TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A nueve años de los hechos, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) inició hoy un “expediente de queja” en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el caso de los 18 bebés que murieron en un hospital de Comitán en el 2002.
El consejero de la CEDH, Jesús Ernesto Molina Ramos, dio a conocer que abrió el expediente con el fin de solicitar el cumplimiento de la recomendación 24/2004 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y deslindar responsabilidad legal por las muertes de los menores.
En el 2003, la CNDH decidió atraer el caso y como resultado de ello determinó que a los agraviados no se les proporcionó una adecuada prestación del servicio público de salud; tampoco se les otorgó una adecuada procuración de justicia, lo que propició que quedaran en estado de indefensión por la dilación en que incurrieron los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado en esas fechas.
En el mismo año, la entonces Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas inició de oficio la queja CEDH/COM/0002/01/2003, por la denuncia pública en la que se informó sobre la presunta negligencia médica.
Molina Ramos dijo que, de acuerdo con la CEDH, el gobierno de Chiapas incumplió con la recomendación, a pesar de que fue aceptada, por lo que el caso quedó en la impunidad.
Explicó que el CEDH velará por el “cabal cumplimiento” de las determinaciones formuladas la CNDH y por organismos internacionales, en especial aquellas en las que se determine la reparación del daño.
Indicó que de la investigación realizada se desprende que la Procuraduría General de Justicia del estado incumplió 17 averiguaciones previas por el probable delitos de homicidio doloso por omisión, pena que se actualiza por el hecho de que el gobierno del estado y su titular, al ser garantes de la salud, omitieron atender con medicamentos y equipamiento médico (infraestructura) adecuado al hospital de Comitán, lo cual arrojó como consecuencia el fallecimiento de los 18 bebés. Además, esta acción, señaló, representa una negación al acceso a la salud.
Por lo anterior, mencionó que el CEDH instó al Ejecutivo estatal a hacer un pronunciamiento respecto al cumplimiento de la recomendación 24/2004, emitida por la CNDH al gobierno de ese entonces que encabezó Salazar, en el periodo 2000-2006.
Asimismo, exhortó a la realización de una “investigación profunda” con el fin de deslindar la responsabilidad legal que, se deduce, le puede asistir al entonces titular del Ejecutivo, Pablo Salazar Mediguchía.
Sin embargo, el organismo considera que la responsabilidad debe quedar debidamente probada o desestimada, en atención a la indagatoria que se instaure en su contra.
Dijo que lo anterior obedece a que del estudio de las leyes aplicables se pueden presumir elementos suficientes para generar juicio de reproche en contra del exmandatario.
Insistió que como gobernador del estado, Salazar Mendiguchía tenía el deber inalienable de cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia de salud.
Molina Ramos agregó que, además de las especificaciones de la CNDH, también debe de iniciarse una averiguación previa en contra del Salazar Mendiguchía, “en virtud de que existen elementos suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de homicidio culposo”.
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