CIUDAD IXTEPEC, OAX.- Cada día cobran más fuerza las sospechas de que los ataúdes en que son repatriados los restos de migrantes centroamericanos masacrados en México sólo contienen arena o cal o incluso armas.
Juan José Alvarenga, agente de pastoral de Movilidad Humana de la arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras, asegura que en octubre del año pasado familiares de Miguel Ángel, uno de los jóvenes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, abrieron el féretro y sólo encontraron cal y arena.
Por eso, dice, llamó la atención que en los velorios de sus connacionales repatriados hubiera una fuerte presencia militar y policiaca para impedir que los ataúdes fueran abiertos. Eso, insiste, aumentó sus sospechas. Desde entonces, los hondureños sufren por no saber si enterraron los restos de sus parientes; algunos mantienen la esperanza de que éstos aún estén vivos, asegura.
Alvarenga comenta que la arquidiócesis de Tegucigalpa solicitará al relator sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, que pugne por establecer un mecanismo para exhumar los restos de 21 hondureños masacrados en el municipio tamaulipeco y enterrados en su tierra natal.
El propósito es comprobar que los cuerpos se encuentran en los ataúdes. Agrega que también le pedirán que haga un exhorto a las autoridades hondureñas para que permita abrir los ataúdes de los nueve migrantes que aún no son repatriados.
Entrevistado durante el recorrido de la caravana Paso a Paso hacia la Paz que se realizó por la ruta del migrante, Alvarenga comenta que en El Salvador y en Guatemala los deudos tampoco saben si reciben los cuerpos de sus parientes.
Luis Alberto López Martínez, representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desparecidos de El Salvador, apunta: “Nos hemos enterado que hubo una mala jugada de las autoridades mexicanas. Buscamos una esperanza y no merecemos que nos engañen”.
Asegura que conoce el caso de un migrante de su país asesinado en México a cuyos parientes les hayan permitido abrir su ataúd. Las autoridades argumentaron que tenían instrucciones precisas de que la caja no se abriera por ningún motivo.
En México, sostiene López Martínez, las autoridades realizan montajes espectaculares con tal de salir en las noticias y mejorar sus estadísticas en la lucha contra la criminalidad. Lamenta que se cometan ese tipo de injusticias y cita el caso de un grupo de connacionales suyos acusados de formar parte de Los Zetas cuando en realidad eran las víctimas de ese grupo delictivo.
Elizabeth Enríquez, de la Mesa Nacional de Migraciones de Guatemala, afirma que su país aún se mantiene viva la memoria de los 200 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado de hace 35 años. Es una herida que se vuelve a abrir con el caso de los migrantes asesinados.
La activista apunta que la Ley de Migración aprobada recientemente en México debe ir acompañada de un reglamento que garantice su correcta aplicación, y subsane las carencias y aberraciones que persisten en la política migratoria del país.
Menciona, por ejemplo, que para entrar a México los guatemaltecos deben tener una visa de tránsito y presentar comprobantes de ingresos por más de 3 mil quetzales. En su país, dice, el salario mínimo es de mil 800 quetzales. “Si tengo un empleo en el que gano más de 3 mil quetzales, de seguro no tendría ninguna razón para migrar”, afirma.
Veracruz, el Triángulo de las Bermudas
El relator sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias de la CIDH, Felipe González, comprobó las condiciones en que viajan los migrantes centroamericanos a bordo del tren conocido como La Bestia. Es muy dramático, asegura.
Y añade: “Es impresionante todo lo que ocurre en la frontera sur de México y la inseguridad que padece toda la gente. Ya hicimos un informe en Estados Unidos acerca de las condiciones en que se encuentran los migrantes. Esperamos que mejore la situación de los que pasan por México”.
El jueves 28 por la madrugada, la delegación de alto nivel de la CIDH constató las condiciones infrahumanas que enfrentan los miles de migrantes centroamericanos que durante días viajan en el techo de los vagones de La Bestia.
