Algo huele mal en la procuraduría estatal. El escándalo de los videos que muestran a funcionarias de la dependencia festejando con strippers en horario de trabajo estalló el miércoles 13, pero los hechos ocurrieron en agosto del 2008. La impunidad que ha imperado desde entonces, pese a que los videos se conocían en la institución desde hace tiempo, retrata por sí misma al órgano de procuración de justicia… y a su titular, Tomás Coronado, él mismo señalado en 2007 por una menor de abuso sexual.
La Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) aún no se libra de la acusación de pederastia contra su titular, Tomás Coronado Olmos, y ya está envuelta en otro por la difusión –el pasado miércoles 13– de los videos de una fiesta con strippers y bebidas embriagantes que se celebró en horario de trabajo dentro de las oficinas de la Coordinación de Atención a Delitos Sexuales en Agravio a Menores y Violencia Intrafamiliar, cuyo titular es Pedro Haro Ocampo.
Para acallar el escándalo por la difusión de videos –que ya se conocían desde hace al menos dos años, porque alguien los subió al sistema de la PGJ–, el pasado viernes 15 Coronado se apresuró a informar del cese inmediato de las participantes.
Aparte de la festejada, la agente del Ministerio Público Yolanda Italia Flores Merino, supuestamente fueron cesadas la agente del MP Ana Bertha Castañeda, la actuaria Nancy Margarita Sahagún Ortega, la secretaria de agencia Alejandra Álvarez Díaz, una empleada meritoria sólo conocida con el nombre de Mari, la policía investigadora Patricia Cruz, otra no identificada y Ana María Morales, una de las que videograbaron la fiesta. Sin embargo, la mayoría de ellas sigue laborando en las instalaciones de la PGJ en la Calle 14.
Según empleados de la procuraduría consultados por Proceso Jalisco, Ana María Morales, cuyo nombre no aparece en el portal oficial, fue la más dedicada a grabar con su celular a los protagonistas y dejó de hacerlo sólo para unirse al relajo. Las fuentes indicaron que Morales había sido despedida por entregar un menor maltratado, que después murió, a los presuntos culpables: la madre y el padrastro. Y aunque aclaran que ella actuó de buena fe porque lo hizo a través de una hermana de la progenitora, dicen que finalmente Morales no fue despedida “porque sabía muchas cosas” y amenazó con difundirlas.
En cuanto a la festejada, Yolanda Italia Flores Merino, informan que fue cesada desde el año pasado al acreditarse que falsificó firmas en un expediente. Aunque en la prensa se manejó que el motivo de la fiesta fue su despedida de soltera, el 25 de agosto era el cumpleaños de la agente del MP.
También indican que Alejandra Díaz Álvarez no ha sido expulsada; ella se encontraba de vacaciones el viernes 15, cuando el procurador comunicó el supuesto castigo, y las fuentes no conocen documento alguno que avale su despido.
“Mario, Richard, Guillermo y Rogelio”, los empleados que contrataron a los strippers, inventaron que se había caído el sistema para correr a las personas que esperaban para interponer una denuncia, y se unieron a la fiesta cuando terminó la actuación de los muchachos.
Aunque el procurador Coronado Olmos afirmó que se haría el trabajo jurídico y administrativo para evitar contrademandas de las “castigadas”, personal de la PGJ señala que desde hace meses existen litigios laborales iniciados por exempleadas que fueron separadas de su cargo por otros motivos.
El “show”
Aquella noche de agosto del 2008, los gritos y las risas subieron de tono cuando los dos strippers invitaron a empleadas y funcionarias de la procuraduría jalisciense a participar en un juego: adoptar las posiciones eróticas más atrevidas. Dos desinhibidas funcionarias se montaron frente a frente y bien asidas a los cuerpos de los bailarines, que sólo vestían trusas negras y cachucha. Como premio recibieron un zangoloteo.
Las fuentes de la PGJ que asistieron al festejo informan que la autora de los videos difundidos en la prensa dejó de grabar para inmiscuirse en la diversión en los momentos culminantes, cuando los bailarines incluso tocaron “los genitales de dos compañeras” y algunas asistentes “le agarraron el tambache” a uno de ellos. El show duró 45 minutos.
