral va más allá de los votos que aporta a sus candidatos. Aunque actualmente el PRI gobierna el estado, en las últimas elecciones presidenciales el voto de los ciudadanos del estado ha favorecido al panismo.
Sin embargo, con un padrón aproximado hasta junio de 2011 de 40 mil 350 afiliados en la entidad, de los cuales 13 mil 919 son miembros activos, el PAN de Nuevo León aporta a las campañas más dinero que votos. En el estado, que presume el mayor ingreso per cápita del país, se asientan algunas de las mayores fortunas de México.
Por ejemplo, a decir de un militante cercano a la campaña presidencial de Felipe Calderón en Monterrey, ésta fue apuntalada principalmente con recursos de Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, la tercera cementera más grande del mundo, y por la familia Garza Herrera, que preside Xignux, empresa de transformadores eléctricos y alimentos.
Asimismo, una fuente cercana a la dirigencia estatal del partido afirma que actualmente la aspirante Josefina Vázquez Mota tiene prácticamente asegurado el financiamiento de toda su campaña por empresarios de Monterrey.
Después de la tragedia del Royale, Calderón convocó en Los Pinos a la plana mayor del empresariado regiomontano, que tradicionalmente se mantiene al margen de los procesos electorales pero influye en la toma de decisiones de los gobiernos estatal y federal.
Acudieron Adrián Sada González, de Vitro; Armando Garza Sada, de Alfa; Eduardo Garza T., de Frisa; Enrique Zambrano, de Proeza; Eugenio Garza Herrera, de Xignux; Federico Toussaint, de Limusa; Francisco Garza Zambrano y Lorenzo Zambrano, de Cemex; José Antonio Fernández, de Femsa; Ricardo Martín Bringas, de Soriana, y Tomás González, de Cydsa.
Actualmente, Fernando Larrazabal Bretón es la principal figura del panismo nuevoleonés, y por orden expresa de Calderón Hinojosa su grupo respalda la pálida precandidatura de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda (Proceso 1818).
Originario de Oaxaca, en 1997 Larrazabal se convirtió en secretario de Obras Públicas de San Nicolás, cuando Jorge Luis Hinojosa asumió la presidencia municipal. Su antecesor fue Adalberto Núñez, quien a su vez la “heredó” de Jesús Hinojosa, padre de Jorge Luis y fundador del llamado Grupo San Nicolás.
Ya casado con una pariente de los exalcaldes (Eleonora Cárdenas), Larrazabal se postuló para la presidencia nicolaíta en 2000 y triunfó fácilmente, consolidando a su núcleo político, que además les arrebató a los Hinojosa. El nuevo alcalde nombró a Zeferino Salgado secretario del ayuntamiento, y a Miguel Ángel García, secretario de Servicios Públicos.
Desde entonces comenzaron a repartirse cargos. En 2003, García fue alcalde de San Nicolás, y Salgado, diputado local. Larrazabal recibió la dirección nacional del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y le tocó abrir la megabiblioteca José Vasconcelos, que de inmediato evidenció graves fallas estructurales.
En 2006, García ocupó la diputación local y dejó los últimos meses de su periodo en el municipio a Carlos de la Fuente, a quien tocó entregarle la administración a Zeferino Salgado. Éste designó a De la Fuente secretario de Desarrollo Social, y lo preparó para que en 2009 ganara la alcaldía que actualmente ostenta. Ese mismo año, Larrazabal obtuvo la presidencia municipal de Monterrey y designó secretario del ayuntamiento a Juan Carlos Ruiz, que fue dirigente estatal panista antes de Sandra Pámanes.
Cada quien para su santo
Fuentes estatales del PAN señalan que antes de los videos del escándalo el Grupo San Nicolás tenía planes ambiciosos: Miguel Ángel García iría por la presidencia de Monterrey el año entrante, Zeferino Salgado esperaba convertirse en diputado federal y buscar la candidatura para la alcaldía regiomontana dentro de tres años.
En tanto, Larrazabal se colocaría como senador y convocaría como suplente a Mariana Mancillas, esposa de Raúl Gracia Guzmán, quien fue diputado federal junto a Felipe Calderón. Querían también que Pedro Salgado, hermano de Zeferino y actual delegado de la Profeco, fuera candidato a presidente municipal de San Nicolás.
Panistas que apoyaron a los tres líderes en sus inicios ahora se quejan de que la ambición los ha llevado a excluir a todos los demás, lo que ha provocado serios cuestionamientos internos sobre su conducción política y el injusto reparto de posiciones. En tanto, la vieja cúpula languidece y se queja de que es relegada pese a que la encabezan políticos que tienen reconocimiento nacional.
Recientemente WikiLeaks revivió la cercanía del entonces alcalde Zeferino Salgado con Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, quien le prestó un helicóptero “para trabajos de seguridad en el municipio”.
