Manuel Espino no tiene dudas: Detrás de la demora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ratificar o revocar su expulsión del Partido Acción Nacional (PAN) está Felipe Calderón, el principal promotor de la sanción.
Ahora el instrumento para retrasar la sentencia y ratificar la expulsión –asegura– es el magistrado Salvador Nava Gomar, quien llegó al TEPJF en noviembre de 2006 patrocinado por el PAN, particularmente por Germán Martínez y el secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth, de quien fue socio como litigante.
“Germán Martínez era representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral y junto con un grupito de calderonistas impulsó la propuesta de Nava. Por eso en el Tribunal hay un magistrado calderonista que se llama Salvador Nava Gomar. Que sea calderonista se lo respeto, pero que sea parcial no. Su deber primario ante la ley es resolver con justicia y con criterio legal, no con criterio político”, subraya Espino.
Y es que, revela, hasta al resto de los magistrados les parece extraño que la impugnación se haya retrasado casi tres meses, cuando casos semejantes se resuelven en promedio en 18 días, sobre todo siendo un juicio “muy sencillo” de resolver porque involucra la libertad de expresión y no procede la sanción.
“Me parece muy significativo que algunos magistrados se digan extrañados por el tiempo transcurrido”, dice, y cuenta que el propio Nava, con quien se entrevistó el 9 de junio, le dijo que lo resolvería a finales de junio y que, como lo admiten los otros magistrados, no procede la expulsión.
“El magistrado ponente me dijo: ‘Ya leí su impugnación y están muy sólidos sus argumentos en lo que se refiere a libertad de expresión. Por ahí no podría ser la sanción. Sin embargo encontré un desplegado que pudiera dar elementos para una decisión diferente, un desplegado de Durango’. Le pregunté cuál de Durango, fueron dos. ‘Uno de Durango’, insistió. Y ahí mismo se los leí los dos.”
Quien fue presidente panista en las elecciones de 2006, cuando el TEPJF hizo ganador a Calderón, cuenta que le envió a Nava Gomar un escrito en el que señaló que en los desplegados hizo uso de su libertad de expresión y jamás llamó a votar por otro partido, como alegó el PAN para expulsarlo.
“Ahí no estoy pidiendo el voto para otro partido ni estoy pidiendo a los panistas ni siquiera que no voten, les digo nada más que ejerzan su derecho de votar en conciencia. Me parece que el magistrado estaba buscando algún pretexto, supongo que porque ya tenía presión de Los Pinos encima”, explica Espino.
Sin embargo, Nava Gomar se comprometió a elaborar pronto el proyecto de sentencia. “Él mismo me dijo: ‘Ya lo estoy estudiando, yo creo que la semana próxima tendré listo el proyecto, pero no me quiero presionar, me voy a dar una semana adicional y en 15 días ya lo puedo tener’. Eso sería el 27 de junio”.
Pasó otro mes y por eso, después de solicitarle varias veces audiencia vía telefónica, el jueves 28 Espino se presentó en las instalaciones del TEPJF pero Nava Gomar tampoco lo recibió. “Está incurriendo en lenidad en el cargo y si le escarbamos poquito quizá ya se estén actualizando algunos otros delitos establecidos en el Código Penal Federal”.
En efecto, aun cuando la ley no señala un plazo para que el TEPJF emita fallo sobre un caso, postergarlo indefinidamente puede dar lugar al delito de abuso de autoridad y si, como se presume, Gil Zuarth está coludido con Nava Gomar, se puede tipificar coalición de servidores públicos.
Expone: “Según la forma en que se dé la presión desde el gobierno hacia los magistrados, podría haber delito de concusión o de intimidación (artículos 218 y 219 del Código Penal Federal), lo que podría alcanzar culpa para el mismísimo Felipe Calderón”.
Si Gil Zuarth es la interpósita persona que retarda la administración de justicia o promueve una resolución ilícita en mi contra por emitir opiniones incómodas para Calderón, dice Espino, “estaríamos en el supuesto del tráfico de influencias o de peculado”.
Abunda: “Y como tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, si un magistrado se prestara al abuso de ratificar mi expulsión a cambio de alguna dádiva, estaríamos ante el delito de cohecho”.
Expulsión por las encuestas
Como secretario general y luego presidente del PAN, Espino conoció a personal del TEPJF, incluyendo a los magistrados que fueron elegidos en noviembre de 2006, quienes le han contado de las presiones de Los Pinos. “Son presiones groseras, que denotan prepotencia”, dice.
“He escuchado diversas versiones de que quien se ha encargado de presionar es precisamente Roberto Gil. Es el emisario de Los Pinos para ejercer presión. Claro que lo niega él y claro que los magistrados no lo van a decir. Pero es información que sale de ahí mismo.”
