Mientras Emilio González Márquez se afana en sacar adelante la construcción de la Villa Panamericana con fondos del Instituto de Pensiones del Estado, con lo que pone en riesgo 900 millones de pesos de los burócratas jaliscienses, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) pidió a las empresas desarrolladoras Corey Integra y Cornejo Barragán que exhiban copias certificadas de los nombres y domicilios de las personas con que celebraron contratos de promesa de venta o compraventa. Mientras, las obras siguen en suspenso y la inconformidad de los burócratas por el avieso manejo de sus fondos de pensiones crece. Frente a la negativa de los bancos para financiar la Villa Panamericana por considerar que el proyecto es económicamente inviable y está al margen de la ley, el gobernador Emilio González Márquez entró al quite y, como lo había hecho en Chalacatepec con su Nuevo Cancún, en Costalegre, comprometió 900 millones de pesos del fondo de pensiones de los burócratas para garantizar la conclusión de las obras. Con esa decisión, González Márquez puso en riesgo la salud financiera del estado, en particular la de los burócratas que cotizan al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), quienes terminarán por financiar un proyecto que no sólo no les pertenece, sino que además está en riesgo debido a la suspensión judicial que pesa sobre el mismo e impide su comercialización (Proceso Jalisco 338 y 339). Y mientras el gobernador hace gestiones ante la federación para que salga a su rescate, los trabajadores se quejan porque, dicen, sus ahorros se invierten en “negocios” de riesgo y los opositores al proyecto amplían su demanda e insisten en que se declare nula la licencia de construcción. El 20 de junio último, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) requirió a las empresas desarrolladoras Corey Integra y Cornejo Barragán para que exhiban copias certificadas de los nombres y domicilios de las personas con que celebraron contratos de promesa de venta o compraventa. La magistrada Patricia Campos, presidenta de la Quinta Sala Unitaria, fijó un plazo de cinco días a partir de la notificación para que ambas cumplan con la entrega de información, según el expediente V-67/2011. El rescate Hace tres semanas, el mismo González Márquez habló del apalancamiento financiero que su gobierno ha dado a los desarrolladores de la villa, quienes no lograron contratar líneas de crédito con la banca privada por la falta de garantías. El obstáculo, insalvable hasta hoy, data de hace tres meses, cuando el TAE ordenó la paralización de las ventas de los departamentos, cuyos precios oscilan entre 1.8 y 3.5 millones de pesos. La confirmación del apoyo la hizo el mandatario en la Ciudad de México, luego de su visita al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, a quien le pidió recursos para compensar lo que su gobierno ha prestado a los promotores, en tanto éstos liquidan su deuda. El préstamo de la hacienda estatal fue triangulado a través de la Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del gobierno estatal (Iprovipe), y asciende a 525 millones de pesos, mientras que el apoyo del Ipejal fue por 340 millones, según informó La Jornada el 23 de junio de 2011. El Informador publicó el pasado 9 de junio que “debido a que el ayuntamiento tapatío no se hace cargo de los gastos generados por la construcción de la Villa Panamericana, los cuales han sido fondeados por el gobierno estatal, González Márquez informó que pidió ayuda al gobierno federal para recuperar lo invertido”. El mandatario afirmó que su petición a Cordero se hizo en el entendido de que los fondos se reintegrarán a la federación cuando los empresarios paguen, ya que el dinero se dio en préstamo: “Buscamos que el gobierno federal nos ayude y que cuando el constructor pague, pues que se le pague al gobierno federal y el estado tenga sus recursos para salir este año”. El 19 de junio, el diario Ocho Columnas informó que González Márquez declaró en entrevista radiofónica que Guadalajara difícilmente puede meterle dinero a los Panamericanos y que la única alternativa es que el gobierno federal intervenga: “Hemos hecho distintos planteamientos, algunos de aportación a fondo perdido, algunos otros de financiamiento, y estamos trabajando en ello”, abundó el mandatario. El dinero entregado a las dos desarrolladoras por medio de Iprovipe “es legal”, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin), ya que el instituto es un órgano público descentralizado que puede entrar al financiamiento de proyectos. Los fondos fueron transferidos de la hacienda estatal al Iprovipe, con base en el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios. Las direcciones de Comunicación Social de la Sefin y del Iprovipe confirmaron la semana antepasada a este semanario que de 2009 a la fecha se han hecho tres transferencias de recursos. El dinero deberá reintegrarse a las arcas del estado a una tasa interbancaria de equilibrio (TIEE), más tres puntos. Esto es, alrededor de 8% anual. Sin embargo, la secretaría y la inmobiliaria ocultaron la información relativa a los términos del contrato, específicamente al plazo en que los constructores se comprometieron a pagar el préstamo, las fechas exactas en que se les dio el dinero, las formas de cumplimiento, así como las penalizaciones. Proceso Jalisco buscó a los titulares de las dependencias para conocer su versión, pero ambos se negaron a declarar. La Sefin entregó una ficha informativa en la que reporta que en 2009 canalizó a Iprovipe 100 millones de pesos; en 2010 la transferencia fue de 320 millones de pesos, y la de este año es por 105 millones de pesos. El Iprovipe, a su vez, presentó a este semanario la misma información días después, pero sin revelar fechas ni condiciones del préstamo. Un proyecto opaco Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron a Proceso Jalisco que desde la licitación del proyecto, el gobierno anunció