Faltan sólo nueve semanas para la inauguración de los XVI Juegos Panamericanos y las autoridades aún no diseñan una estrategia de blindaje para garantizar la seguridad de los atletas, entrenadores y directivos del deporte que participarán en el encuentro deportivo. Hasta ahora los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara sólo se quejan por los retenes y revisiones vehiculares, que sólo entorpecen el tráfico vehicular. Y en medio de todo, la violencia envuelve a Jalisco, en particular sus zonas limítrofes con Zacatecas.
Faltan nueve semanas para el inicio de los XVI Juegos Panamericanos y los preparativos para blindar el entorno jalisciense, pero sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara, son descoordinados y la ciudadanía se queja por los retenes y revisiones a los vehículos que transitan por las principales arterias en las horas pico.
Salvador Caro Cabrera, diputado federal por el PRI considera que si bien las autoridades se muestran ineficaces para frenar la delincuencia que amenaza con desbordar a las instituciones, la justa deportiva continental es un reto más que están obligados a asumir.
Integrante de la Comisión de Seguridad, el legislador asegura que hace cuatro años, durante la celebración de los XV Juegos Panamericanos, en Río de Janeiro, Brasil, la ciudad virtualmente fue tomada por policías federales y militares semanas antes de las competencias para garantizar la seguridad de los atletas y los asistentes.
El contraste en esta ocasión es notable, dice Caro Cabrera. Aquí, en Guadalajara, el asunto se ha tomado con bastante calma, por lo que cuestiona la falta de inversión en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad durante los próximos juegos.
“En Río de Janeiro las autoridades invirtieron más de 100 millones de dólares para reforzar toda la infraestructura en materia de seguridad previo a ese evento deportivo. En Jalisco, el gobierno del estado anunció una inversión de 100 millones de pesos, de los mil 500 que consiguió el gobernador Emilio González Márquez para ese rubro, según la autorización otorgada por el Congreso de Jalisco. La diferencia es abismal”, apunta el legislador.
E insiste sobre los riesgos por la falta de una estrategia de seguridad: “Ojalá no ocurra ninguna contingencia; no deseo que eso ocurra. Pero se tienen que prever todos los escenarios, más aún si se toma la condición (de violencia) que prevalece en la entidad”.
Vuelve al caso de Brasil, donde, dice Caro Cabrera, “las autoridades vieron desde antes del encuentro deportivo los grandes focos rojos en su territorio; “quiero pensar que quizás las autoridades federales y estatales (en México) no ven las condiciones que se percibían en aquel país hace cuatro años”.
A las críticas del legislador priista se suman las del alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, el perredista Enrique Alfaro Ramírez, quien se quejó ya por los retenes federales en su municipio, lo que afecta el aforo vehicular en horas críticas, en particular los automovilistas que circulan sobre avenida López Mateos.
Hace algunas semanas, medios locales informaron sobre un supuesto desencuentro entre autoridades federales y el responsable de la seguridad en Jalisco, Luis Carlos Nájera, por presunto desplazamiento, pues el control lo está asumiendo la federación.
En entrevista con Proceso Jalisco, Nájera sostiene que no hay diferencias, aunque las autoridades federales han tenido reuniones a puerta cerrada en los hoteles Fiesta Americana Minerva y Lafayette para discutir la estrategia para los Panamericanos. Nájera no ha sido convocado, lo que levanta suspicacias entre sus colaboradores.
Hartazgo ciudadano
En otras regiones de la entidad distantes de la mancha urbana, incluso en las poblaciones del sur de Zacatecas, la sensación de inseguridad es generalizada entre los lugareños. Algunos alcaldes incluso comenzaron a reforzar sus sistemas de seguridad, en tanto que militares y agentes de la Policía Federal aumentaron la vigilancia en ciertas carreteras de la entidad.
En varias zonas, los federales realizan operativos de reconocimiento territorial como si fueran a permanecer en él por semanas. En las poblaciones de la franja fronteriza con Zacatecas la gente habla de una inminente renuncia de policías ante el asedio de los grupos criminales por la indefensión ante las bandas del crimen organizado que suelen estar dotadas de armas de grueso calibre y se desplazan en vehículos de lujo.
Según testimonios recogidos por este semanario en esos poblados, varios alcaldes están a punto de presentar su renuncia: “No descarte usted que ante el asedio de la delincuencia algunos de ellos acudan ante el gobernador para entregarle la renuncia y las llaves de la presidencia”, comenta al reportero un asesor en seguridad que pide omitir su nombre.
