Información, arma letal del narco

Aunque el gobernador Emilio González trate de culpar al PRI de un problema que ha crecido en más de 15 años de gobiernos panistas, el año pasado Jalisco rompió sus peores récords: en número de muertos por la violencia del narcotráfico, en levantones y en policías asesinados. A partir de una averiguación previa de la PGR sobre una presunta venta de información confidencial al crimen organizado, un recuento de los atentados contra policías y especialistas consultados corroboran la posibilidad de que los cárteles estén utilizando información detallada sobre los mandos y agentes de las corporaciones, a los que están cazando.

La ejecución del jefe de la División de Robo de Vehículos, Jesús Quirarte Ruvalcaba, el 24 de febrero; los asesinatos de altos mandos policíacos que lo precedieron y el frustrado atentado de la noche anterior contra un agente del Ministerio Público evidencian fuga de información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) hacia el crimen organizado. 

El 18 de abril de 2010 se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) que personal de la fiscalía estatal pudo haber entregado información privilegiada a cambio de dinero a personas conectadas con el hampa e incluso con el narcotráfico.

En averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AGUNO/MV/2927/2010 se indica que los datos fueron puestos a disposición de un grupo de presuntos criminales en un archivo digital contenido en una memoria USB. 

Fuentes consultadas por Proceso Jalisco destacan que el documento contiene los nombres y los números telefónicos (celulares y fijos) de cada uno de los policías investigadores, de los escoltas asignados al gobernador Emilio González Márquez; al secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; al procurador y los subprocuradores, así como a exfuncionarios estatales y municipales de primer nivel. 

Según dichas fuentes, en el archivo se menciona qué elementos cuidan al rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Celso Rodríguez González. Se informa además la marca y placas del  vehículo que tiene asignado cada elemento y el tipo de arma que porta.

Se establecen asimismo detalles como si el agente cuenta con chaleco antibalas y si éste está caducado o no; quién es el jefe de cada grupo, su número celular y cuántos policías investigadores se encuentran comisionados en zonas foráneas.

El archivo incluye fotografías digitales de todo el personal de la PGJ, tanto en las áreas administrativas como en las operativas, ya sea en la zona metropolitana o en las regiones. Bajo la foto aparece el respectivo Registro Federal de Causantes y la firma digital.

Entrevistado al respecto, el catedrático de la Universidad de Guadalajara Francisco Jiménez Reynoso considera que las agresiones contra más de 20 empleados de la PGJ durante el mando de Tomás Coronado Olmos  ofrece indicios de una importante fuga de información hacia el crimen organizado.

A juzgar por la forma en que operan, los asesinos “tienen a su disposición bases de datos que (seguramente) les permiten ubicar a sus víctimas y huir de la escena del crimen en medio de una estela de impunidad. Los criminales les demuestran a las autoridades y a la ciudadanía que cuentan con una logística, que tienen la información necesaria para las ejecuciones, que operan con bancos de datos, y que conocen y disponen del organigrama de la procuraduría”.

La pregunta obligada, dice, es cómo los criminales tuvieron acceso a esos datos vitales de la corporación: “Una posibilidad es que esa información haya sido vendida al crimen organizado. Ahí pueden contenerse los datos de quiénes son los agentes de la procuraduría, los nombres, sus domicilios, los teléfonos, el tipo de arma que portan, la unidades que traen y hasta las placas de los vehículos o los datos de sus domicilios. Por eso me atrevo a decir que literalmente están cazando a los agentes de la fiscalía”. 

Advierte: “Los sicarios pueden estudiar los movimientos de los empleados por uno o varios días, porque se trata de gente que sabe lo que hace y queda claro que los agresores no son ningunos improvisados, como se les ha querido ver”.

Si se comprueba la filtración, “eso significaría (que se cometió) una traición a la institución y a los elementos policiacos. Sólo bajo este escenario se puede entender que los sicarios actúen con precisión quirúrgica”.  

Jiménez Reynoso recuerda la forma en que fue ejecutado el exjefe de Homicidios Carlos Alberto Rayas Rodríguez, el 3 de abril de 2009, en la colonia La Tuzanía. El mando policiaco acababa de salir de su hogar y circulaba por el Periférico Norte hacia las instalaciones de la PGJ, en la Zona Industrial, adonde se llevaría a cabo un acto oficial. Rayas Rodríguez vivía por Lomas de Zapopan. Aquel día se ofreció para darle un raid a su vecina Luz María Rivera, quien también falleció en el atentado.   

Sobre el caso de Jesús Quirarte y de su cónyuge María de Jesús Aldrete Rosales, el entrevistado destaca que los homicidas conocían muy bien sus movimientos. Asegura que entre la ejecución de Rayas y la de Quirarte con su esposa hay diferencias cualitativas: 

“Este doble asesinato lleva un mensaje claro que pretende aterrorizar a los elementos que laboran en la fiscalía. Eso quiere decir que no sólo se actúa en contra de los policías, sino que el riesgo corre hacia sus familiares, aunque en el caso de la esposa de Quirarte no se puede descartar que (su presencia) fuera casual”.