que lo financiaría con 400 millones de pesos. Incluso se previno que, en caso de problemas con la venta, se permitiría a los desarrolladores pagar con dinero y con departamentos una vez vencido el plazo del crédito. Asimismo se acordó constituir una comisión de seguimiento del proyecto –representada por líderes empresariales–, pero fue desintegrada tras la presión ejercida por el Comité Organizador de los Panamericanos de Guadalajara (Copag). El costo que se calculó para la ejecución del proyecto, sin incluir el terreno, era de mil millones de pesos. Con el préstamo de los 400 millones del Ejecutivo, los promotores apostaron a conseguir otros 300 millones vía preventa de los departamentos y buscaron una línea de crédito por otros 400 millones. La planeación financiera se vino al traste por los problemas legales que enfrenta el proyecto inmobiliario, ya que se violaron normas en materia de desarrollo urbano y equilibrio ecológico. Hace tres meses, el TAE admitió una demanda de nulidad interpuesta por Sergio Adalberto Peraza Segovia y Adrián Garza Ayala, habitantes del fraccionamiento Rancho Contento, colindante con la villa, y concedió la suspensión (expediente VB-67/2011) “sólo para efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades demandadas se abstengan de realizar cualquier acto traslativo de dominio respecto de los departamentos a que se refiere la licencia de edificación –con clave HS/D-3731-09/D –, otorgada por el ayuntamiento de Zapopan, sin que se suspenda la obra”. La suspensión sigue vigente. Una segunda demanda fue admitida y se concedió una nueva suspensión, que, además del congelamiento de la venta, incluye el cese temporal de las obras. Gracias a un amparo promovido en el Juzgado Quinto de Distrito (expediente 1085/2011), se permitió a los desarrolladores continuar los trabajos. El pasado 24 de junio estaba programada la audiencia constitucional, pero se suspendió, a petición de los promotores, informó Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos inconformes de Rancho Contento. El litigante considera que se están utilizando tácticas dilatorias en tanto los desarrolladores terminan la obra. Peraza Segovia asegura que el apoyo financiero del gobierno a los desarrolladores es riesgoso, incluso anticipa que si la autoridad judicial le da la razón a él y a Garza Ayala habrá problemas para que los recursos regresen a las arcas. Al margen de los problemas legales y el grave riesgo para El Bajío, Peraza Segovia, quien tiene experiencia en el mercado inmobiliario, advierte que el proyecto de la Villa Panamericana se ha consolidado con recursos del pueblo, por lo que habría que esperar que reduzcan los precios de venta de los departamentos. “Si el gobierno va a invertir, hay que ver que gane utilidades y se revise en cuánto se puso el valor de la tierra”, dice el entrevistado. Y explica: “Si compré a 300 pesos el metro cuadrado, y hay papeles que lo confirman, y me cuesta equis cantidad fraccionar, tengo que agregarle como otros 900 pesos al metro. Entonces, el metro fraccionado me costó unos mil 200 pesos. Si le subo otros 300 o 400 pesos a cada metro por concepto de intereses, estamos hablando de mil 600 pesos. A eso le agregas 45 o 50%, la venta se eleva a cerca de 2 mil 400 pesos el metro. Pero aquí hablamos de mucho más, de un gran negocio. “Si me dan infraestructura y me financian el proyecto, y compro a 300 pesos el metro sin pagar intereses, por lo menos los del mercado, estamos hablando de que debo vender máximo a 2 mil pesos el metro. Pero si lo vendo a 4 mil pesos, ¿qué utilidad tengo? Esta es la manera de ver el proyecto. “Creo que si el gobernador prestó 900 millones de pesos, les hizo el negocio. Si tengo tierra de 300 pesos y la pongo a 4 mil, ya fraccionada, ¡invítenme a un negocio así!” Las vicisitudes Este semanario ha informado sobre la opacidad con que se conduce el gobierno estatal respecto de los fondos destinados para la celebración de los Juegos Panamericanos que, según la Sefin, de 2009 a 2010 rebasaba los 2 mil 350 millones de pesos. Publicó también que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) requirió al gobierno de Jalisco que le pagara 5 millones 152 mil 90.43 pesos luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) marcó esa cantidad en las observaciones a la auditoría realizada a la cuenta de 2009 –como penalización– por la demora en el depósito de los fondos transferidos para los panamericanos. La Sefin sólo reintegró una quinta parte. En su edición del 19 de junio, Mural informó sobre las tres negativas del Copag para entregar copia de los estados financieros y las actas del fideicomiso encargado de la infraestructura deportiva. El argumento de los abogados del Copag es que no entregaron los datos para evitar que éstos cayeran en manos de Los Zetas o ante la eventualidad de que la justa continental no se realice. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), Martha Elia Naranjo, consideró que fue un “grave error” la decisión del Consejo de Administración del Ipejal de invertir 340 millones de pesos de sus agremiados en la Villa Panamericana. Recordó que 12 mil 800 trabajadores afiliados a la federación se ampararon contra algunos cambios a la Ley de Pensiones, vigentes desde el 20 de noviembre de 2009, con base en los cuales el Ipejal, que antes era dirección, puede actuar como banca privada. “Si los bancos –expertos en garantizar sus préstamos y en asegurarse de que recibirán el dinero que prestan– no autorizaron los créditos para la villa, resulta preocupante que el Instituto de Pensiones preste nuestros ahorros”, enfatizó Martha Elia. La también secretaria general de los trabajadores del DIF advirtió que, al igual que en el caso del proyecto Chalacatepec, el apalancamiento financiero del instituto a las villas constituye un grave peligro, por lo que urge evitar el daño a los trabajadores del Estado.
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