El gobierno brasileño quedó entrampado en su propio discurso: si bien alienta la creación de una Comisión de la Verdad y de una Ley de Transparencia, defiende la Ley de Amnistía dictada y aplicada por la dictadura militar que impediría castigar a los responsables de torturas, desapariciones y asesinatos. Los organismos de derechos humanos ya se le fueron encima a la presidenta Rousseff, y algunos incluso hablan de secretos pactos vergonzantes entre el anterior mandatario, Lula, y los exgobernantes militares…
SAO PAULO.- Los crímenes de la dictadura militar brasileña (1964-1985) podrán ser conocidos públicamente pero no juzgados, según la posición del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera que fue presa política durante tres años y que comienza a ser cuestionada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Rousseff, delfín del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y exmandatario Lula da Silva, impulsa en el Congreso brasileño la aprobación de una Comisión de la Verdad, la primera en el país sudamericano que menos ha avanzado en cuestión de derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno defiende vigorosamente la Ley de Amnistía de 1979 –dictada por el gobernante de facto ya fallecido Joao Baptista Figueiredo–, una norma que tampoco Lula quiso cambiar, que fue ratificada el año pasado por la máxima corte de justicia del país y que evitaría que los criminales fueran castigados.
Al mismo tiempo, el gobierno y sus aliados expresaron diferencias sobre la nueva Ley de Información Pública y la posibilidad de que los archivos de la dictadura militar, de la Guerra de la Triple Alianza –la de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay en el siglo XIX–, la compra del estado de Acre a Bolivia en 1903 y el desarrollo nuclear permanezcan catalogados como ultrasecretos.
El pasado 28 de junio, el ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, afirmó que a las fuerzas armadas sólo les preocupa que se revelen “los datos sobre tecnología militar”.
Represores impunes
Si es aprobada, la Comisión de la Verdad –impulsada por Lula en diciembre de 2009– no tendrá poder político para enviar a juicio a los acusados de unas 400 muertes y desapariciones, ya que el gobierno no pretende cambiar la Ley de Amnistía.
“Somos los más atrasados de América Latina en cuestión de derechos humanos; todos los países han revisado su pasado. Brasil no debe insistir en el error porque eso se paga en el presente con lo que vemos ahora: ejecuciones policiales, campo libre para violar los derechos humanos”, dice a Proceso Rose Nogueira, presidenta del grupo Tortura Nunca Más, de Sao Paulo.
La posición de Nogueira tiene importancia simbólica porque fue compañera de celda de Dilma Rousseff en el presidio Tiradentes de Sao Paulo entre 1970 y 1972. Nogueira fue invitada especial a la asunción de la mandataria el pasado 1 de enero.
Ante la presión de las organizaciones de derechos humanos, el 27 de junio la ministra de Derechos Humanos, María do Rosário Nunes, declaró que este julio la Cámara de Diputados deberá dar media sanción al proyecto de la Comisión de la Verdad, criticada por los altos mandos de las fuerzas armadas cuyos voceros exigen que se incluyan en ella también las acciones de la guerrilla.
Rousseff se propuso dos grandes metas desde que asumió la presidencia: combatir la miseria o pobreza extrema y profundizar la política de derechos humanos. En este segundo punto las fuerzas conservadoras de Brasil, que forman parte de la amplia coalición de gobierno –13 partidos–, parecen estar ganando la batalla.
La presidenta desilusionó a los organismos de derechos humanos, el 17 de junio pasado porque su gobierno se declaró oficialmente por primera vez contra la revisión de la Ley de Amnistía mediante un recurso enviado por la Abogacía General de la Unión (procuraduría) al Superior Tribunal Federal.
En abril de 2010, la máxima corte del país, con el respaldo del gobierno de Lula, decidió no revisar la Ley de Amnistía con el argumento de que había servido para la “reconciliación” y la “apertura política”, ya que con ella pudieron regresar al país miles de exiliados y se abrió el camino para el fin del régimen.
El recurso rechaza un pedido de la Orden de Abogados de Brasil para que se revise la Ley de Amnistía luego del fallo, en noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ésta condenó a Brasil a investigar la ejecución y desaparición de 62 personas durante la represión de la dictadura al movimiento de resistencia conocido como Guerrilla de Araguaia, que actuó en el norte del país durante tres años y que fue eliminado en 1975.
Pero el abogado general del gobierno, Luiz Adams, se negó a reconocer el fallo de la Corte Interamericana, órgano dependiente de la OEA.
“Lo que hizo el gobierno fue seguir su línea de coherencia, expresada en la gestión de Lula, rechazando la revisión de la Ley de Amnistía. Dilma fue la que cambió su posición”, afirma a este semanario un portavoz de la administración federal, quien descarta que la presidenta haya sido sorprendida por este posicionamiento. El gobierno sostuvo que la Ley de Amnistía es anterior a la adhesión de Brasil al sistema interamericano de derechos humanos, de acuerdo con un documento al que accedió Proceso.
50 años tarde
Pero en el PT están convencidos de que los temas de memoria, verdad y justicia llegarán con la Comisión de la Verdad, que ineludiblemente chocará con la Ley de Amnistía.