Cacería de jefes

De hecho, el incremento de los homicidios de policías fue notorio desde 2008. El 17 de octubre de ese año, en Zapopan, tres agentes investigadores fueron masacrados cuando pretendían detener a un sujeto que era investigado por delitos cometidos en el norte del país.

El 24 de junio de 2009, en Tequila, en un local de tortas ahogadas cayeron acribillados cuatro policías investigadores, un agente de la Secretaría Vialidad y Transporte, además de un civil. 

El coordinador regional de la Policía Investigadora en Autlán, Arturo Maravilla López, fue asesinado el 9 de abril de 2010. En septiembre siguiente,  en la cabecera municipal de El Salto, fue baleado el comandante Jesús González, asignado al área de Robo de Transporte de Carga, en Ocotlán. Días antes había caído el comandante Felipe Saavedra, de la PGJ.

En julio del mismo año, en Mascota, fue ejecutado el comandante Alfredo Terrones Cervera, delegado de la PGJ en la región Costa Norte. El crimen ocurrió en el cruce de la calle Justo Sierra y Aldama, donde se recogieron más de 50 casquillos de rifles de asalto AK-47 y R-15.

En noviembre de 2010 el sucesor de Carlos Alberto Rayas en el área de Homicidios Intencionales, Evaristo Ortega Chagoyán, fue asesinado junto con su escolta Juan Manuel Rojas Quiroz en la carretera El Castillo-El Salto, zona que no frecuentaba.  

Para Jiménez Reynoso esta situación obliga a las autoridades estatales a reflexionar sobre la seguridad de los funcionarios y sobre el incremento de las posibilidades de que cualquier servidor público relacionado con la procuración de justicia sea blanco de un ataque. 

“Deben entender que la vida de algunos funcionarios es observada en condición de riesgo y tienen que trabajar a contrarreloj para evitar más muertes. Por desgracia, las autoridades estatales están improvisando o esperando a ver qué pasa”.

La PGJ registró que en 2008 fallecieron cinco agentes, cuatro en 2009 y siete en 2010, pero no aclara que se trata de las mayores bajas de su historia. Ni siquiera menciona que entre los caídos hay jefes de área, agentes del Ministerio Público y delegados regionales.

Para Jiménez Reynoso, las agresiones al personal de la procuraduría pueden ser parte de la ofensiva general de los diversos cárteles para tener dominio de la entidad, pero también pueden ser provocadas por el rompimiento de acuerdos con el crimen organizado. 

Recuerda que a través de Internet varios agentes y mandos policiacos fueron amenazados por su presunta protección a una de las bandas del crimen organizado. Incluso el autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación  llegó al extremo de emplazar al gobierno del estado, mediante narcomantas, para que diera de baja a policías y comandantes que supuestamente protegen a La Resistencia.

El académico retoma el ejemplo del atentado de la madrugada del 24 de febrero, en el que murieron Jesús Quirarte y su esposa. Afirma que esto refuerza la versión de que hay una “cacería” de jefes de división, agentes del Ministerio Público e integrantes de la policía investigadora.

La pareja fue acribillada en una camioneta verde olivo con placas JR-86536 por varios hombres con rifles AR-15, AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros. El personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recuperó en el lugar más de 100 casquillos, concentrados en dos áreas.

El ataque fue en el cruce de Juan Palomar y Colomos, en el antiguo pueblo El Batán, municipio de Zapopan, cuando las víctimas se preparaban para llevar a uno de su hijo a la secundaria. Minutos después, algunos testigos declararon al noticiario radiofónico de Notisistema que los asesinos también dispararon contra un menor que bajó de la camioneta porque olvidó un cuaderno en su casa y gracias a ello se salvó.

Tras la agresión se desplegó un operativo policiaco, pero no tuvo éxito aunque los pistoleros debieron tener problemas para salir de la zona por los nudos de tránsito que a esas horas afectan la avenida Alcalde y Periférico, las únicas salidas. 

Unos  vecinos dicen que los homicidas viajaban al menos en tres vehículos y que el ataque fue un poco antes de la entrada a clases de la cercana escuela primaria Luis Pérez Verdía, que suspendió las clases ante estos hechos. 

Presunto contubernio

El pasado jueves 3, el gobernador Emilio González acudió con al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, al informe de la bancada local de ese partido. Ahí se quejó: 

“La mayoría priista en el Congreso no quiere aprobar las iniciativas que el Ejecutivo ha presentado porque, no soy yo quien acusa, es un exgobernador priista (Sócrates Rizzo) quien reconoce que ellos negocian con los narcos, y negociar es siempre obtener algo a cambio de algo. Y  me pregunto: ¿a cambio de qué? ¿De dinero? ¿De recursos para enriquecerse a costa de la sangre de los jaliscienses? Por eso no aprueban las iniciativas de ley, porque quizá les queda ese resabio, recuerdo, nostalgia o deseo de negociar con los narcos. Por eso me enorgullece ser panista, porque no negociamos con narcos. A éstos, a diferencia del PRI, los queremos rehabilitar desde la cárcel, que es el lugar que les corresponde y es a donde los estamos llevando para que no hagan daño a nuestro pueblo”.