Ante todos los magistrados, dice Espino, ha expuesto sus argumentos jurídicos de por qué no procede su expulsión “pero también les expuse el expediente político: Esta es una persecución que viene ya de muchos años, pero la decisión de buscar expulsarme se dio en abril de 2009 en una reunión en Los Pinos”.
Tal como lo reveló a Proceso en febrero del año pasado, Espino reitera que Calderón dio la orden de expulsarlo, pero uno de los presentes en la reunión le propuso hacerlo después de las elecciones de 2009, ya con la victoria que esperaban en la Cámara de Diputados. “Pero vino la debacle electoral y se quedaron callados”.
Y a inicios de 2010, ya con César Nava en la presidencia panista, se retomó la idea de expulsar a Espino por inconformarse por la postulación de expriistas a los gobiernos de Puebla, Oaxaca y Sinaloa. “Ya se sabía que estaba habiendo pláticas con cada uno de ellos. Él palomeó esas candidaturas”, asegura.
En realidad, expone el expresidente del PAN, la idea de Calderón de expulsarlo viene desde 2008: “En el fondo de este caso subyace la preocupación de Los Pinos de que yo pudiera buscar la candidatura presidencial”.
Ese año una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) sobre los prospectos presidenciales del PAN ubicaba al senador Santiago Creel en primer lugar (34%), a Espino en segundo (24%) y a Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación Pública, en tercero (12%).
“Creel ya estaba en campaña, Josefina también y en ese tiempo estaban ya promoviendo fuerte a Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación. Fue la primera vez que aparecí en una encuesta y eso generó un gran malestar y una gran movilización calderonista en mi contra.”
En 2009, en otra encuesta del GCE –de la que entrega también copia al reportero– Espino aparece en tercer lugar, detrás de Creel y Vázquez Mota, “ya con la campaña en mi contra”, y en 2010 registra un empate técnico con Vázquez Mota, ya como diputada.
“Esas encuestas preocuparon mucho a Felipe Calderón y con base en ellas han alimentado su preocupación de que yo pudiera ser candidato presidencial. Bueno, hoy la decisión está tomada y no por encuestas, sino por una decisión política”, puntualiza Espino, varios de cuyos seguidores solicitaron al PAN, el miércoles 27, invitarlo a participar en las reuniones de prospectos presidenciales.
–Pero Vázquez Mota y Creel dicen que van a esperar a ver qué decide el Tribunal.
–Yo respeto la pretensión que desde hace por lo menos cinco años viene trabajando Josefina para llegar a 2012 como candidata presidencial y respeto también la intención de Creel que tiene por lo menos ocho años trabajando en esta misma intención, y creo que lo menos que deben hacer es respetar la mía y no posicionar algo que no es verdad.
Espino aclara: “Mi aspiración no depende de lo que resuelva el Tribunal y ello lo deben saber: Ambos fueron alguna vez candidatos a un puesto de elección popular sin ser militantes del partido. Saben que aun sin credencial del PAN se puede aspirar a ser candidato”.
Evoca: “Josefina llegó en 2000 a la diputación federal como externa; como secretario general yo promoví su afiliación en 2003; Creel fue diputado federal en 1997 y no era panista. Se afilió antes de asumir como secretario de Gobernación”.
Confía en que el presidente del PAN, Gustavo Madero, y la Comisión Nacional de Elecciones admitirán que participe en las reuniones de aspirantes a la candidatura presidencial y que se le comunicará antes del siguiente encuentro.
“La respuesta seguramente será favorable porque el que yo me incorpore en calidad de aspirante a los trabajos de preparación del partido rumbo a la elección del candidato presidencial abona a la unidad, suma, genera diálogo, deliberación, y ayuda a despejar temores de parcialidad y de exclusión. No tengo duda de que la respuesta será positiva y cuando haya otra reunión de aspirantes, ahí estaré.”
Argumenta a su favor: “El hecho de que se me responda positivamente le ayudaría a la dirigencia nacional a ratificar su autonomía del gobierno. Este no es un asunto que le compete al gobierno ni le compete al presidente ni siquiera el sentido de la respuesta”.
Y ejemplifica: “Tan no es necesario ser miembro del partido para aspirar a la candidatura presidencial y estar en esas reuniones, que uno de los que declinaron recientemente, Heriberto Félix, no es miembro activo del partido y fue candidato a gobernador en Sinaloa, hace seis años, consciente de que era un externo y que incluso fue secretario de un gobierno del PRI, y él estuvo sentado en las reuniones de los llamados aspirantes en condición de externo. Entonces no hay pretexto”.
–¿Y si no?
–No lo creo, porque pondrían un descrédito más al partido. Eso lastimaría la unidad.