“El gobierno está desafiando y desconociendo a la OEA. Hubo un retroceso grave de Dilma Rousseff en materia de derechos humanos al negarse a la sanción de ese organismo”, afirma en entrevista con Proceso Marcelo Zelic, dirigente de la Comisión Justicia y Paz de la diócesis de Sao Paulo y coordinador del Proyecto Almacén Memoria, que reúne archivos sobre los crímenes de la dictadura.
Sostiene que “el retroceso” del PT en materia de derechos humanos puede deberse a acuerdos tomados por Lula antes de llegar a la presidencia. Así como firmó con el mercado financiero un convenio para mantener la política macroeconómica de control de la inflación mediante tasas de interés, habría un pacto con los militares para eludir la discusión de los derechos humanos.
“Es evidente que hay un acuerdo para que no se levante la Ley de Amnistía y dejar impunes las muertes y torturas de la dictadura. Brasil llega 50 años tarde a todo. Fue el último en abolir la esclavitud y pretende discutir la dictadura cuando muera el último torturador”, afirma.
Para Zelic hay consenso entre los familiares de las víctimas en que la Comisión de la Verdad “es una cortina de humo” para no cumplir la sanción de la OEA. Por eso convocarán a los movimientos sociales a presionar al gobierno con una campaña que se llamará Cúmplase.
La diputada federal Luiza Erundina, exalcalde de Sao Paulo por el oficialista Partido Socialista Brasileño (PSB), presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Amnistía. “Es una ley otorgada por un Congreso controlado por la dictadura; mi propuesta es que lo modifique el Congreso de la democracia”, dijo, y criticó al poder político brasileño en general y a Lula por “falta de osadía” en el campo de la justicia respecto de la dictadura.
En entrevista con Proceso, Erundina, uno de los máximos referentes de la izquierda brasileña vinculada con el movimiento de los derechos humanos, es la encargada de organizar audiencias para reunir apoyos para la Comisión de la Verdad.
“El proyecto original de la propuesta es mala para muchas organizaciones de derechos humanos. Creo que es restrictiva porque no tiene como finalidad la justicia. Es limitada y está en el movimiento popular presionar y acelerar su conformación y sus objetivos, ya que dentro de la coalición de gobierno será difícil encontrar consensos porque es una base muy amplia y heterogénea”, señala la diputada.
Según Erundina, Brasil es el “más retrógado de los países” de Sudamérica en cuestiones democráticas. “En 1985 no hubo redemocratización, hubo un traspaso del poder militar al poder civil, tal vez una de las raíces de toda esta situación”, afirma.
El presidente civil después de la dictadura fue José Sarney (1985-1990), caudillo del norte amazónico que fue elegido por un Congreso con gran poder militar, no por elecciones directas. El primer elegido directamente por el pueblo fue Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien renunció por un escándalo de corrupción cuando el Congreso había aprobado su juicio político.
Archivos secretos
En medio de este debate, Rousseff pretende reforzar el perfil de su gobierno, que aún se recupera de su primera fractura: la caída del jefe de la Casa Civil (jefe de gabinete), Antonio Palocci, acusado de tráfico de influencias por haber multiplicado por 20 en los últimos cuatro años su patrimonio mediante trabajos de consultoría financiera.
La presidenta intenta ahora demostrar iniciativa política con el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, para liberar de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores archivos históricos que puedan echar luz sobre la dictadura militar iniciada el 31 de marzo de 1964 con el golpe contra el presidente Joao Goulart, y su participación en el Plan Cóndor, la red de cooperación represiva entre las dictaduras sudamericanas.
El proyecto de ley fue rechazado por dos grandes aliados de la coalición lulista de gobierno, los expresidentes Sarney y Collor, quienes argumentaron que podría haber problemas con los países vecinos y reclamos históricos.
Según versiones de prensa, Collor de Mello, del Partido Laborista Brasileño y titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, incluso le advirtió a Rousseff que en los documentos de la Cancillería consta un soborno –con caballos y prostitutas– al gobierno boliviano como parte de la venta del estado de Acre a Brasil en 1903.
Otro hecho, revelado por el diario Folha de Sao Paulo, es que a inicios de los noventa Brasil se abstuvo de entregar información a Argentina sobre su capacidad de desarrollo de energía nuclear. El proyecto de ley del gobierno fija en 50 años el plazo máximo para mantener archivos en secreto.
“Yo estaba a favor de abrir todos los documentos secretos pero, por pedido de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, se preservarán más tiempo los que impliquen cuestiones de política exterior, territorio y soberanía. Eso sí, no habrá secreto en cuanto a archivos que contengan informaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Ninguno”, dijo Rousseff.
La polémica generó la intervención de Lula, jefe político de la coalición, quien pidió “abrir todos los archivos, porque el pueblo necesita saber más”. Este contrapunto, sin embargo, “no afecta la colosal y exitosa sociedad electoral y política montada por Lula y Rousseff”, consideró Clovis Rossi, principal articulista de Folha de Sao Paulo.