De inmediato se desató la avalancha: el alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, señaló que las declaraciones del mandatario estatal sólo abonan, desde ahora, a la guerra sucia de su campaña anticipada a la Presidencia. Arguyó que con los gobiernos del PRI el problema de la delincuencia y las adicciones no estaba “tan crecido como hoy” y que la seguridad es muy urgente como para andar perdiendo el tiempo en descalificaciones. “El político sólo piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones”, aleccionó.

El coordinador de los diputados locales del PRI, Roberto Marrufo,  dijo que las iniciativas de seguridad presentadas por el Ejecutivo estatal no se han aprobado porque tienen “inconsistencias serias” y fueron calcadas de la legislación federal; “por eso no las hemos aprobado, no porque negociemos con narcos,  como dice el gobernador”. Por si fuera poco, aclaró que las iniciativas que González Márquez toma como pretexto en sus exabruptos están pendientes desde la legislatura pasada, cuando el PAN tenía la mayoría.

“No somos complacientes ni cómplices ni bravucones con el tema de la inseguridad. Nos duelen las muertes, los huérfanos y las viudas; por eso nos indigna que el gobernador, en lugar de sumar, se dedique a dividir y por lo tanto a debilitar, cuando confronta a los poderes”, dijo Marrufo.
El caso es que, como en otros estados, funcionarios de las corporaciones locales de seguridad han sido señalados insistentemente como cómplices de narcotraficantes. 

Horas antes del asesinato de Jesús Quirarte, la noche del 23 de febrero, en la colonia Las Águilas, fue objeto de un atentado Jesús Adriano Gómez Govea, agente del Ministerio Público asignado al área de Secuestros y Extorsiones. Al repeler la agresión, hirió de gravedad a un pistolero que murió cuando era atendido en un puesto de socorro médico. Se informó que el sicario tenía 23 años.

En un narcovideo difundido en internet por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Gómez Govea fue acusado de proteger al cártel de La Resistencia. Las autoridades estatales rechazaron esta versión y minimizaron las amenazas contra él.

El especialista Jiménez Reynoso agrega que la captura de Víctor Manuel Torres García o Edgar Mauricio Barrera Corrales, presunto líder de La Resistencia y también conocido como El Papirrín, puede acarrear reacciones violentas de su banda, que cuenta con el apoyo del cártel del Milenio, el del Golfo y La Familia Michoacana.

Desde hace dos años El Papirrín y su lugarteniente El Molca tuvieron presencia en los medios de comunicación porque se les señaló en las narcomantas colocadas antes del 10 de febrero en la zona metropolitana por el CJNG. Esta organización los relacionó con varias ejecuciones, presuntamente cometidas con la protección de funcionarios de la PGJ. 

Los dos cabecillas cobraron notoriedad con el secuestro de un vecino de Autlán, conocido del exjefe de Homicidios Carlos Alberto Rayas, quien a su vez fracasó en esclarecer el caso. Cuando el mando policiaco fue asesinado, El Papirrín y El Molca fueron mencionados en las indagaciones y ahora se consideran piezas claves para aclarar la ejecución de Jesús Quirarte.

Al Papirrín se le cita como líder del tianguis de autos ubicado sobre la calle Francisco Huízar, en el oriente de Guadalajara, donde se vendían unidades robadas y remarcadas. Ahí son frecuentes los hechos de violencia. El 2 de julio de 2010 fue asesinado ahí El Patrón, un vendedor de carros originario de Sinaloa.

Ahora se ha difundido que El Papirrín amenazó a personal del Ejército y de la PGR. En junio de 2010 apareció una hielera en las inmediaciones de Cuartel Colorado, en Guadalajara; contenía una cabeza de cerdo con un mensaje: “Ya sé que andan aquí (…) de Inteligencia Militar, si no sueltan a mis muchachos que tienen en el edificio de la PGR, se los va a empezar a llevar (…). Atentamente El Papirrín, El Molca,  Fusky y Pilo”.

El 11 de enero pasado tres integrantes del mismo cártel asesinaron a balazos a dos niñas en la colonia El Fresno, cuando cazaban a un narcomenudista de la zona. Posteriormente los presuntos responsables aparecieron muertos en Tonalá con un mensaje: “Nosotros no matamos inocentes”. El día 15 del mismo mes La Resistencia intentó asesinar al director de la policía de Chapala. 

A La Resistencia se atribuyeron también los narcobloqueos del 16 de enero y e1 1 de febrero, cuando se registraron además balaceras y detonaciones de granadas de fragmentación en la zona metropolitana. El columnista de la fuente policiaca Jaime Ramírez Yáñez dio a conocer en el diario Público, el miércoles 2, que la detención de El Papirrín dejará al descubierto la protección a La Resistencia por los cuerpos de seguridad pública municipal y su presunta responsabilidad en la muerte de Quirarte Ruvalcaba y de su esposa.  l