La administración del alcalde tonalteco, el priista Juan Antonio Mateos Nuño, resulta paradójica. Cuando asumió el cargo reconoció que su antecesor le dejó una abultada deuda, por lo que, ante la falta de fondos, su administración sería austera. No obstante, el tesorero Luis Ramón Esparza Sezate gasta cuanto quiere sin informar en tiempo y forma a la Dirección de Patrimonio y, lo peor, el alcalde intenta reestructurar la deuda del ayuntamiento, que le saldría muy cara a sus sucesores y a los propios ciudadanos.
La austeridad prometida y los problemas financieros que estrangulan al municipio de Tonalá no impiden al tesorero Luis Ramón Esparza Sezate disponer de los recursos públicos locales a su libre antojo, como renovar el mobiliario del ayuntamiento y adquirir uniformes de policías a sobreprecio o equipo electrónico en tiendas costosas.
Lo peor es que Esparza Sezate hizo en secreto las compras de ese sofisticado equipo y olvidó enviar su reporte a la Dirección de Patrimonio. Sólo cuando el material fue supuestamente robado, el funcionario presentó una denuncia, lo que detonó el escándalo y puso en entredicho la política de austeridad anunciada por el alcalde Juan Antonio Mateos Nuño cuando inició su gestión.
Esa actitud no es nueva, por lo que el regidor del Partido del Trabajo, Mayo Ramírez Gutiérrez, recuerda que al principio de la administración priista encabezada por Mateos Nuño se acordó que, por falta de dinero, ninguno de los 15 regidores ni sus directores cobrarían sus primeras tres quincenas:
“(Esparza Sezate) nos contaba que no tenía ni un centavo, y el hijo de la chingada venía a comprar sus cosas a Sanborns… Incluso cuando discutimos la reestructuración de la deuda me dijo: ‘Oiga regidor, le voy a pedir una oportunidad de que si yo le demuestro que es benéfica la reestructuración, ¿vota a favor?’. Yo le dije que no le creía nada”, comenta el regidor petista.
El 16 de enero de 2010 el tesorero tonalteco gastó 20 mil 430 pesos en una computadora portátil HP, un maletín, un mouse óptico y una memoria móvil. Para el día 29 de ese mismo mes, Esparza compró en Sears una computadora portátil MacBook Pro, una calculadora científica rosa y una Office MacHome Student por un total de 29 mil 766 pesos, según la factura AU 3590.
En febrero prosiguieron las adquisiciones: el día 6, el tesorero fue a Sam’s Club y seleccionó equipo Phenom por 15 mil 130 pesos (factura CACB41260); el día 10 visitó Sanborns (factura 31679) e invirtió 4 mil 559 pesos en una cámara digital FS7, un reloj de pared y un teléfono inalámbrico; el día 24, Esparza decidió redecorar su oficina y compró un escritorio, un librero, una estación de trabajo, una silla operativa y 6 sillones ejecutivos.
Proceso Jalisco tiene copias de una factura por 18 mil 63 pesos por concepto de mobiliario adquirido con fondos del ayuntamiento tonalteca en la mueblería Eleganza. Y aun cuando Esparza está obligado a enterar a la Dirección de Patrimonio sobre cualquier adquisición para el inventario municipal, no siempre se ciñe a ese requisito.
Intentó hacerlo el 24 de febrero de 2010, cuando solicitó al director de Patrimonio, Ismael Olague Valdez, que le diera de alta el equipo mobiliario y de cómputo adquirido meses antes. Aun así, el tesorero omitió incluir la relación de los aparatos que compró en Sears y Sanborns, según consta en el oficio TM-A/082/2010.
El 23 de noviembre siguiente envió otro oficio (el TM-A/0716/2010) a Olague Valdez para solicitar la baja de la computadora MacBook Pro y de la cámara digital FS7 del inventario de la Tesorería municipal, “en virtud de que me fueron robados el pasado día 11 de los corrientes, como se detalla en la averiguación previa 4762/2010”.
En su declaración del 12 de noviembre ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, Esparza relata que el día anterior, tras terminar de cenar, tres sujetos le robaron un vehículo Tacoma 2010 en avenida San Jacinto, entre las calles Manuel Romero y A. García Cubas, colonia Jardines de La Paz, en Guadalajara. En el vehículo, según él, iban la MacBook Pro y un Ipad; además, según su declaración, le extrajeron de su bolsillo la cámara digital y un par de aparatos telefónicos.
Olvidos y sobreprecios
El director de Patrimonio le respondió el 14 de julio de 2011mediante el oficio DPM/1622/2011. En el escrito, Olague Valdez expone: “Hago de su conocimiento que la cámara ya fue dada de baja puesto que formaba parte de su inventario”
Pero también advierte: “La computadora jamás fue dada de alta en el sistema, ya que nunca fue reportada por la Tesorería ni enviada la copia de la factura para ingresar el aparato al patrimonio municipal, a pesar de que fue comprada en enero de 2010 y es hasta el 23 de marzo del año en curso que es recibida en esta dirección la copia de la factura”.
No es la única ocasión en que Esparza “olvidó” reportar aparatos electrónicos adquiridos con recursos del ayuntamiento. El 12 de noviembre último, el mismo día en que presentó la denuncia ante la PGJ, compró otra MacBook, esta vez en la plaza Centro Magno, por la que pagó 24 mil 879 pesos.
El 24 de marzo pasado, el tesorero envió otro oficio (el TM/1060/2011) a la Dirección de Patrimonio en el que informaba que hacía entrega de la factura 5905 de MacGic Store “que ampara la compra de un equipo de cómputo con las siguientes características: MacBook Pro 320 GB”, con el fin de que fuera incorporado al inventario.