El festejo se prolongó casi hasta el amanecer y, como había ocurrido ya en otras ocasiones en las guardias nocturnas, las bebidas embriagantes corrieron en abundancia. El personal consultado cuenta que incluso tenían que marcar las latas de cerveza con plumón para saber a quién pertenecían. Y en cuanto al alcohol, dicen, hasta hace poco se almacenaba en la propia oficina de Pedro Haro luego de sustraerlo de las cantinas y centros nocturnos que los funcionarios inspeccionan supuestamente para evitar que entren menores de edad.
“Diario hay guardias –dice una de las fuentes internas–; son tres tipos, según quien la encabeza, pero la más pesada, con más reventón, era la del licenciado José Elías Moreno Tafoya, brazo derecho de Pedro Haro”. No obstante, reconoce que la novedad de aquella noche fue la presencia de los strippers, a quienes contrataron porque uno de ellos es policía y tiene experiencia en ese tipo de espectáculos.
Los videos fueron subidos a la red interna de la PGJ desde el año pasado y fueron grabados por personal de otras áreas, por lo cual los jefes ya los conocían. Unas compañeras de Ana María Morales –quien en un video anima a la festejada para tocar al stripper– dicen que se quejó por el robo de su celular.
No fue sino hasta el pasado miércoles 13 cuando la organización Conciencia Cívica, que conforman esencialmente Salvador Cosío Gaona y Juan Manuel Estrada Juárez –este último presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos–, dio a conocer las grabaciones y al día siguiente presentó una queja en la Contraloría Interna, que ratificó el martes 19.
Los denunciantes indicaron en un boletín que desde el miércoles 13 han recibido llamadas de empleados de la PGJ, quienes les advierten que se cuiden, por lo cual ellos responsabilizan al procurador de cualquier acto violento que les suceda.
El 30 de agosto de 2007, una menor de edad denunció al procurador Tomás Coronado Olmos ante la dependencia que él mismo encabeza. En la averiguación previa 010935/2007/039-P24 la madre de la víctima declaró que el señalado participó en una fiesta en la que varias jovencitas fueron objeto de abuso sexual (Proceso Jalisco 149).
La duda
La exdiputada perredista Celia Fausto Lizaola considera que la difusión de los referidos videos es muy sospechosa.
Lo que llama la atención, dice, es que el material de ese convivio realizado en agosto de 2008 lo haya dado a conocer Salvador Cosío Gaona precisamente ahora que se le investiga por las irregularidades financieras cometidas en la LVII Legislatura local, en la que fue presidente de la Comisión de Inspección, así como integrante de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Además, el hijo del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri es pieza clave para aclarar el asunto del auditor estatal Alonso Godoy Pelayo, quien se quedó con 9.8 millones de pesos como autopago por unas vacaciones que al parecer nunca tomó.
Entrevistada por Proceso Jalisco, Fausto Lizaola insiste en que lo importante es saber quién permitió la organización de ese lamentable festín que muestra el lado denigrante de una institución. Lo cierto, dice, es que ni el jefe de la oficina de Delitos Sexuales, Pedro Haro, ni el procurador Tomás Coronado Olmos están exentos de responsabilidad en este caso.
Recuerda también que Coronado enfrenta acusaciones graves por su presunta participación en una fiesta privada realizada el 28 de agosto de 2007 en una granja cercana a la ciudad.
En esa ocasión, el procurador y otros funcionarios estuvieron con varias menores de edad, algunas de las cuales fueron violadas. No obstante los señalamientos de algunas de las afectadas, los cargos contra Coronado fueron desechados (averiguación previa 010935/2007/039-P24).
Fausto Lizaola asegura que, a diferencia de aquella denuncia que se armó en la agencia receptora 24 de la Subprocuraduría C de Delitos Sexuales contra Coronado, en el caso de las empleadas sí se aplicó todo el rigor de la ley.