El cable, difundido por el portal en internet, reveló que, en 2006, él y Adalberto Madero, que competía por la alcaldía de Monterrey, recibieron 2.5 millones de dólares cada uno como financiamiento del casinero para sus campañas políticas, lo que Salgado niega.
Del otro lado, los panistas del Grupo San Pedro iniciaron su decadencia política al finalizar el sexenio de Canales Clariond, cuando Fernando Elizondo lo sustituyó. En ese tiempo José Luis Coindreau era secretario general de Gobierno y suspiraba por la candidatura en las elecciones estatales de 2003, pero Canales quería postular a Elizondo.
Y aunque las fuentes del PAN estatal afirman que Canales no operó a favor de su preferido, Coindreau se enfadó porque el gobernador no lo respaldó ni le advirtió que no lo haría. Al final el candidato fue Mauricio Fernández, quien hizo una mala campaña y fue derrotado por el priista Natividad González Parás.
Ahora, con el videoescándalo, los veteranos intentan resurgir. Su cabeza visible es Fernando Canales Stelzer, hijo de Canales Clariond y quien fue secretario del ayuntamiento de San Pedro.
Canales hijo se ha encargado de presionar públicamente a Larrazabal para que solicite licencia, aunque sus esfuerzos han encontrado escaso eco. El domingo 11, salió a la calle para repartir volantes con la leyenda “Yo sí creo en el PAN. En Larrazabal no”.
Mientras repartía los panfletos, en el céntrico cruce de las calles de Zaragoza y Morelos, denunció que el edil regiomontano manipula libremente al partido: “Nosotros creemos en Acción Nacional, en sus órganos internos, en sus principios y estatutos, no así en gente advenediza que quiere secuestrar nuestro partido, como es el caso del alcalde Fernando Larrazabal, que desacata órdenes internas que precisamente buscaban dar claridad y transparencia a un proceso de investigación”.
Entrevistada al respecto, Fany Arellanes Cervantes, delegada de la Secretaría del Trabajo, consejera nacional y quien se declara “panista independiente”, reprocha:
“No me parece que, ante la crisis, gente como Fernando Canales Stelzer aproveche para repartir panfletos en contra de un funcionario panista, porque todos estamos en el mismo barco.”
Lamenta la decisión que tomó el PAN nacional de sancionar a Larrazabal, cuando no hay ninguna acusación con sustento jurídico en su contra por los escándalos, que sí involucran a su hermano, quien permanece arraigado mientras se le investiga por soborno y delincuencia organizada.
Opina incluso que Canales Stelzer debería ser sancionado por atacar al presidente municipal y con ello al partido en momentos críticos. Como él, otros “apresurados” deberían guardarse sus opiniones hasta que la procuraduría estatal ofrezca una resolución oficial sobre las responsabilidades de Jonás y Fernando, dice Arellanes, también exdiputada federal.
No obstante, considera que, a diferencia de lo que anuncia el ala tradicional panista, los videoescándalos solamente provocarán un reacomodo en el interior de la Neocúpula y no su debilitamiento:
“El grupo sigue teniendo una fuerza indiscutible y externamente lo que están haciendo es un control de daños para que afecte lo menos posible al partido. La vieja cúpula aprovecha la situación para que se conforme una delegación en Nuevo León (distinta del Comité Directivo Estatal y que responda directamente al centro) para debilitar aún más a sus adversarios, y yo pienso que ése (el enemigo) está afuera, y ni siquiera es un partido, sino el crimen organizado y la inseguridad, el desempleo, entre muchos otros”.
Víctor Pérez Díaz, diputado local panista, considera que el PRI ha manejado políticamente los videos a fin de alzar una cortina de humo ante los cuestionamientos a la cuenta pública de su dirigente nacional, Humberto Moreira, en el gobierno de Coahuila.
Pero considera que también algunos panistas están aprovechando la crisis para buscar cargos, como Canales Stelzer, quien a su parecer pretende posicionarse sin haber hecho un verdadero trabajo partidista.
Pérez Díaz, simpatizante de la Neocúpula, recuerda que en el pasado panistas de renombre, como Javier Livas, Alfredo Corella y Herminio Gómez, fueron expulsados del PAN por sus críticas internas, procedimiento que podría aplicársele al hijo del exgobernador.
Por su parte, Ranulfo Martínez Valdez, quien fue diputado local en 2006, reflexiona que ante la crisis han salido a relucir las argucias del Grupo San Nicolás, que ha manipulado a su favor el padrón de militantes hasta el grado de hacer imposible un proceso equitativo para definir candidatos a puestos de elección popular.
Afín al Grupo San Pedro, Martínez Valdez señala que Fernando Larrazabal podía ganar en 2009 la votación interna de candidato a gobernador porque ya tenía el control de los padrones, lo que prácticamente obligó a la designación de Elizondo como candidato.
Añade que el alcalde de Monterrey ha utilizado la nómina para obtener votos a favor de su grupo, como ocurrió en los procesos para elegir candidatos a diputados federales y locales, donde los militantes fueron presionados al emitir el sufragio.