El lunes 22, por ejemplo, las autoridades estatales confirmaron la muerte de cuatro sicarios en el vértice de la frontera entre los municipios de Chimaltitán y Totatiche en Jalisco, y Atolinga, Zacatecas. Según la información oficial, tres sicarios fallecieron calcinados al interior de un jeep Cherokee plateado luego de una persecución en la que participaron policías rurales.
Los testigos de la refriega aseguran que los socorristas de la Cruz Roja tuvieron que esperar a que se calmara la situación para atender a los lesionados. Doce horas después de la trifulca, la Secretaria de Seguridad informó que uno de los fallecidos era Miguel Ángel Angulo Ortiz, de 32 años, quien se desempeñó como policía de línea, durante una década. Sus compañeros le rindieron un homenaje póstumo.
El enfrentamiento se inició cuando efectivos de la policía rural recibieron una llamada sobre la presencia de un grupo de sujetos fuertemente armados a bordo de seis vehículos de lujo circulando por la brecha que comunica Atolinga con Chimaltitán, sobre la población de San Juan de los Potreros, en la frontera entre Zacatecas y Jalisco.
En el enfrentamiento, en el cual murieron cuatro sicarios, los policías localizaron tres rifles AK 47, media docena de uniformes tipo camuflaje con las siglas FE M3 R-1. A su vez, los militares, los agentes federales y las corporaciones policiacas involucradas desplegaron un operativo en el que aseguraron varios vehículos: una camioneta BMW, una Toyota (Tundra) y un jeep Cherokee en las inmediaciones de Florencia, Zacatecas. Las unidades tenían impactos de bala.
Ese mismo día, uniformados estatales atendieron otro servicio en las inmediaciones del municipio de Tepetongo, Zacatecas, colindante con Huejúcar, Jalisco, y otros poblados cercanos. Decomisaron 43 cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, 292 cartuchos útiles, una bomba casera elaborado a base de pólvora y con capacidad para explotar un carro o de derribar una finca, informaron a Proceso Jalisco los propios policías.
Además, fue capturado un grupo de ocho sujetos, entre ellos Sandra Gamboa Salazar, de 18 años y oriunda de Jerez, Zacatecas, quien admitió haber trabajado como halcón para el grupo de Los Zetas. Su pago quincenal era de 4 mil pesos, dijo la detenida.
Otros de los detenidos fueron Saúl García Conteras, Juvenal Gutiérrez Varela, Alejandro Espinoza, Alejandro Iván Martínez, Julio César Palacios, Froilán Rolando Hernández y José Alberto Ortiz Ortega, todos ellos metidos a labores de vigilancia en favor del grupo de Los Zetas y originarios de Zacatecas, cuyas edades oscilaban entre 18 y 33 años.
El día siguiente, martes 23, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, reconoció que la zona limítrofe con Aguascalientes y Jalisco representa un foco rojo y mostró sus condolencias por el fallecimiento de un elemento del Ejército en los enfrentamientos recientes ocurridos en los municipios de Atolinga y Jalpa, en los cuales murieron siete sicarios.
Apenas unas horas después del enfrentamiento en los límites de Jalisco y Zacatecas del lunes 22, otro grupo de sicarios atacó a varios policías zapopanos. El saldo fue de tres heridos: dos de la Dirección de Seguridad Pública municipal y un policía privado que resguardaba el ingreso a una clínica particular en el fraccionamiento Jardines de Guadalupe.
El domingo 21, en un hecho considerado por las autoridades como “un desafío por parte de las bandas criminales”, un joven de 25 años fue asesinado cuando viajaba junto con otra persona en un auto Renault Clío, con placas del Distrito Federal, sobre la carretera Zapopan-Nextipac. El homicidio se suscitó a menos de un kilómetro de las instalaciones de la XV Zona Militar, en la Mojonera.
Y en la zona metropolitana de Guadalajara, a la cual llegó hace dos semanas un contingente de elementos de la Policía Federal, la inseguridad no se ha modificado, pues las células de las bandas delincuenciales siguen actuando.
El miércoles 24 a medianoche las Oficinas de una línea de transporte público fueron ametralladas, localizado sobre avenida Aviación, en la colonia Nuevo México, en Zapopan. En el ataque murió una persona muerta y cinco resultaron heridas.