Las prisas por sancionar a las trabajadoras de la fiscalía evidencian saña hacia ellas, mientras que sus superiores y las personas que autorizaron la reunión permanecen en sus cargos sin que nadie los moleste, aun cuando hay varias acusaciones contra funcionarios de primer nivel.
“El procurador no puede decir que es ajeno a la responsabilidad que le corresponde en el manejo de la dependencia”, dice la entrevistada. Y cuestiona: ¿qué fines se esconden en la denuncia contra las trabajadoras de la PGJ? Llama la atención que el caso salga a la luz 36 meses después y que los denunciantes sean Cosío Gaona y Juan Manuel Estrada.
Fausto Lizaola, recuerda que en la LVII Legislatura Cosío Gaona solía cambiar la redacción de los acuerdos tomados en la Comisión de Administración, por lo que sus compañeros lo llamaban el “diputado virus”.
Dice que no descarta que la denuncia sobre la fiesta teibolera sea una “bola de humo” para distraer a la opinión pública y bajar la presión sobre los excoordinadores del Congreso. “No me consta que sea una estrategia de Salvador (Cosío), pero Chava es muy astuto y por eso sí cabe la duda”, puntualiza la entrevistada.
Videos distractores
La organización que encabeza Cosío Gaona, Conciencia Cívica, difundió el video de la fiesta después de que el diputado panista Héctor Álvarez presentó una denuncia penal en la que exige investigarlo a él y a varios de los coordinadores parlamentarios de la LVII Legislatura; además, pidió la remoción del auditor Godoy Pelayo.
En la querella se asienta que al término de esa legislatura, Cosío Gaona fue uno de los que autorizó la venta de una flotilla de 19 automóviles modelos 1995-2004 pertenecientes al Congreso en 200 mil pesos.
El argumento de los diputados salientes fue que cada unidad valía apenas 500 pesos y que su mantenimiento resultaba oneroso, por lo que al rematarlas la institución se ahorraría 3 millones de pesos. No obstante, la mayor parte de los vehículos estaban en buenas condiciones.
En febrero de 2007, al inicio de la LVIII Legislatura, el diputado priista Javier Galván anunció que solicitaría a la Auditoría Superior una revisión de las finanzas de la anterior legislatura, ante la presunción de que detrás del comprador del parque vehicular, Ricardo Mata Martínez, podría estar un exdiputado.
Cosío pidió al priista aportar pruebas, y éste le respondió: “Las unidades no concuerdan con los precios que se fijaron para la venta”; y aun cuando comentó que no caería en los juegos de ese “punto negro”, expuso que revisaría “el tránsito de Cosío por este Congreso, porque lo único que dejó fueron penas y calamidades”.
Poco antes de que concluyera la LVII Legislatura, Cosío, quien encabezaba la bancada del PRD, logró un bono de 500 mil pesos para todos los diputados. Pero el asunto tronó entre los propios perredistas, entre los cuales estaban Celia Fausto, Manuel Villagómez y Manuel Castelazo.
En entrevista por separado, Fausto y Villagómez hablan sobre ese episodio del que los medios locales apenas informaron. Ella asegura que fue su compañero Castelazo quien le comentó que su cheque estaba listo para ser endosado a la cuenta que ella dispusiera.
“Yo le mandé decir que, por supuesto, no iba a recibir nada; que si me mandaba decir eso era porque quizá no me conocía bien”. Fausto dice que quizás el propio Castelazo se quedó con el dinero que llegó vía Chava Cosío.
Villagómez admite que, al negarse a recibir el bono, Cosío lo llamó para advertirle que su posición “estaba provocando reacciones y molestias entre otros legisladores. Yo le aclaré mi posición de no aceptar ese dinero y lo comenté con Celia Fausto, debido a que ella era diputada con licencia y acababa de integrase al ayuntamiento de Guadalajara como regidora”.
Cosío también estuvo implicado en el reparto de 148 plazas a personas de diferentes partidos y a diputados, de los cuales reservó 10 para sus colaboradores.