El relator Felipe González, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y el abogado de la relatoría Álvaro Botero observaron desde el albergue de Migrantes Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, la llegada del tren del cual descendieron centenares de migrantes centroamericanos.
González reitera: “Ha sido muy impresionante ver cómo llegan los migrantes en el techo de los vagones; es dramático, sobre todo porque no pueden viajar de manera segura y ponen sus vidas en riesgo. Esperamos que a partir de esta visita se mejoren las condiciones de vida de las personas que emigran”.
Adelanta que al término de su visita a México, la CIDH emitirá una serie de observaciones y elaborará un informe sobre el fenómeno migratorio que incluirá los secuestros, asesinatos, así como la participación de la sociedad civil, la reciente Ley de Migración y su reglamentación.
Antes de escuchar los testimonios de algunos casos de los 160 integrantes de la caravana proveniente de Honduras, El Salvador y Guatemala, el relator manifestó que lo que busca este grupo de alto nivel de la CIDH es que se garanticen los derechos a los migrantes en México.
También mencionó que hay preocupación por los asesinatos masivos ocurridos en territorio mexicano. Según González, en este aspecto los gobiernos federal y estatales tienen el compromiso de investigar, sancionar y evitar que se conculquen las garantías de los indocumentados.
La finalidad es que las autoridades gubernamentales “fortalezcan su política; que la policía actúe de manera eficaz para prevenir la violación a los derechos humanos, que los jueces actúen de manera diligente para proteger la vida de las personas como la del sacerdote Alejandro Solalinde”, quien ha recibido amenazas, expuso González.
Después de ocho días de recorrido desde Centroamérica a Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Solalinde se muestra optimista y asegura que con la reciente caravana esperan tener resultados positivos.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el defensor de migrantes envía un mensaje a Felipe Calderón para que “como autoridad no niegue los hechos y mejor nos ayude a investigar para que entre todos coadyuvemos al esclarecimiento de hechos y encontremos soluciones. Los migrantes no son un problema son una bendición”.
De igual forma se dirige “a las autoridades, a la sociedad civil, a Los Zetas, al crimen organizado y los malos funcionarios que han traicionado a México vendiendo a nuestros hermanos por dinero. No venimos a juzgar ni a insultar a nadie, sino a pedirles en nombre de Cristo que se unan a sus hermanos”.
Expone que en Veracruz se ve una terrible violación a los derechos humanos, corrupción, secuestros, pero sobre todo el reclutamiento de jóvenes veracruzanos y de Centroamérica.
“Estar aquí es amenazante; venimos a la ‘tiendita de Los Zetas’, al mero territorio donde casi todos se han coludido con ellos. Veracruz es el Triángulo de las Bermudas donde se desparece la gente”, ironiza.
Ante un altar improvisado y de rodillas, Solalinde pidió “perdón a Los Zetas, a todos los delincuentes y a todos los hermanos que les hemos fallado, que son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles apoyo, que no supo darles valores”.
Ante familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en México que viajaron a Coatzacoalcos –el nuevo Triángulo de las Bermudas–también pidió “perdón por esas familias que les falló y que no les pudieron brindar amor porque no los educaron en esa experiencia de ser aceptados y ser amados”.
En una liturgia celebrada bajo un puente por donde pasa La Bestia, Solalinde envió mensajes a las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, educativas y a los propios victimarios de los indocumentados. Lo escucharon su colega Tomás González Castillo, encargado de la Casa Refugio del Migrante, y David Hernández Tobilla, del coordinador de la Movilidad Humana de la Diócesis de Coatzacoalcos.
Rodeado de madres, hermanos, hijos de migrantes que portaban retratos de sus familiares desaparecidos Solalinde volvió a pedirles perdón porque, dijo, la Iglesia se ha concentrado en el culto y la vida burocrática, que no ha sabido responder a su duelo.
También arremetió contra la clase política, en particular a los que formaron parte de la administración de Fidel Herrera, quien “no supo estar a la altura de su responsabilidad histórica”.