Meses después, el 8 de septiembre, obró de manera similar tras adquirir una computadora HP en 12 mil 500 pesos. La compra, según el documento, la hizo el 31 de agosto de 2010.
Para el 6 de abril de 2011, Esparza compró un iPad en Plaza Andares, la zona comercial más lujosa de la ciudad, en 12 mil 577 pesos, “a solicitud del secretario particular” del alcalde, Carlos Gutiérrez Rodríguez. Se supo de la adquisición luego de que el 3 de mayo siguiente el tesorero pidió al director de Egresos, Armando Contreras Palomar, “el reembolso y la elaboración de un cheque” a su nombre por la compra del iPad.
El folio 3603 de la Dirección de Recursos Materiales señala que Samuel Santos Rodríguez, regidor priista y coordinador del Comité de Adquisiciones, ordenó el 17 de agosto de 2010 comprar a Confecciones Greco, S.A. de C.V., distintas cantidades de siete productos para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal por un total de 733 mil 178 pesos.
Las adquisiciones incluyeron 200 pantalones tipo Othan azul marino para policía rib-stop, tela importada 60% algodón y 40% poliéster, a un precio unitario de 657 pesos, y una cantidad similar de camisolas manga larga táctica azul marino para policía rib-stop, a un precio de 835 pesos por pieza.
Además, se autorizó la compra de 100 pares de botas, cada juego costó 892 pesos; otra tanta gorras, a 165 pesos por unidad, así como fornituras, insignias y divisas, linternas, gas lacrimógeno, candado, libretas y bolígrafos.
La compra se acordó mediante la licitación 005/2010 y se dio a la empresa ganadora un plazo de 50 días para la entrega de la mercancía. Llama la atención que, un mes y siete días después, el mismo regidor permitió que el jefe de compras, Carlos Alberto Segura Lozano, y el director de Recursos Materiales, Joel Íñiguez Vázquez, compraran iguales productos a sobreprecio.
Según la orden de compra 4892, con fecha 23 de septiembre de 2010, se invitó a la empresa Comercializadora Roca Azul, S.A. de C.V., que dotara de pantalones, camisa, calzado, gorras, playeras, calcetines y chamarras a los policías municipales.
Y aun cuando otra firma, Confecciones Greco, cotizó 657 pesos por pantalón, Comercializadora Roca Azul las vendió en mil 130 pesos; algo similar ocurrió con las camisas; mientras que la primera cotizó la prensa en 835 pesos, la segunda la vendió en mil 150 pesos. El ayuntamiento desembolsó 128 mil 992 pesos.
Por lo que respecta a las botas, Confecciones Greco ofreció cada par en 892 pesos, pero el proveedor beneficiado las vendió en mil 70 pesos. En el único precio en que Roca estuvo por debajo de su competidora fue en las gorras: la primera dijo que cada una valía 200 pesos, mientras que su competidora la ofreció en 165 pesos.
El regidor petista Mayo Ramírez cuestionó por qué no se compraron los uniformes a la empresa que ofrecía precios más económicos.
Demanda petista
El miércoles 17, el mismo regidor de oposición, Mayo Ramírez, presentó una demanda ante el Tribunal de lo Administrativo (Tae) en el que pide anular el dictamen aprobado por el pleno del ayuntamiento el 15 de julio de 2011, en el cual se ordena reestructurar el adeudo de 800 millones de pesos que tiene el ayuntamiento con las instituciones bancarias.
En su argumentación, el petista indica que la aprobación del 15 de julio “causaría un daño financiero al municipio” en su actual administración y en las subsecuentes, pues la deuda se transferiría a 20 años.
El regidor expone también que, en la sesión ordinaria del 15 de abril de 2011, el pleno turnó el acuerdo 569 a las comisiones edilicias de Hacienda y de Patrimonio Municipal para que ambas realicen un análisis y pongan en práctica un plan de austeridad para este año.
No obstante, en la sesión extraordinaria del 15 de julio se aprobó, con 14 votos a favor y tres en contra, el análisis financiero que elaboró únicamente la Comisión de Hacienda, sin tomar en cuenta la opinión de Patrimonio.
Mayo Ramírez insiste en que la decisión es ilegal y puede anularse, pues no se convocó a la Comisión de Patrimonio: “Si no hay dinero para afrontar las necesidades básicas de la administración pública, como el aspecto social y la seguridad pública, entre otras, es consecuencia de la mala planeación financiera”.
Y añade: “Se aprobó un presupuesto de Egresos e Ingresos, y mientras no se explique por qué no funcionó el plan presupuestal”, la reestructuración es ilegal”.
Asimismo, considera que el ayuntamiento cometería “anatocismo –el pago de interés sobre interés– en perjuicio del propio pueblo que decimos representar”; también subraya que con la reestructuración de la deuda “se pone en riesgo todo el patrimonio municipal y las participaciones federales y estatales que el ayuntamiento recibe para operar, lo que traería en las siguientes administraciones una crisis económica (…).
“Por tal razón –añade Mayo Ramírez – considero que el acto administrativo aquí demandado carece de una lógica financiera que pudiera beneficiar al pueblo que decimos representar, por lo que considero que el acto administrativo reclamado debe considerarse nulo.”
Por todo eso, el regidor petista pide al Tae que emita “una suspensión provisional sin caución (para mantener las) “cosas como se encuentran en este momento; es decir, que no se reestructure la deuda”.
